:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/hpOVRWyJgYxPE7dmEs142svV3Ns=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/U72UAD2JLJDIDBLL7ZBLKZWQJ4.png)
Aunque el proceso de vacunación contra el COVID-19 ha despertado esperanza y optimismo, lo cierto es que –aun pasado un año– la pandemia persiste y sigue siendo un drama que no da tregua. Solo hasta hoy, la cifra de muertos en Colombia asciende a 60.676: el equivalente a casi dos estadios El Campín a reventar. Si bien la crisis ha tocado sin distinción cada aspecto y sector de la sociedad, hay uno que ha sentido con mayor fuerza sus coletazos: el personal de la salud y quienes están alrededor de ellos.
Lea también: Acceso, equidad, logística, aceptabilidad y vacunas
Por ello, insistiendo que están en la primera línea de atención contra el coronavirus, en el Congreso fue radicado un proyecto de ley para indemnizar con montos de $45 millones a los familiares del personal de la salud que haya perdido la vida por cuenta del COVID-19. La iniciativa abarca además a parientes tanto del personal de servicios (limpieza o cocina) como de orden administrativo.
Un vistazo a las cifras permite dimensionar la situación. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), el personal de salud aporta 43.399 casos de COVID-19 a los 2,2 millones que suma el país. Sin embargo, del total de fallecidos, 216 hacían parte de este sector. Al desglosar los números llama la atención que 71 eran médicos y 38 auxiliares de enfermería, pero también había personal administrativo (12), conductores (6) o técnicos en farmacia (5).
La iniciativa –de autoría del senador Edgar Díaz Contreras (Cambio Radical)–, comprende al personal de la salud como médicos residentes, médicos internos, odontólogos, radiólogos, enfermeros, auxiliares de salud, camilleros, personal de ambulancias, bioquímicos, técnicos y auxiliares de los laboratorios donde se realizan análisis farmacéuticos. Frente al personal del área de servicios se incluyen a aquellos dedicados a limpieza, lavandería o cocina. Finalmente, figura el personal administrativo afectado en su lugar de trabajo y que hayan fallecido por causas relacionadas al COVID-19.
También le puede interesar: Así va la carrera de la vacunación en Colombia
No obstante, hay un parágrafo que advierte que este listado es “meramente enunciativo”, pues el presidente de la Republica o el Ministerio de Salud “podrán determinar y certificar otras áreas que también están afectadas en el ejercicio de su labor en el tratamiento de pacientes con coronavirus”.
A la hora de definir quiénes serían los familiares beneficiados con las indemnizaciones, que ascienden concretamente a $45′236.00, se precisa que serían padres, hijos o cónyuges de la víctima.
“El COVID-19 ha expuesto a los trabajadores de la salud y a sus familias a niveles de riesgo sin precedentes. Aunque los trabajadores de la salud representan menos del 3% de la población en la gran mayoría de los países y menos del 2% en casi todos los países de ingresos bajos y medios, alrededor del 14 % de los casos de COVID-19 notificados a la OMS corresponden a trabajadores de la salud”, sostuvo el senador Díaz.
El parlamentario también llamó la atención por “los niveles extraordinarios de estrés psicológico sobre los trabajadores de la salud expuestos a entornos de gran demanda durante largas horas y el temor constante de estar expuestos a la enfermedad mientras están separados de sus familias y se enfrenta a la estigmatización social”.
Citando cifras de la Asociación Médica Sindical (Asmedas), en la iniciativa se advierte que los infectados en el sector de la salud por equivaldrían al 6,1 % de total de los 780.000 trabajadores de la salud que se calcula hay en el país. “Una de cada tres infecciones fue diagnosticada en auxiliares de enfermería, seguido por los casos de contagio en médicos, personal administrativo y profesionales de enfermería, En total, dos de cada tres infecciones por coronavirus que se presenta en el personal de la salud, son asociadas a la prestación de servicios”.
Lea también: “El Estado no siempre va a estar vacunando, en algún momento el privado lo hará”: senador Miguel Ángel Barreto
Por su parte, Arturo Díaz, médico anestesiólogo y miembro de la Fundación Humanizando las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), alertó que la primera línea que atiende el COVID-19 es “carne de cañón devastada, completamente herida en guerra, de una guerra molecular que no vemos porque a nadie le importa”. En materia de protección, pero siguiendo esa línea, la presidenta de la Organización Colegial de Enfermería, Cecilia Vargas, afirmó que, para prevenir el contagio, es necesario que se cumplan las normas para protegerlos.
“Las formas de contratación irregular y tercerización les desfavorece en cuanto a dotación de elementos de protección e incluso remuneración justa para que de manera individual puedan adquirirlos. Aunque estos vacíos siempre han existido, se han agudizado en la pandemia con las consecuencias que vemos”, argumentó.
En la iniciativa también se citan los llamados que ha elevado la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los gobiernos, en cuanto a abordar las persistentes amenazas a la salud y la seguridad de los trabajadores sanitarios y los pacientes. “Ningún país, hospital o centro de salud puede mantener a salvo a sus pacientes a menos que preserve la seguridad de sus trabajadores de la salud”, dijo el director del organismo, Tedros Adhanom.