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El sistema de salud colombiano enfrenta una tormenta perfecta. Los indicadores, en rojo, revelan una crisis profunda: según la Defensoría del Pueblo, entre el 60% y el 80% de los usuarios no recibieron sus medicamentos en el último año, mientras que las tutelas por el derecho a la salud batieron un récord histórico, superando las 219.000 en 2024. La crisis es también financiera: el déficit acumulado ronda los 20 billones de pesos y las EPS adeudan más de 32 billones a clínicas y hospitales, según cifras del Ministerio de Salud y Anif.
Los históricos logros del sistema, con una cobertura casi universal y el gasto de bolsillo más bajo de la región (13%), están en la cuerda floja. Sobre las causas, el diagnóstico está polarizado. Para algunos, el núcleo del problema es la intermediación financiera de las EPS. Para otros, es el asedio de un gobierno que, al considerar el modelo inadecuado, ha intentado reformarlo por vías fallidas: proyectos de ley archivados en el Congreso y decretos, como el 858 de 2025, suspendidos por el Consejo de Estado al considerar que el gobierno extralimitó sus facultades.
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La realidad es multifactorial y estructural. Colombia invierte solo el 7.69% de su PIB en salud, por debajo del promedio mundial (9.8%), mientras se da un aumento en la demanda y en el costo de los servicios. Las cotizaciones cubren menos de un tercio del sistema, la evasión es billonaria y la corrupción ha costado más de 1.6 billones de pesos, según Transparencia por Colombia.
El modelo de pago, basado en una cantidad fija por afiliado (UPC), crea un perverso incentivo para demorar o negar servicios. En otras palabras, la EPS recibe el mismo dinero, preste bien, mal o no preste el servicio. A esto se suma una oferta insuficiente y desigual: hay 1.9 médicos por cada 1.000 habitantes (la OCDE tiene 3.6) y el 90% de las clínicas son privadas, concentradas en las grandes ciudades, sin un modelo de atención que atienda las poblaciones en zonas rurales.
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La propuesta de reforma del Gobierno, el Proyecto de Ley 339, buscaba un Fondo Único en la ADRES, la transformación de las EPS en “Gestoras” sin manejo de recursos, y una puerta de entrada obligatoria a través de Centros de Atención Primaria (CAPS). Aunque el gobierno buscó avanzar en la construcción de CAPS y desplegó equipos básicos de atención, el avance y los resultados no son claros, siendo necesario tener mayor conocimiento sobre los recursos invertidos y la operación de estos equipos en términos de su coordinación, continuidad y capacidad de resolución.
De otro lado, el reciente brote de fiebre amarilla, la falta de articulación de respuestas a problemas de salud pública como la enfermedad cardiovascular y problemas mentales, evidencian la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas y el rol de rectoría, aplicar los mecanismos de articulación con todos los actores y niveles de gobierno según la normatividad vigente y avanzar en la implementación del Plan Decenal de Salud Pública, entre varias de las tareas que tendrá que asumir el nuevo gobierno.
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Se necesita en el corto plazo un gran acuerdo nacional que diseñe una estructura financiera sostenible, con recursos predecibles, plan de inversión en infraestructura y talento humano, mecanismos de pago por resultados que incentiven prestar servicios a tiempo y de calidad, gestión eficiente y blindaje contra la corrupción. El objetivo no es ideológico, sino vital: salvar un sistema al borde del colapso y preservar un derecho fundamental de los colombianos.
*Los autores son profesores de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes
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Por Diego Lucumí y Óscar Bernal, Escuela de Gobierno de Los Andes
