Proponen nuevas reglas para las firmas encuestadoras
La idea es que se adopte un protocolo más riguroso para la elaboración y divulgación de encuestas con fines políticos y electorales, en aras de la transparencia y la precisión. Entre los requisitos estaría que la empresa esté constituida al menos tres años antes de inscribirse en el CNE y datos sobre quién encargó la encuesta, entre otros.
Según el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, actualmente no existen reglas claras que apliquen a las firmas encuestadoras y a las encuestas que publican con fines políticos y electorales. Lo confirma el senador Armando Benedetti, del Partido de la U, quien reconoce que hay un total vacío legal en ese aspecto, que pone en riesgo las percepciones de la opinión pública, sobre todo en épocas electorales. Por ello, los dos congresistas radicaron cada uno un proyecto al respecto para establecer requisitos mínimos que regulen con más fuerza las compañías que realizan las encuestas y, por ende, la información que en ellas se difunde.
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La idea de ambos congresistas es fusionar los proyectos de ley para que el trámite sea uno y acoja las consideraciones que garanticen una información “precisa” y “transparente”, de manera que “no manipule a la opinión pública”, comunicaron Benedetti y Lara en conjunto con otros 14 senadores y 20 representantes a la Cámara.
“Buscamos garantizar la calidad, la confiabilidad y la transparencia de los instrumentos de medición de votos de los colombianos. De esa forma evitar que sean manipulados tanto los electores como los medios de comunicación que las divulgan”, manifestó el senador Lara. A su vez, Benedetti complementó que con la propuesta se evitarían los atropellos que se cometen en las regiones con la difusión de encuestas poco confiables.
“Se pretende mejorar calidad y sobre todo confiabilidad de las encuestadoras. Uno podría afirmar que estás se han equivocado muchísimo en las elecciones. En territorios encuentra que hay firmas que se crean cinco meses antes de las elecciones para distorsionar y dar cantidad de datos sin ninguna revisión técnica y menos científica de lo que se está haciendo”, comentó el senador de la U, reiterando el poder político que tienen estas mediciones y que, por cuenta de firmas inescrupulosas, afecta el curso de los comicios.
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Son varias las cosas que cambiaría esta iniciativa, de ser exitosa. Los parlamentarios proponen que la norma aplique para encuestas relacionadas con cargos de elecciones a nivel nacional, como lo son las presidenciables y al Congreso, y las de carácter territorial, que son los comicios para escoger gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Así mismo, los congresistas buscan que se fortalezca el Registro Nacional de Encuestadores.
Según se lee en el proyecto de ley del senador Benedetti, la propuesta establece que las firmas encuestadoras del país se registren ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como requisito previo para que sus encuestas puedan ser publicadas en los medios de comunicación. Esas, según dice, son las únicas que se podrán difundir. Además, al momento de su registro en el CNE, deben cumplir las siguientes condiciones: las compañías que realicen encuestas deben demostrar que han sido constituidas al menos tres años antes de inscribirse en el CNE, que su actividad económica está destinada a estudios de mercado y realización de encuestas de opinión, y que cuenta con un certificado de registro único de proponentes.
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De igual forma, para verificar el recorrido de la firma encuestadora, debe contar con contratos legalmente ejecutados, por al menos 600 salarios mínimos en los últimos dos años a partir de la promulgación de la ley. “En caso de que los contratos tengan un acuerdo de confidencialidad entre las partes, se permitirá la reserva del objeto”, complementa el documento.
Por su parte, el senador Rodrigo Lara considera importante incluir en esa regulación que las encuestadoras informen de forma transparente su relación contractual con los grupos económicos que les encargan las mediciones en tiempos electorales. “Las encuestadoras viven de su relación con el mundo político”, argumentó Lara.
Por ello propone que el proyecto de ley incluya que los resultados de las encuestas se publiquen con la metodología aplicada, la fecha en la que se realizó, el área geográfica de la encuesta, el tipo de encuesta (que haya claridad en si es un sondeo, una encuesta, o una gran encuesta) y el propósito. Pero sobre todo, que se sepa qué persona jurídica realizó la medición, quién la encargó y la pagó. De esa forma, dijo, habrá más claridad sobre los intereses que pueden tejerse en torno a la información.
El proyecto contiene también que una gran encuesta tenga un margen de error de máximo del 2 % y un nivel de confianza de mínimo un 95 % y que, en época electoral, se puedan publicar y difundir encuestas y estudios electorales “hasta 24 horas antes de la votación”. Finalmente, entre las consideraciones, los congresistas ven como necesario que se cree un órgano adscrito al Consejo Nacional Electoral (CNE), que no le cueste nada al fisco, pero que tenga peso técnico. Según Lara, este debería estar conformar por tres miembros nombrados por decanos y profesores acreditados, un representante de medios nacionales, otro de medios regionales, de entidades públicas, de partidos de oposición y de los encuestadores.
Según el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, actualmente no existen reglas claras que apliquen a las firmas encuestadoras y a las encuestas que publican con fines políticos y electorales. Lo confirma el senador Armando Benedetti, del Partido de la U, quien reconoce que hay un total vacío legal en ese aspecto, que pone en riesgo las percepciones de la opinión pública, sobre todo en épocas electorales. Por ello, los dos congresistas radicaron cada uno un proyecto al respecto para establecer requisitos mínimos que regulen con más fuerza las compañías que realizan las encuestas y, por ende, la información que en ellas se difunde.
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La idea de ambos congresistas es fusionar los proyectos de ley para que el trámite sea uno y acoja las consideraciones que garanticen una información “precisa” y “transparente”, de manera que “no manipule a la opinión pública”, comunicaron Benedetti y Lara en conjunto con otros 14 senadores y 20 representantes a la Cámara.
“Buscamos garantizar la calidad, la confiabilidad y la transparencia de los instrumentos de medición de votos de los colombianos. De esa forma evitar que sean manipulados tanto los electores como los medios de comunicación que las divulgan”, manifestó el senador Lara. A su vez, Benedetti complementó que con la propuesta se evitarían los atropellos que se cometen en las regiones con la difusión de encuestas poco confiables.
“Se pretende mejorar calidad y sobre todo confiabilidad de las encuestadoras. Uno podría afirmar que estás se han equivocado muchísimo en las elecciones. En territorios encuentra que hay firmas que se crean cinco meses antes de las elecciones para distorsionar y dar cantidad de datos sin ninguna revisión técnica y menos científica de lo que se está haciendo”, comentó el senador de la U, reiterando el poder político que tienen estas mediciones y que, por cuenta de firmas inescrupulosas, afecta el curso de los comicios.
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Son varias las cosas que cambiaría esta iniciativa, de ser exitosa. Los parlamentarios proponen que la norma aplique para encuestas relacionadas con cargos de elecciones a nivel nacional, como lo son las presidenciables y al Congreso, y las de carácter territorial, que son los comicios para escoger gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Así mismo, los congresistas buscan que se fortalezca el Registro Nacional de Encuestadores.
Según se lee en el proyecto de ley del senador Benedetti, la propuesta establece que las firmas encuestadoras del país se registren ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como requisito previo para que sus encuestas puedan ser publicadas en los medios de comunicación. Esas, según dice, son las únicas que se podrán difundir. Además, al momento de su registro en el CNE, deben cumplir las siguientes condiciones: las compañías que realicen encuestas deben demostrar que han sido constituidas al menos tres años antes de inscribirse en el CNE, que su actividad económica está destinada a estudios de mercado y realización de encuestas de opinión, y que cuenta con un certificado de registro único de proponentes.
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De igual forma, para verificar el recorrido de la firma encuestadora, debe contar con contratos legalmente ejecutados, por al menos 600 salarios mínimos en los últimos dos años a partir de la promulgación de la ley. “En caso de que los contratos tengan un acuerdo de confidencialidad entre las partes, se permitirá la reserva del objeto”, complementa el documento.
Por su parte, el senador Rodrigo Lara considera importante incluir en esa regulación que las encuestadoras informen de forma transparente su relación contractual con los grupos económicos que les encargan las mediciones en tiempos electorales. “Las encuestadoras viven de su relación con el mundo político”, argumentó Lara.
Por ello propone que el proyecto de ley incluya que los resultados de las encuestas se publiquen con la metodología aplicada, la fecha en la que se realizó, el área geográfica de la encuesta, el tipo de encuesta (que haya claridad en si es un sondeo, una encuesta, o una gran encuesta) y el propósito. Pero sobre todo, que se sepa qué persona jurídica realizó la medición, quién la encargó y la pagó. De esa forma, dijo, habrá más claridad sobre los intereses que pueden tejerse en torno a la información.
El proyecto contiene también que una gran encuesta tenga un margen de error de máximo del 2 % y un nivel de confianza de mínimo un 95 % y que, en época electoral, se puedan publicar y difundir encuestas y estudios electorales “hasta 24 horas antes de la votación”. Finalmente, entre las consideraciones, los congresistas ven como necesario que se cree un órgano adscrito al Consejo Nacional Electoral (CNE), que no le cueste nada al fisco, pero que tenga peso técnico. Según Lara, este debería estar conformar por tres miembros nombrados por decanos y profesores acreditados, un representante de medios nacionales, otro de medios regionales, de entidades públicas, de partidos de oposición y de los encuestadores.