8 Sep 2020 - 3:00 a. m.

Reforma a las regalías: ¿golpe a la descentralización?

Aunque trae avances en la repartición de los recursos hay quienes aseguran que el proyecto afecta la autonomía de las regiones para la ejecución de los dineros.

Tras la elección de la nueva procuradora, todos los esfuerzos del Congreso se centraron en el proyecto de ley que reforma el Sistema General de Regalías. En las últimas dos semanas, la agenda ha sido dominada por este tema. Primero fue en discusión conjunta en las comisiones quintas de Senado y Cámara, y luego en las plenarias. El debate ha sido largo, tomó varias sesiones y solo hasta este lunes en la noche hubo un texto definitivo. Y es que los choques por esta iniciativa que viene del Gobierno fueron bastante dispendiosos.

Más allá de la polémica sobre una posible habilitación del fracking con el artículo 210, que se hundió definitivamente este lunes, desde el comienzo se señaló que el proyecto iba en contra de la autonomía de las regiones. De hecho, gobernadores y alcaldes advirtieron que se les estaba quitando poder decisorio frente a lo aprobado en 2011, cuando se hizo la gran reforma al sistema y se dispuso que las regalías se repartieran en todo el territorio y no solo en las zonas de extracción minera y explotación petrolera, además de un mayor control fiscal de la ejecución de los dineros a través de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD). Pero, tras una reunión con el Ejecutivo, esos temores fueron superados.

Sin embargo, un amplio sector del Legislativo ha señalado que la reforma, tal como está hoy, luego de que se aceptara la mayoría del texto votado en el Senado, va en contra de la autonomía de las regiones y es un retroceso en los procesos de descentralización en los que se embarcó el país hace poco más de 30 años. Las objeciones vendrían en parte porque el poder decisorio en la ejecución del 40 % de los recursos, destinados a las regiones, dependerán directamente de Planeación Nacional (DNP). Esta entidad tendrá que ver en la priorización de los proyectos y rendir concepto técnico sobre temas de infraestructura, aunque este figura como no vinculante.

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Al respecto, Jorge Robledo señaló que al hacer un análisis profundo se puede decir que “la autonomía está pérdida”. Según el senador del Polo, “formalmente el Gobierno da esa autonomía, pero lo que hace es aumentar el poder decisorio de Planeación Nacional”. Según enfatizó, “hay una mayor distribución de los recursos, pero el poder decisorio centrado en el Gobierno Nacional se mete en los gastos regionales. Como los gobernadores protestaron, entonces se las ingeniaron para crear apariencias de autonomía”. Y para Robledo no hay una entidad tan sometida al poder presidencial como el DNP, que a “veces es de gasto de bolsillo”.

En una línea similar está la senadora de Cambio Radical Ana María Castañeda, quien aseguró que se retrocedió a pasos agigantados frente al anterior sistema de regalías. La congresista recordó que históricamente la descentralización les ha costado fuerte a las regiones y cada paso ha sido un gran logro. Por eso, el 40 % bajo la supervisión del DNP es una gran derrota. “Les quita autonomía, porque el 40 % de los recursos se van a centralizar. Serán ellos los que tengan la última palabra”, expresó Castañeda, que concluyó: “Volvemos a lo mismo, nos quitan autonomía para entregarla a Bogotá, como si allá supieran mejor qué es lo que se necesita en las regiones”.

Hay otros senadores, como el liberal Gabriel García Realpe, que aceptan que en un primer momento el proyecto iba en contra de la descentralización, pero que con los cambios se arregló. Para sustentar su punto recalcó que mil municipios tendrán asignaciones locales y se aumentó la bolsa de recursos a repartir. Además, aseguró que la desaparición de la mayoría de las OCAD hará que los departamentos y municipios tengan mayor autonomía y puedan ejecutar los recursos en menos tiempo. Sobre el análisis técnico del DNP para la ejecución del 40 % de los recursos, García Realpe comentó que esta decisión permitió que el Gobierno cediera, ya que se tendrá un mayor control de ejecución sobre ellos.

La senadora conservadora Esperanza Andrade cree que la reforma garantiza la autonomía regional, dado que los dineros de las regalías “van a girarse a las regiones directamente y los alcaldes y gobernadores pueden disponer de los recursos”. Para ella, la mejor noticia es la desaparición en su gran mayoría de los OCAD, porque la tramitología era muy grande y frenaba la entrega de los recursos para ejecutarse. Asimismo, destacó que la revisión técnica por parte de la DNP es una forma que el Gobierno central hace control a la ejecución. Sin embargo, reconoció que, a pesar de las reformas, “el centralismo sigue imperando en nuestro país, no solo es el manejo de regalías”.

El proyecto aprobado en Cámara fue un tanto diferente, pero no fue acogido en la conciliación. La divergencia entre ambos textos radicaba en el artículo 35. Mientras que en el Senado la priorización pasa a depender del DNP, en la Cámara se define que la priorización la hacía directamente los OCAD, que en la reforma pasaron de 1.100 a tan solo ocho (uno por región). “Lo que nosotros planteamos es que la ejecución de las regalías dependa de las regiones directamente: 60 % los gobernadores y 40 % las regiones. Lo que Senado aprobó, y que se acogió en la conciliación, implica en la práctica que sea la DNP el que apruebe los proyectos. Esto no concuerda con la descentralización”, explicó el representante barranquillero César Lorduy.

El congresista de Cambio Radical indicó que hay dudas sobre la imparcialidad del DNP en la priorización, pues “en el debate se mencionó que había una red de intermediarios que garantizaban que el proyecto fuera viable”. Lo cierto es que, más allá de lo que se acogió en la conciliación, en el artículo 6 del proyecto de ambas corporaciones se designaba al DNP como responsable de las oficinas técnicas de los OCAD, por lo que, sin importar la priorización, esta entidad tendrá una voz importante en la estructuración y ejecución de los proyectos. Para la senadora Castañeda, este tema lo muestran muy sutil, pero si fuera así, “Planeación Nacional no se quedaría con las funciones de las secretarías técnicas”.

También se ha denunciado que la disminución en la autonomía y en la descentralización iría en contra de las comunidades indígenas, afros y raizales. En el mismo artículo 6 se establece que los pueblos y las comunidades étnicas tendrán voz, pero no voto, en los OCAD. Para el senador Feliciano Valencia, “desconocen que los territorios indígenas son entidades territoriales, como lo establece el artículo 286 de la Constitución. En tanto Entidad Territorial, estos territorios cuentan con un estatus igualitario amparado en el principio de autonomía. Si este es el caso, ¿por qué los territorios indígenas deben tener un trato diferente y con menos garantías de participación al de otras entidades territoriales?”.

Lo cierto es que la reforma al Sistema de Regalías volvió a despertar el debate sobre la descentralización en el país. Desde 1986, con la Ley 12, los esfuerzos se han enfocado en otorgarles más autonomía a las regiones. Este mismo espíritu está en la Constitución de 1991, pero desde el Congreso se ha evidenciado un tire y afloje histórico entre la centralización y la autonomía. Ahora último se han movido propuestas como la Ley de Regiones, aprobada hace un año, y también han surgido ideas para el debate como la iniciativa de trasladar los ministerios a las regiones y sacarlos de Bogotá, de Lorduy, y otras que van más allá y abogan por la transformación del país en un Estado federal, hecha por el expresidente del senado Lidio García, el día que abandonó dicha dignidad.

Nota del editor: Esta nota fue actualizada con la información originada de la conciliación del proyecto de ley que reforma el Sistema General de Regalías.

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