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Luego de un tortuoso camino y un desgaste para la gobernabilidad del presidente Iván Duque en el Congreso, debido a las seis objeciones que le hizo a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para Paz (JEP), esta normativa, considerada por muchos como la columna vertebral del Acuerdo de Paz, y que regula administrativamente al tribunal transicional, entró en vigencia tras la firma del primer mandatario.
La sanción presidencial se da tras el estudio que hizo la Corte Constitucional sobre el debate de las objeciones en el Congreso. En síntesis, el alto tribunal determinó que, en efecto y como lo defendió la bancada "propaz", los reparos a la JEP quedaron hundidos en el Legislativo, dándole la razón a los senadores de la oposición sobre las mayorías que alcanzaron, 47 votos contra 34, para negar dichas objeciones. En la Cámara quedaron archivados con un aplastante 110 contra 44.
El pasado 10 de marzo, como muchos prevían de acuerdo al discurso de Duque en campaña presidencial, se presentaron las seis objeciones a la ley estatutaria, de una total de 159 artículos, bajo el argumento de la conveniencia. A partir de ahí, se abrió un camino que congeló la agenda legislativa, la cual estuvo enfocada en este tema que profundizó en las divisiones entre los del "Sí" y el "No" del plebliscito de octubre de 2016.
Una semana tras conocerse esta determinación del jefe de Estado, el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, elevó una consulta a la Corte Constitucional para saber si era procedente discutir dichas objeciones, pues en agosto de 2018 ese tribunal declaró exequible la ley estatutaria, tras ser aprobado a fines de 2017 por el Congreso.
(Lea: El final de las objeciones presidenciales a la JEP)
Respondiendo a la petición de Chacón, el 20 de marzo, la Corte se pronunció señalando que la ley estatutaria regresaría a segundo debate en el Legislativo. Eso sí, advirtió que con las discusiones a la JEP se reactivaba el proceso de fast track y por ende el resultado de los debates, surtidos o no, deberían de retornarse automáticamente a su providencia el día que finalizara la legislatura, es decir, el próximo 20 de junio. Esto con el propósito de revisar de nuevo el proyecto y tomar una determinación.
Además de los resultados en Cámara y Senado, estas objeciones también fueron objeto de polémica debido al intento de intercesión que ejerció el embajador de EE. UU. en Bogotá, Kevin Whitaker, sobre los congresistas encargados de estudiar los reparos y rendir ponencia. Algunos de ellos, calificaron este acto como una entromisión a la política interna del país.
Lea: Objeciones a la ley estatutaria de la JEP: una vuelta sin rumbo en 80 días.
Pese a los 80 días en que el país estuvo enfocado en el tema de las objeciones a la JEP, dejando sin efecto proyectos como la reforma política y a la justicia, el presidente Duque defendió que estos reparos no significaron ningún desgaste para su gobernabilidad y afirmó que, si fuera el caso, los volvería a presentar porque se trata de un tema de "principios".
A los principios a los que se refiere, motivos de peso por los que objetó la ley, está su postura frente al caso de "Jesús Santrich", pedido en extradición por EE. UU. por supuestamente participar de un plan para exportar 10 toneladas de coca a ese país. Él desde que se posesionó como presidente manifestó estar dispuesto en firmar la petición de extradición. Por los recientes hechos, en los que la JEP cobijó al exguerrillero con la garantía de no extradición, se le ratificó la calidad de aforado y se ordenó su liberación por parte de la Corte Suprema de Justicia, el jefe de Estado hizo un llamado para lograr un consenso nacional para reformar algunos puntos del Acuerdo de Paz, de los que considera hay algunos vacíos.
(Así empezó la discusión por la sanción de la JEP)
Tras la firma a la ley estatutaria, el próximo lunes, durante el Consejo de Ministros, el presidente pondrá sobre la mesa, ante sus altos funcionarios, los caminos para reformar la JEP. Igualmente, también se reactivará el contacto con los partidos políticos para acordar cuáles modificaciones se apoyarán. La que más suena ahora es la ley interpretativa sobre los casos de terceros que ofrezcan verdad, en el marco del conflicto, al tribunal transicional.
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