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Un nuevo expediente contra el presidente Gustavo Petro fue remitido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Este nuevo proceso llega a esa célula y denuncia el no cumplimiento de una solicitud de rectificación al jefe de Estado tras declaraciones realizadas por el mandatario nacional en su red social X.
Según detalla el documento conocido por El Espectador, la demandante es Marta Lucía Ramírez y “presentó incidente de desacato, señalando que el Señor Presidente de la Republica Gustavo Francisco Petro Urrego, accionado, no había dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del 22 de octubre de 2026″.
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La decisión llega al Congreso luego de que un juzgado de Bogotá determinara que Petro no cumplió con una solicitud de rectificación que fue favorable tanto en primera como en segunda instancia contra la exvicepresidenta. El caso señala que el jefe de Estado atentó contra el buen nombre de Ramírez, pero que en su publicación de rectificación no se cumple con los lineamientos ordenados en el fallo adverso al mandatario.
Vea aquí el documento completo
“En atención a lo señalado en la publicación, el despacho, en auto del 03 de marzo de 2026, indicó que con la citada publicación el Señor Presidente de la Republica Gustavo Francisco Petro Urrego no cumplió con los lineamientos señalados en la sentencia del 22 de octubre de 2025, razón por la cual, se declaró no cumplida la sentencia”, cita el documento.
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Eso sí, en el mismo se detalla que “debido a que no se acreditó el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia por parte del accionado, teniendo en cuenta que éste goza de fuero constitucional, por tratarse de uno de los funcionarios señalados en los artículos 174 y 178 de la Constitución Política de Colombia, es claro que la competencia para la eventual imposición de sanciones derivadas de una posible incursión en desacato por parte del Señor Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego, recae en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso de la República”.
“El despacho se abstendrá de la imponer sanciones en contra del accionado, debido que esta judicatura carece de competencia para adelantar el trámite sancionatorio derivado del fuero constitucional que le asiste al Señor Gustavo Francisco Petro Urrego por la calidad que ostenta como Presidente de la República”, remarca el documento.
La Comisión ya tiene en su poder esta solicitud que, según pudo constatar este diario, se sumaría a los más de 260 procesos que reposan en esa célula, pero a los que aún, en su mayoría, no se les ha emitido fallo alguno. Es más, procesos como el de violación de topes electorales en la campaña del 2022, y por el que ya fue sancionado Ricardo Roa en calidad de gerente de campaña por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), sigue estancado. Ese expediente es encabezado por el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, la presidenta de la Comisión Gloria Arizabaleta -también de esa bancada-, y Wilmer Carrillo, de La U.
El origen del caso
Esta disputa con Ramírez se originó luego de que Petro asegurara en agosto del 2025 que atacaría “a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”, refiriéndose a Ramírez. El origen de la frase fue en respuesta a una entrevista de la exvicepresidenta con La FM y en la que cuestionó al mandatario nacional.
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Sin embargo, su rectificación, publicada el 26 de febrero, no cumplió con los lineamientos legales, según señala la defensa de Ramírez y allí agregó, además, que “la vieja política y sus élites quieren silenciar el escrutinio, pero, aun así, seguiremos exigiendo cuentas a quienes ejercieron el poder”. Petro, además, se quiso sustentar en artículos para señalar presuntos vínculos de la exvicepresidenta con la criminalidad.
Es más, en el mismo cita un artículo en el que se habla de una posible responsabilidad de Ramírez en la Operación Orión del 2002 en Medellín, cuando Ramírez era Ministra de Defensa. Y aunque Ramírez pidió el cumplimiento de ese ordenamiento judicial “vencido el término concedido, se observa que el accionado no acreditó el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia”.
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