2 Oct 2014 - 11:00 a. m.

Reelección por tres años para actuales alcaldes y gobernadores

Mininterior radicó en la Cámara el acto legislativo. Elecciones a Presidencia, Congreso y de autoridades locales y regionales serían en un mismo año, pero en fechas diferentes.

Hugo García Segura

El viernes pasado, casi en total discreción, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó en la Secretaría de la Cámara de Representantes un proyecto de acto legislativo que dará mucho de qué hablar. Su título: “Por medio del cual se hacen congruentes los períodos de las autoridades de los distintos niveles de gobierno”. Se trata de la iniciativa que busca la unificación de los períodos institucionales de la Presidencia, las alcaldías y las gobernaciones, promesa que el presidente Juan Manuel Santos les había hecho a los mandatarios locales y regionales en la reciente campaña electoral.

El proyecto consta de solo dos artículos, siendo el segundo el de su promulgación. El primero modifica el artículo 262 de la Constitución y establece que “la elección del presidente y el vicepresidente no podrá coincidir con otra elección. La de Congreso se hará en fecha separada de la elección de autoridades departamentales y municipales. Las elecciones de las autoridades de las entidades territoriales se realizarán el mismo año de las de presidente, vicepresidente y Congreso. Los períodos institucionales de dichas autoridades comenzarán el 1° de enero del año inmediatamente siguiente al del inicio del período presidencial”.

Y se incluye un parágrafo transitorio en el que se establece que el período de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales que se elijan en los comicios de octubre de 2015 comenzará el 1° de enero de 2016 y terminará el 31 de diciembre de 2018. Es decir, será de sólo tres años. Con un ingrediente adicional y que de seguro encenderá la polémica: los alcaldes y gobernadores que hoy están en ejercicio podrán ser reelegidos, teniendo en cuenta que se trata de un “período de transición”. Ya a partir de 2018, el período institucional seguirá siendo de cuatro años, sin posibilidad de reelegirse de manera inmediata.

En la exposición de motivos, el ministro Juan Fernando Cristo sugiere que el hecho de que los períodos de las autoridades nacionales no coincida con el de las autoridades territoriales ha generado una dificultad práctica consistente en que alcaldes y gobernadores se ven en la obligación de proponer y adoptar un plan de desarrollo congruente con el del presidente, que cambia en la mitad de su período y formula unas nuevas exigencias que ya no se adecúan al inicialmente aprobado en departamentos y municipios.

“Esta situación genera enormes dificultades, no solo de coordinación, sino de eficacia en las políticas públicas (…) ello hace que sea necesario adoptar los correctivos para enmendar esa situación y no hay otra mejor manera de hacerlo que adoptando como principio constitucional que los períodos institucionales de las autoridades de las entidades territoriales comienzan el 1° de enero del año inmediatamente siguiente a aquel en el que comienza el período presidencial”, explica el ministro.

Esos cinco meses de diferencia entre el inicio del período presidencial y el de alcaldes y gobernadores servirían para que el Gobierno Nacional diseñe su Plan de Desarrollo, en forma tal que cuando se inicie el proceso de planeación de las entidades territoriales ya se cuente con el documento base preparado. En este sentido, se desechó la idea de que los períodos coincidieran exactamente pues, a juicio del Gobierno, ello tenía dos efectos negativos: uno, que los períodos de las autoridades territoriales comenzarían en la mitad del año fiscal, creando tensiones políticas con los gobiernos salientes sobre el nivel de compromiso del gasto e incentivando a los gobernantes salientes a comprometer en su totalidad el presupuesto antes de la terminación de su período.

Y el otro efecto es que obligaría a la unificación del calendario electoral, lo cual afecta el pluralismo político y la autonomía de las entidades territoriales. “Por las razones expuestas, el Gobierno ha decidido proponer la fórmula de tener elecciones separadas, pero el mismo año, e iniciar el período de las autoridades territoriales unos meses después de el del Gobierno Nacional”, señala el proyecto.

Para el Gobierno, esta propuesta de un período de tres años es menos traumática, ya que permite que los próximos mandatarios tengan un período “recortado pero razonable” para poder adelantar una gestión con resultados. En cambio, la fórmula de haber hacer una prórroga a quienes hoy están en el poder generaba controversia e incertidumbre jurídica, y además resultaba inconveniente para la estabilidad institucional y para la certeza que deben tener las reglas en la democracia.

En cuanto a la reelección, el Gobierno cree que ello “minimiza” el período del recorte y permite que por decisión popular se garantice continuidad en las políticas públicas de ese período reducido, con lo que la eventual “inestabilidad” de las mismas solo ocurriría si los ciudadanos quisieran un cambio de rumbo. “La propuesta de reelección es por una sola vez y con carácter puramente excepcional, dado que el Gobierno y la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso consideran, que al contrario, se deben adoptar las decisiones para impedir que funcionarios de elección popular o escogidos por cuerpos colegiados no puedan ser reelegidos”, aclara el texto del proyecto, conocido por El Espectador.

Ahora, ¿tiene futuro en el Congreso una iniciativa sin duda polémica? Es claro que de entrada sufre las angustias del tiempo, pues por tratarse de una reforma constitucional debe surtir ocho debates, es decir, que los primeros cuatro deberán darse antes del 16 de diciembre. Y su aprobación deberá quedar lista en junio del próximo año, para que aplique en las elecciones de octubre. Otro escollo tiene que ver con que su discusión se daría a la par con la reforma de reequilibrio de poderes, que ha generado arduo debate y es una de las prioridades del gobierno Santos.

Y, claro, se sabe de antemano que en el Congreso —donde senadores y representantes a la Cámara defienden sus intereses regionales— no están muy de acuerdo con abrir la puerta a la reelección, así sea por una sola vez. Como se sabe, partidos como el Centro Democrático ya adelantan una ardua labor con miras a los comicios locales y regionales de 2015 y saben que la reelección de quienes hoy están en los cargos jugaría en su contra. Lo mismo sucede en la misma Unidad Nacional, donde las disputas por el poder regional son intensas.

De hecho, se dice que la decisión de radicar el acto legislativo en la Cámara y no en el Senado obedece a que se quiere garantizar que se abra la discusión, ya que en el Senado el ambiente para la propuesta no es el mejor. “Cualquier reelección vicia un mandato y trae malas mañas”, ha dicho el senador Armando Benedetti. “Lo esencial es que el Congreso genere ideas, haga su análisis y se logre el objetivo de la racionalización de los períodos institucionales”, señala por su parte Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte Constitucional, quien viene asesorando a la Federación Nacional de Departamentos y de Municipios en el tema. El debate está servido.

 

 

hgarcia@elespectador.com

@hgarciasegura

 

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