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La modificación a la Constitución Política de Colombia que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección está a punto de hundirse en el Congreso. Esto, pese a que fue una de las primeras apuestas que el Gobierno Petro radicó ante el legislativo, en agosto de 2022.
Como es un proyecto de acto legislativo (reforma constitucional) necesita superar ocho debates en el Congreso: cuatro en el Senado y cuatro en la Cámara. Faltando tres semanas para que finalice la actual legislatura (el próximo 20 de junio), el proyecto ya superó seis y le quedan dos: uno en la Comisión Primera de la Cámara y el otro en la plenaria de esa misma corporación.
La alerta que envía ahora el movimiento campesino es que el proyecto no ha sido agendado para su séptimo debate y tampoco han sido asignados los ponentes correspondientes para esa cita. “Los derechos campesinos están en cuidados intensivos; la Comisión Primera de la Cámara de Representantes no tiene voluntad política para avanzar en el acto legislativo campesino”, se lee en un pronunciamiento emitido por la Agenda Nacional Campesina, que ha sido clave en las discusiones de dicho proyecto.
Como están las cosas, quedan tres semanas para realizar los dos debates faltantes y la conciliación entre lo que aprobó Senado y lo que apruebe la Cámara.
Los reclamos recaen sobre el presidente de dicha comisión en la Cámara, el conservador Juan Carlos Wills. “Usted nos prometió en su oficina nombrar ponentes y agendar a tiempo para el séptimo debate el proyecto de acto legislativo”, le reclamó la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro (ACIT) a través de Twitter.
El proyecto lo que plantea es modificar el artículo 64 de la Constitución para que diga expresamente que el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección. Pero además, en principio planteaba integrar al bloque de constitucionalidad la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, la cual Colombia se había abstenido de respaldar en la Asamblea General de ese organismo en diciembre de 2018.
Darío Fajardo, estudioso del tema agrario en Colombia y quien hasta dos semanas fue el viceministro de Desarrollo Rural, había dicho sobre este proyecto: “Colombia tiene una deuda histórica con sus campesinas y campesinos; son quienes nos han alimentado, quienes han preservado nuestro patrimonio ambiental, quienes ayudan a soportar este país. La reforma debe ser consonante con el reconocimiento mundial que se hace a las y los campesinos, no podemos quedarnos sin pagar esta deuda histórica”.