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Después de cinco años, las aguas alrededor del ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht a las campañas presidenciales en 2014 aún no tienen calma. Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) indagar la presunta llegada de recursos de esa empresa brasilera a la campaña de Juan Manuel Santos, ante la hipótesis de que a través de los empresarios Esteban Moreno, David Portilla y Andrés Sanmiguel y la empresa Gistic Logistics Soluciones Integrales, Odebrecht entregó $ 3.894 millones y que estos dineros se intentaron justificar en falsos contratos de consorcio que desarrollaba la Ruta del Sol.
En ese sentido, el presidente del CNE, Heriberto Sanabria, conformó una comisión de magistrados, conformada por Renato Contreras, Doris Méndez y Luis Guillermo Pérez, quienes tendrán a su cargo la revisión de todo el acervo probatorio que reposa e el CNE para tomar la decisión de abrir o no una nueva investigación en contra de la campaña del expresidente.
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Esa revisión se hará, ahora, teniendo en cuenta los testimonios que tiene la Fiscalía de los empresarios mencionados y que comprometerían los multimillonarios recursos a la campaña del ahora expresidente en 2014. “Si hay nuevos elementos, seguramente habrá una nueva investigación”, dijo Sanabria a Blu Radio el miércoles.
El caso Odebrecth en la campaña presidencial de 2014, ante la nueva información que tiene el ente investigador, podría tener un nuevo giro y hace algunos meses, en abril, el magistrado Pérez, quien hace parte de la comisión del CNE, ya había mostrado su inquietud por el ingreso irregular de dineros a las campañas de Santos y Zuluaga.
De hecho, había denunciado públicamente que no se le había permitido revisar en el CNE todos los expedientes relacionados con el caso y hasta presentó una petición ante el Consejo de Estado para que los magistrados que tenían bajo custodia esa documentación, Doris Méndez y Pedro Felipe Gutiérrez, le dieran el acceso.
“Empecé a tener dificultades. Mis requerimientos, primero, fueron verbales. Después, escritos. Luego me dijeron que eso estaba bajo custodia de dos magistrados del CNE y acudí a ellos. Doris Méndez, magistrada, me dijo que podía consultarlo en su despacho, pero que no me autorizaba a sacar copias. Y Pedro Felipe Gutiérrez me dijo que no me daba acceso porque había piezas reservadas de la Fiscalía y que iba a regresarlas”, dijo Pérez a El Espectador en su momento.
Para el magistrado, todavía hay mucha tela por cortar, entre esas cuántos recursos ingresaron a la campaña de Santos, y cuestionó el hecho de que se establecieran caducidades cuando, a su juicio, se le ocultó información a la administración pública y al CNE. “Si se ha ocultado información de mala fe, si esa mala fe, además, constituye un delito de naturaleza electoral y si ese delito ha afectado la democracia y a la ciudadanía, la caducidad solo puede operar desde el momento en que la administración conoce que se le engañó”, expresó.
En ese momento, retó a Santos y al también candidato Óscar Iván Zuluaga “a que acepten una revocatoria directa de los actos administrativos que los favorecieron, que acepten que se revoque la caducidad y que nosotros revisemos esa decisión, porque la caducidad se establece para sancionar al propio Estado, porque ha sido ineficaz, negligente, o para no perjudicar los derechos de terceros, pero aquí pasó lo contrario”.
Hoy, con la nueva información remitida por la Fiscalía, el CNE no tiene otra opción que volver a revisar los expedientes que tiene en sus gavetas y así determinar si, con los nuevos elementos, se reabre la investigación particularmente en contra de la campaña de Santos.