:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/W2cg5dtTLpfNj4nRCu09TDd2kyU=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/4PGQUGIU55GYJP72FIHLJM76GA.png)
Desde hace dos años, Bogotá comenzó a regular la velocidad de sus principales corredores viales y les puso como límite los 50 km/h. Dicha acción buscaba reducir a cero las muertas por accidentes de tránsito, pues, según el gobierno distrital, a mayor velocidad se presenta mayor riesgo de accidentalidad y mortalidad. Un proyecto que fue radicado hace unos días en el Congreso busca que este tipo de medidas se hagan extensivas a todo el país.
El proyecto que es liderado por el representante liberal Rodrigo Rojas y el senador Roy Barreras tiene como intención “garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud de los individuos en el sistema de tránsito y transporte terrestre mediante la seguridad vial bajo el enfoque de sistema seguro”. Esto, en otras palabras, se traduce en establecer nuevas disposiciones para hacer las vías del país más seguras.
Entre los puntos más importantes de este proyecto está la reducción de límites de velocidad en todo el país. Según el articulado, en los municipios y ciudades los automóviles y motocicletas no deben superar los 50 km/h y este límite será de 40 km/h para los vehículos de carga y de servicio escolar. De forma similar, en las vías nacionales y departamentales los límites serían de 90 km/h para vehículos normales y 60 km/h para aquellos de transporte escolar y de carga.
La iniciativa también busca que en el país se instaure un sistema de puntos en la licencia de conducción como ocurre en otros países, en el que cada infracción baja cierta cantidad de puntos y al quedarse sin ellos se suspende el pase por 6 meses. En el caso de esta propuesta, se establecerían 24 puntos que serían reducidos por las infracciones, cuyas penas irían desde 3 a 20 puntos. Estos solo se podrán recuperar a través de cursos y/o no registrar nuevas infracciones durante un año.
Un punto que puede llegar a ser controversial en el proyecto radicado es el de la responsabilidad de las multas, pues en este se busca instaurar que el titular de la tarjeta de propiedad del vehículo sea responsable de las multas, a menos que pruebe que este le fue robado o que era manejado por alguien más, al que tendría que identificar.
El artículo choca con la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el artículo de las fotomultas que establecía que el dueño del automóvil era el deudor solidario, pues este tipo de leyes “omite de la defensa lo relativo a la imputabilidad y la culpabilidad, al hacer directamente responsable al propietario del vehículo, por el solo hecho de ser el titular del mismo”.
La iniciativa liberal también propone crear registros nacionales donde se establezca los tramos donde han ocurrido accidentes y, asimismo, los automotores que estuvieron involucrados en un siniestro de tránsito con resultado de muerte o lesión. En este último listado se debe incluir marca, modelo y tipo de vehículo siniestrado.
Entre otras medidas, el proyecto busca que en el país se adopte como obligatoria la reglamentación de vehículos de la Naciones Unidas, que viene del foro WP.29. Bajo este principio se tendrían que adoptar “las normas relacionados con: protección en caso de colisión frontal; Protección en caso de colisión lateral; Protección en caso de colisión lateral contra un poste; Protección en caso de colisión trasera; Protección de peatones; Control Electrónico de Estabilidad; Sistema de antibloqueo de frenos (ABS); Anclajes de cinturones de seguridad y anclajes ISOFIX; Cinturones de seguridad; Asientos y sus anclajes; Apoyacabezas; Emisiones contaminantes de los vehículos; Emisiones de CO2 y consumo de combustible”.
La reforma también pasa por cambiar el enfoque de diseño para que se “disuadan comportamientos de usuarios que puedan poner en riesgo su vida, su integridad personal y su salud o la de terceros”. Esto lleva incluso a reducir las posibles rectas para que los conductores no puedan alcanzar altas velocidades y “adaptar las especificaciones de maniobra de emergencia, giro y sobrepaso para promover disminuciones de velocidades de mínimo 15%”.
El proyecto también contempla una licencia de conducción digital que hará las veces del documento físico, aunque este no desaparecerá. En un punto similar, se establece que los que pidan el pase por primera vez serán incluidos en una categoría de conductores novel, lo que implica que tendrá un tiempo de prueba de dos años para recibir la licencia final. Además, este solo podrá conducir automóviles, deberá llevar siempre una señalización de su condición de “novel”, tendrá que pagar una póliza especial que cubra al menos 46 salarios mínimos y tendrá un límite de velocidad diferenciado al resto de conductores