Radican queja disciplinaria contra Quintero por participación indebida en política

Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Foto: Leonel

Día a día, en el marco de la revocatoria al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, salen nuevas acciones legales de parte y parte, unas con la intención de agilizar el proceso, otras de ralentizarlo. Este marte, el abogado Juan David Giraldo optó por interponer una queja disciplinaria contra el mandatario local, al considerar que este ha participado indebidamente en política y ha tomado una posición contraria a sus funciones, que, según dice la queja, deben propender por dar garantías a todas las partes.

“Expongo a continuación el abuso y desafueros cometidos de manera pública por el funcionario denunciado, su participación en política a pesar de las advertencias públicas escritas y formales de la Procuraduría (…) el exceso y abuso del uso de las prerrogativas de la administración pública y el cruce de líneas con actuaciones antijurídicas típicas y que incluso se insinúan dolosas”, se lee como objeto de la queja.

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Entre los fundamentos fácticos, Giraldo alegó conductas agraviosas del alcalde contra su oposición, como expresiones calumniosas, injuriosas, instigadoras y deslegitimadores del proceso revocatorio y de sus promotores, así como actos para dilatar el mismo. Entre estos hechos, recuerda los recientes audios que ha publicado en Twitter el alcalde, en los que se escucha la voz de Andrés Rodríguez, vocero de la revocatoria, al parecer en reuniones privadas.

Para el abogado, esto es una violación a la intimidad de las reuniones privadas de los promotores de la revocatoria, al ser obtenido de forma ilegal. Les suma a los hechos, el supuesto uso de recursos públicos para hostigar, alterar y difundir información falsa durante el proceso de recolección de firmas para la revocatoria; crear rumores sobre supuesto pago por rúbricas; uso de recursos públicos para la estrategia de deslegitimación; propaganda negra contra sus opositores políticos; falsas denuncias sin pruebas; presiones contra ciudadanos que firmaron la revocatoria; pago a asesores legales con dinero del erario.

“Aseveró sin prueba alguna que se hicieron pagos por firma. Indicó que iniciaría la conformación de comités de barrios contra su revocatoria, todo amparado en su calidad de alcalde, pagado con dineros del erario y perjudicando de modo irremediable e irreparable el proceso democrático de cientos de miles de ciudadanos libre”, señala el abogado.

Giraldo no solo le pide a la Procuraduría investigar las actuaciones de Quintero, sino de sus secretarios Juan Pablo Ramírez (Inclusión Social), Esteban Restrepo (Gobierno), María Camila Villamizar (Privada), Juan José Aux (Comunicaciones), Juan Carlos Upegui (No-Violencia) y los funcionarios Wilmer René Hoyos, Juan Berrío, Sebastián López, Santiago Preciado y Alejandra Márquez.

Los audios revelados por el alcalde

Esta semanal, Daniel Quintero compartió dos audios en su cuenta de Twitter en el que se escucha a Andrés Rodríguez, vocero de la revocatoria, y a Julio González, integrante del proceso y hoy concejal por el Centro Democrático. El primero, según se escucha, contaba cómo algunos empresarios supuestamente le entregaron planillas a sus empleados para que recogieran firmas a cambio de días compensatorios.

González, quien en el momento del audio no hacía parte del Concejo, hablaba sobre la Corporación Primero Antioquia y las donaciones que esta estaba recibiendo para financiar el proceso de recolección de firmas y el supuesto pago a personas que estuvieran buscando apoyos durante una jornada de trabajo.

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Para Quintero, esto se trata de un hecho de corrupción. “(Los audios) son una muestra de cómo se estaba llevando el proceso. Apreciamos varias irregularidades. La más grave de ellas tiene que ver con la triangulación de donaciones. Una corporación que se puso en la mitad para que no se vieran quiénes eran los verdaderos donantes de la revocatoria y, quizá, para volarse los topes”, dijo el alcalde basándose como principal prueba en dichos audios.

Sobre el papel de los empresarios y la supuesta dádiva de días compensatorios, Quintero señaló que esto “es un delito muy grave que se practica en Colombia, donde se les han dado tamales y tejas a ciudadanos”.

Los promotores de la revocatoria señalaron de espionaje al alcalde Quintero. “Con esto se comprueba la persecución y el hostigamiento al que nos hemos visto sometidos por parte de un irresponsable mandatario, que se toma atribuciones que no le corresponden”, dijo Andrés Rodríguez, quien enfatizó que la única entidad que puede hablar de las cuentas y los topes es el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así mismo, Rodríguez apuntó que los audios fueron manipulados y sacados de contexto. “No hubo dádivas”, insistió. Y, por su parte, aprovechó para invitar a los empresarios para que el día de la elección de revocatoria estos les den el día completo y no la media jornada de descanso, como estipula la ley sobre beneficio para quienes ejercen su derecho al voto.

Hasta ahora, el proceso revocatorio está quieto, tras una decisión de un juez sobre una tutela que presentó el movimiento Independientes, del alcalde, alegando violación al debido proceso y falta de garantías para la defensa, al no poder conocer las firmas recogidas y determinar su legalidad. La decisión le ordenó a la Registraduría allegar toda la información sobre el informe técnico y las firmas recolectadas por el comité de la revocatoria. Así mismo, el Consejo Nacional Electoral no ha terminado de estudiar las cuentas del comité para dar su visto bueno y continuar con el llamado a elecciones.

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