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Ya estaba cantado. La Procuraduría General de la Nación había destapado sus cartas en contra del candidato del partido Conservador, Antonio Quinto Guerra Varela, quien resultó elegido como alcalde de Cartagena este domingo, con 72.111 votos. Ahora es el mismo Ministerio Público el que le pidió al Consejo de Estado declarar la nulidad de la elección, pues insiste en que el candidato está inhabilitado para asumir el cargo.
La petición, en caso de que haya una decisión en contra del recién electo alcalde por parte de lo contencioso administrativo, dejaría a Cartagena en la situación que está actualmente: una interinidad en la que el Gobierno Nacional ha tenido que designar alcalde. Por supuesto, la inestabilidad institucional en Cartagena ha minado la confianza de los ciudadanos en las administraciones pasajeras y empieza a generar efectos negativos en varios sectores económicos, como el comercial y el de la construcción.
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De hecho, ese puede ser uno de los motivos por las que en las elecciones atípicas de este domingo se registró la más alta abstención en la historia reciente de le Heroica. De 749.593 ciudadanos que estaban habilitados para votar, votaron 169.835, es decir, hubo cerca de un 80 % de abstención. En cifras más específicas, según explicó la Misión de Observación Electoral (MOE) en Cartagena, por Antonio Quinto Guerra solo votó el 9,6 % del total del censo electoral en esa ciudad.
La Procuraduría, que envió un concepto en ese sentido ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de que tomara la decisión de dejar en firme la candidatura de Quinto Guerra y no revocar la inscripción, se centra en la firma de un otrosí en octubre de 2017 y que, según el Ministerio Público, sí representa una inhabilidad, no solo porque la ley lo prohíbe sino porque habría puesto al candidato en una situación de ventaja frente a los demás porque el contrato se ejecutó en Cartagena. Desde otros sectores dentro del CNE se ha dicho que el otrosí sí significó una modificación del contrato, lo que supone la creación de un nuevo contrato.
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“Creo que no afectó solo mi campaña, sino al proceso como tal. Diría que la gente tuvo mucha incertidumbre. Recordemos que ya esto hizo tránsito a cosa juzgada desde el punto de vista administrativo, pero solo hasta la semana pasada fue que quedó en firme la decisión del CNE. Había cierta incertidumbre sobre si votaba por Quinto Guerra”, dijo el alcalde electo en entrevista con Blu Radio.
En ese sentido, la ciudad queda en manos del candidato que recibió el apoyo de toda la clase política tradicional, incluyendo senadores y representantes del partido Conservador, Liberal, la U, Cambio Radical o Centro Democrático, con todo lo que eso implica si se tiene en cuenta las casas políticas que están detrás de muchos de esos candidatos. Allí se puede mencionar a Juan José García, condenado por corrupción y esposo de la exsenadora Piedad García Zuccardi, quien, además, celebró la victoria de Quinto Guerra en el evento realizado en la noche del domingo en el hotel Intercontinental, en Bocagrande. También hicieron parte el parapolítico William Montes o el exsenador Javier Cáceres Leal, condenado por parapolítica.
Otro elemento que se suma a las conjeturas políticas es la falta de garantías en el control político de Cartagena. De 19 concejales que componen esa corporación en Cartagena, 12 están presos (dos en una cárcel de Sabanalarga, Atlántico, y diez con prisión domiciliaria), algunos por las relaciones que tuvieron con la construcción ilegal de edificios en la ciudad, —un entramado criminal que salió a la luz con el infortunado colapso de un edifico en el barrio Blas de Lezo, en el suroccidente de la ciudad, el 27 de abril de 2017, que acabó con la vida de 21 obreros— y la mayoría por su participación ilegal en la elección de la contralora distrital Nubia Fontalvo. Ese mismo hecho fue el que sacó al exalcalde Manuel Duque Vásquez. Es decir, las sesiones en el Concejo de Cartagena se realizan sólo con siete concejales, que son Cesar Pión, Vicente Blel Scaff, Rafael Meza, Óscar Marín, David Curi, Judith Pérez y Wilson Toncel.
A pesar de que desde muchos sectores de la Heroica se ha llamado a rodear al alcalde elegido, para evitar una nueva situación de interinidad y que pueda haber una mínima estabilidad en institucionalidad y gobernabilidad, la última palabra saldrá de la justicia, quien será la que determinará si deja en su cargo o suspende al recién electo alcalde.