El escenario de transición entre el saliente gobierno de Gustavo Petro y el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, sigue dejando un panorama de tensión. Esta vez se abrió un nuevo capítulo por cuenta del senador Iván Cepeda, quien citó a una rueda de prensa para hacer un llamado a la “desobediencia civil pacífica”, lo que de inmediato generó rechazo por parte de la entrante administración y desde otras orillas institucionales.
El excandidato presidencial aseguró que De la Espriella “no debería posesionarse como presidente de la República” hasta tanto “renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, probablemente también a una agencia de seguridad estadounidense”. En su declaración dijo que al posesionarse sin renunciar a esa nacionalidad se constituiría un acto “ilegal”, por lo que llamó a un acto de desobediencia civil pacífica, algo que ha sido respaldado especialmente por su partido.
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La declaración de este martes se produjo mientras que el presidente electo y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, lideraban el acto de instalación de “empalme anticorrupción” que adelantarán en las próximas semanas, antes de su posesión el 7 de agosto.
Esos pronunciamientos tuvieron una respuesta inmediata por parte de Restrepo, quien aseguró que “aquí lo que hay que tener claro es que el presidente electo se llama Abelardo de la Espriella y fue reconocido por las distintas personas en nuestro país y hay que respetar la democracia”.
Esa misma línea fue seguida por Rodrigo Lara, designado ministro del Interior, luego de asegurar que Cepeda, ahora líder de la oposición, “debe ceñirse a lo que dicte la Constitución y la ley. El pueblo colombiano ha hablado, habló en las urnas. El presidente electo es Abelardo de la Espriella, ganó las elecciones. Todos los colombianos debemos acatar y respetar la voluntad del pueblo colombiano cuando se expresa soberanamente en las runas”.
Así mismo, el presidente del Senado, el liberal Lidio García, subrayó que “en una democracia constitucional, el mandato que otorgan las urnas no está sujeto a condiciones que pretenda imponer por fuera de la Constitución y la ley. Quien resulta elegido merece respeto institucional, exactamente el mismo que mereció el presidente Gustavo Petro cuando fue elegido por los ciudadanos”.
¿En qué consiste la desobediencia civil según la Constitución?
Esta figura de desobediencia civil no se encuentra contemplada en la Constitución Política. Sin embargo, desde la Corte Constitucional sí existen pronunciamientos al respecto resaltando en su existencia, siendo derivada, entre otros, del derecho a la libertad de expresión.
Por ejemplo, en la sentencia T-571 del 2008 la Corte Constitucional señaló que la desobediencia civil representa “una forma excepcional de protesta que presupone la aceptación de los principios estructurales de la organización política y jurídica, y no pretende subvertirlos sino lograr que se implemente de manera adecuada. A partir de lo anterior, la doctrina ha creado la categoría de desobediente civil (en ejercicio de la desobediencia civil), para los ciudadanos que incurren el supuesto anterior”.
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Además, el mismo tribunal manifestó en la resolución judicial T-603 del 2012 que “la desobediencia civil se justifica en tres niveles diferentes pero estrechamente ligados”. Según citan, el primero habla de una sustentación el “la esfera jurídica al tratarse de una defensa de normas que se consideran superiores, como lo serían -por ejemplo- los derechos humanos o la Constitución. Igualmente, las personas estarían legitimadas para su ejercicio cuando los recursos existentes dentro del ordenamiento jurídico no resultaren eficientes para defender las normas superiores que con sus actuaciones pretenderían resguardar”.
Hablan, además, de “la existencia de una justificación moral, como fundamento de las razones de esa índole que las personas pueden tener frente a lo que consideran inmoral del derecho (aunque cabe indicar que Ortiz Rivas no diferencia claramente entre multiplicidad de moralidades y una moralidad que surja y se sustente en los derechos humanos)”. Y por último estiman en esa mima sentencia que “existe una justificación política y es que en un Estado Social de Derecho no puede existir una obediencia incondicional sino reflexiva, lo que conllevaría que toda obediencia sea cualificada”.
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Los únicos sectores que han dado respaldo al llamado de Cepeda están justamente en su partido, el Pacto Histórico. Congresistas de esa bancada hablan de “un acto público, pacífico y consciente para denunciar una vulneración de principios constitucionales como la persecución, el acoso político y judicial que ya han anunciado líderes del entrante gobierno”. Desde el gobierno del presidente Gustavo hablan de mantener “prudencia” y no “intervenir en los procesos políticos”.
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