La decisión de la administración del presidente Donald Trump en torno a descertificar a Colombia en su lucha contra el narcotráfico por primera vez en 28 años representó un remezón inmediato al ajedrez político en el país y de paso impactó de lleno en el proceso electoral que se definirá en las urnas en 2026. Esto lo están aprovechado tanto el oficialismo que rodea al presidente Gustavo Petro como los sectores de oposición.
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La medida, calificada en la Casa de Nariño como una decisión política alejada de lo técnico, derivó en anuncios como la suspensión de compra de armamento por parte de Colombia a Washington, el principal socio estratégico y comercial. De hecho, es un movimiento similar al que ya se hizo con Israel y que, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sería un paso “meramente procedimental”.
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Pero de fondo, y con la mira puesta en la reelección de la izquierda, se trazó una hoja de ruta con la respuesta política, la cual incluye una estrategia en la que se mantendrá la postura de “defensa de la soberanía nacional” y que el presidente Petro resumió así: “No voy a arrodillar a la nación”.
Para el jefe de Estado, su gabinete y la coalición en el Congreso, la decisión de la Casa Blanca es una muestra de que Estados Unidos quiere meterse “en la política interna de Colombia”, mensaje que están amplificando el clave electoral sus aliados y precandidatos, como la senadora María José Pizarro. Además, está el factor Venezuela, que se reavivó en las últimas dos semanas por el respaldo tácito de la actual administración al régimen Nicolás Maduro al no reconocer la existencia del Cartel de los soles.
Todo estotambién se ha desarrollado en paralelo a los encuentros “estratégicos” que durante las últimas 24 horas se han realizado en torno a la seguridad nacional. En efecto, el jefe de Estado sostuvo este martes, un día después de la descertificación, un encuentro con los ministros Benedetti y de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, en el que se evaluaron los posibles impactos de la medida, así como las alternativas que se adoptarán para la lucha antinarcóticos. Y es ahí que se incluyen escenarios sobre nuevos mercados o líneas de producción de armamento para no depender en esta materia de Estados Unidos.
La reunión, sin embargo, no incluyó a la canciller Rosa Villavicencio, quien no ha tenido protagonismo alrededor de estos procesos, lo cual quedó en evidencia con la vocería de Benedetti y Sánchez, al igual que con los pasos del embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña. Este último ha sido clave desde Washington para tejer los puentes entre Casa de Nariño y Oficina Oval, así como con el sector pro-Colombia del Congreso estadounidense que lideran los representantes Mario Díaz-Balart (Republicano) y Henry Cuellar (Demócrata).
Y si bien Villavicencio ha mantenido como parte de sus funciones la apertura de canales de comunicación con la embajada de Estados Unidos en Colombia, liderada por el encargado de Negocios, John McNamara, la cita entre los dos programada para este martes quedó aplazada, según fuentes del Palacio de San Carlos, por la agenda de la canciller. El encuentro, en todo caso, se realizaría antes de este viernes.
No obstante, eso no afecta que se potencien mensajes en torno mantener las acciones de sustitución de cultivos de uso ilícito y la potenciación de la interdicción. Según le dijo a El Espectador el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, “esta decisión no va a tener consecuencias económicas, tampoco en la administración de justicia y mucho menos en la lucha contra el narcotráfico, porque Colombia seguirá comprometida muy a fondo en la lucha contra el crimen organizado y el cultivo de drogas ilícitas”.
Al respecto, el ministro Benedetti también dejó claro que “los resultados han sido impresionantes”, citando las incautaciones en más de 1.200 toneladas de cocaína, destrucción de laboratorios y otras cifras logradas por la Policía y el Ejército. Ahora bien, el funcionario resaltó que “si hay una descertificación en la que no hay sanciones económicas, en la que no dejan de mandar la ayuda económica y no deja de haber cooperación, esa descertificación es netamente política porque es un gobierno de izquierda y se trata del presidente Gustavo Petro”. Y eso es lo que más se remarcará en la esfera pública mientras se calienta el debate electoral.
La ecuación con Venezuela
La continuidad de la estrategia del Gobierno también implica una continuidad al discurso frente al régimen de Caracas, uno de los puntos que también ha sido evaluado en la Casa Blanca y por los que se han generado dudas en torno cómo el presidente Petro reactivó los diálogos con Maduro, aunque dice no reconocer el resultado de la última elección que se realizó en el país vecino.
Y es que este punto fue implícitamente explicado en el comunicado del Departamento de Estado del pasado lunes, señalando que “bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, mientras que el gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra el narcoterrorismo”.
Tanto en Washington como en Bogotá han señalado que los acercamientos a través de la zona binacional entre Colombia y Venezuela, además de la negativa al reconocimiento del Cartel de los Soles, derivan en un apoyo al régimen de Maduro, a quien desde la administración Trump catalogan como la principal ficha de esa organización criminal; se ofrece una recompensa de hasta USD$ 50 millones por su captura.
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Además, los fallidos procesos de paz con grupos criminales, varios de ellos también reconocidos como organizaciones terroristas en el exterior, y una ruptura entre el Gobierno Nacional y varios mandatarios regionales, han derivado en una crítica constante a las labores de la Casa de Nariño y una reciente exaltación a lo realizado por sectores opositores, como se constató en el comunicado de la Oficina Oval.
“Las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia siguen demostrando habilidad y valentía al enfrentarse a grupos terroristas y criminales y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles de gobierno”, manifestó Estados Unidos, en un punto que surgió luego de la gira realizada por los alcaldes Federico Gutiérrez (Medellín) y Alejandro Eder (Cali) a Washington, previo al anuncio de este 15 de septiembre.
Aun así, en la Casa de Nariño sí se mantiene en firme la postura contra los señalados “apátridas” que a lo largo de este año han visitado Estados Unidos con la intención de hablar de cooperación binacional. Este bloque, cuestionado por el presidente Petro, también incluye a miembros del Congreso.
Lo que sigue, en todo caso, es una postura más fuerte en mensajes públicos, tanto en concentraciones como en redes oficiales, de cómo la descertificación tras casi tres décadas obedece a la animadversión de Trump con Petro, lo cual busca tener un efecto en las elecciones de Congreso y Presidencia del próximo año. La oposición está en el mismo camino.
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