Presidente sanciona Ley Ana Cecilia Niño, que prohíbe el uso del asbesto en el país

El Gobierno tendrá un plazo de cinco años para formular una política de sustitución del asbesto que ya ha sido instalado en el país. / Getty Images

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, sancionó este jueves la conocida Ley Ana Cecilia Niño, que establece que desde el primer de enero de 2021 quedará prohibida la explotación, producción, comercialización, distribución, importación o exportación de “cualquier variedad de asbesto o de los productos con él elaborados en el territorio nacional”.

Esta norma, que fue varias veces hundida en el Congreso de la República, pero que, finalmente, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes el pasado 11 de junio, también le da un plazo al Gobierno Nacional de cinco años, a partir de la fecha de promulgación, para que se cree una política para la sustitución del asbesto que ya ha sido instalado en el país.

Al mismo tiempo, desde este jueves, queda prohibido el otorgamiento de concesiones, licencias, permisos o prórrogas a empresas para la explotación y exploración de asbesto e todo el territorio colombiano y determina sanciones para personas naturales o jurídicas que continúen con cualquier actividad relacionada con este y sus derivados.

Con la Ley Ana Cecilia Niño también se abre paso a la creación de la Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto, que la integrarán delegados de los ministerios de Ambiente, Salud, Comercio, Minas y Trabajo, por Colciencias, un veedor ciudadano y un representante de las universidades del país. La comisión esta encargada de vigilar la sustitución del material que ya ha sido utilizado e instalado.

“Celebramos que el presidente haya sancionado la ley Ana Cecilia Niño, con la cual se salvarán miles de vidas. Colombia entró por fin a hacer parte de las decenas de países que hacen realidad el sueño de un territorio libre de esta peligrosa fibra, hoy triunfó la salud”, señaló la senadora Nadia Blel, autora de la ley.

La norma también obliga a que el Gobierno cree opciones, a través de un plan de adaptación, para que los trabajadores de esta industria cuenten con alternativas laborales, una protección especial a quienes laboran en la mina ubicada en Campamento, Antioquia, y le da al Estado un plazo máximo de seis meses para que reglamente una ruta de atención integral para personas expuestas a este material, que deberá entregar información y orientación sobre derechos, medidas, recursos y atención en salud.