¿Qué encontró la Comisión de Paz del Congreso en Miravalle, Caquetá?

El senador Roy Barreras (centro) es copresidente de la Comisión de Paz del Congreso. / Cortesía

Con el objetivo de verificar la implementación del acuerdo de paz en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicado en Miravalle, Caquetá, miembros de la Comisión de Paz del Congreso de la República viajaron ayer lunes hasta el lugar, en lo que fue el primer movimiento de esa célula de la nueva corporación.

Uno de los asuntos a revisar, entre otros, era la situación que se vivía en la zona luego de que se conociera que Iván Márquez, líder de la exguerilla, hubiese dejado el lugar y hoy su paradero sea desconocido, como ha sucedido con otros miembros de la antigua guerrilla.

De hecho, sobre ese tema se conoció la comunicación que hizo llegar Fabián Ramírez, miembro de la FARC y de cuyo paradero no se tenía mayor información, en la que señalaba que se encontraba recorriendo los municipios de Florencia, Paujil, Cartagena del Chairá, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, en Caquetá, explicando la necesidad de apoyar el proceso de paz.

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“He conocido por diversos medios de comunicación, noticias nada ajustadas a la realidad actual de varios exguerrilleros de la FARC, donde se pone en duda el compromiso que asumimos de construir una paz Estable y Duradera, dichas noticias han estado acompañadas de unos señalamientos sobre el supuesto  abandono de los esquemas de protección asignados por la UNP e incumplimientos a lo acordado en el proceso de paz, que para nadie es un secreto, le ha dado oportunidad al país de replantearse social y económicamente, si existiere voluntad de sus gobernantes”, dijo Ramírez.

Saldada la duda sobre uno de los miembros sobre los que no se tenía conocimiento, la Comisión de Paz, en un comunicado, señalaron que fueron informados sobre operaciones militares y amenazas jurídicas “que causaron la salida de la zona de dirigentes como Iván Márquez”. Sobre este punto, anotaron que por parte de las Fuerzas Militares sí hubo operativos, pero no fueron ofensivos.

La sugerencia, en general, es que “el Estado y el Gobierno deben ofrecer toda las seguridad jurídica y política para quienes le están cumpliendo al proceso de paz, dejando las armas y acogiéndose a las instituciones”.

En ese mismo sentido, también expusieron algunas de las necesidades que se viven en Miravalle, como el hecho de que, si bien los exguerrilleros se encuentran trabajando en proyecto productivos, faltan recursos y hay atraso en la infraestructura rural y la formalización de tierras para los campesinos. “Se están cumpliendo con los apoyos mensuales y aparatos del estado a cooperativas para reintegración de desmovilizados”, dice el documento.