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En el Congreso comenzó a rodar una propuesta para que tanto militares como policías en servicio activo puedan cambiar. Busca darle vuelta atrás a una ley que, en 2030, cumpliría 100 años al modificar el artículo 219 de la Constitución Política de 1991. Los tiempos son ajustados.
El proyecto de acto legislativo fue radicado por los representantes José Jaime Uscátegui (Centro Democrático) y José Cortés (Liga Anticorrupción). Además, contó con el respaldo de los senadores Germán Blanco (Conservador), José Vicente Carreño (Centro Democrático) y los representantes Jorge Eliécer Tamayo (La U) y Juan Daniel Peñuela (Conservador).
Pese a ese apoyo inicial, la iniciativa tiene el tiempo en contra. Al ser un acto legislativo para modificar la Constitución necesita de ocho debates (dos en Cámara -donde fue radicado-, dos en Senado y una nueva vuelta en ambas corporaciones). Y los primeros cuatro deben de darse antes de que acabe la actual legislatura, en diciembre próximo.
Además de que solo cuenta con menos de tres meses para que se den esas discusiones, la atención del Legislativo está enfocada en otros temas, como la reforma a la salud y el presupuesto de 2026. A lo que se suma la campaña electoral en ciernes, que afectaría, como ha pasado en ocasiones pasadas, los ritmos de las discusiones, dado que, cada vez más, los congresistas se enfocarán en esta más que de las discusiones en el Capitolio.
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Como se dijo, el acto legislativo busca modificar el artículo 219 de la carta magna, que indica que “los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.
Es de aclarar que no es la primera vez que se radica un proyecto así. Desde que se implementó, en repetidas ocasiones se ha buscado cambiar. La prohibición de que los militares y policías en servicio activo participen en política -incluyendo en votación, como busca cambiar el proyecto de acto legislativo- se decidió con la intención de que las armas no influyan en los debates electorales.
De hecho, durante casi cuatro décadas -desde la Constitución de 1991- y en aras del mismo propósito, existió una tradición de que el Ministerio de Defensa estuviera encabezado por un militar. No fue sino hasta el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda en Colombia, que esto cambió con el nombramiento del general (r) Pedro Sánchez como ministro.
🚨Anunciamos la radicación de un proyecto histórico: queremos devolverles el derecho al voto a más de 450.000 militares y policías en servicio activo.
— Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) September 24, 2025
Nuestros héroes de la patria no son ciudadanos de segunda categoría. Si pagan impuestos y defienden la democracia todos los… pic.twitter.com/VomXpYXidC
Uscátegui y Cortés argumentaron que, al hacer ese cambio, 450.000 integrantes de la Fuerza Pública (poco más del 1% del censo electoral) podrán participar en los comicios como votantes. El proyecto, además, da un plazo de un año a la Registraduría y al Gobierno Nacional para, en caso de aprobarse, aplicar los cambios necesarios y garantizar que puedan votar. Con esto, la medida no aplicaría para las elecciones de 2026, sino que empezaría a regir a partir de las presidenciales de 2030.
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“Es una reforma constitucional al artículo 219 de nuestra constitución y confiamos en que sea aprobado en las comisiones primeras de Senado y Cámara. Y que se le de un año a la Registraduría y al Gobierno para reglamentar esta materia, es decir que no aplicaría para las elecciones del año entrante”, dijo Uscátegui.
Y agregó: “No puede haber ciudadanos de primera y de segunda categoría. Necesitamos reconocerle a los militares y policías su ciudadanía plena y eso implica que tengan derecho a votar o si insisten en que no voten, pues que tampoco paguen impuestos, porque es injusto que deban pagarlos y no tengan los derechos de los demás ciudadanos”.
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Por su parte, Cortés aseguró que buscan “devolverles el derecho que perdieron en 1930 por la Ley 72. Que voten en silencio, que no hagan campaña política, pero tengan el derecho a sufragar”.
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