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Todos están de acuerdo en que se necesita una reforma -llámese fiscal, tributaria o solidaria- que les dé sostenibilidad a las finanzas del Estado en los actuales momentos de crisis a raíz de la pandemia del COVID-19, que permita mantener los programas sociales, retomar la senda del crecimiento económico y avanzar en las metas de reducción de la pobreza. Pero también todos están de acuerdo en que lo que se haga no puede afectar los bolsillos de la clase media y, en general, de todos los colombianos. ¿Cómo encontrar un punto medio? Los partidos independientes y de oposición piden que se retire la propuesta radicada ya en el Congreso. Hay quienes hablan de una contrarreforma y en las huestes oficialistas insisten en que se le pueden hacer ajustes al proyecto que permitan llegar a consensos.
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Ayer, ante las comisiones económicas de Senado y Cámara, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que la reforma no es improvisada, que se trabajó de una manera seria para atender los problemas fiscales que afronta el país y advirtió que, al cierre del presente año, el faltante de recursos del Estado alcanzaría los $94 billones. Y frente a las duras críticas, dijo que el Gobierno no está para terquedades y está abierto al diálogo y la concertación para que la iniciativa sea mejorada, contemplando incluso el cambio de posición frente a temas como la extensión del IVA a más productos de la canasta familiar o la ampliación de la base gravable a más colombianos. Pero, al fin de cuentas, más allá de la oposición al proyecto, ¿qué proponen concretamente los partidos?
El oficialismo
“Esta es la reforma social más importante de la historia (…) nos sentimos orgullosos de este Gobierno. Estamos proponiendo y construyendo”. En estos términos, tomando la vocería del Centro Democrático, el representante Edwin Ballesteros defendía la reforma tributaria cuando recién la había radicado el Ejecutivo. Sin embargo, con el paso de los días, sus declaraciones terminaron siendo desautorizadas nada menos que por el propio Álvaro Uribe Vélez, jefe de la colectividad, quien advirtió que la iniciativa “le hace daño” al partido.
Es por ello que el pasado sábado, al término de una reunión de bancada y en medio del descontento generalizado contra la reforma, el Centro Democrático –el propio partido del presidente– tomó distancia y advirtió que el texto requería modificaciones, en búsqueda de un consenso con los partidos. En primer lugar, la colectividad descartó que se graven con IVA alimentos de la canasta familiar o que se toquen los ingresos de la clase media.
En cambio, propuso un anticipo de las utilidades del Banco de la República por $5 billones; austeridad del gasto estatal (que prevén permitiría un ahorro de $1 billón), y una serie de impuestos transitorios aproximados por $12 billones, entre ellos una sobretasa para personas naturales que tributan ingresos anuales de $64 millones, impuesto al patrimonio desde los $5.000 millones o un “impuesto solidario” del 10 % para ingresos mayores de $20 millones mensuales en 2021.
“Estamos de acuerdo con la política social que propone el presidente Duque. Él acepta una política de ahorro. Estamos de acuerdo con el diagnóstico sobre las finanzas públicas, pero creemos que hay que hacer algo muy distinto a lo que propuso el Ministerio de Hacienda”, manifestó recientemente el expresidente Uribe a Blu Radio.
Por otro lado, desde el Partido de la U, aunque su directora, Dilian Francisca Toro, había expresado sendos reparos al proyecto, finalmente propuso una contrarreforma con miras a generar una “una tregua política”. De acuerdo con Toro, la consigna de esa iniciativa –cuyos puntos serían concertados entre las diferentes colectividades–, sería que no traiga “cargas injustas para los ciudadanos, que tenga en cuenta las realidades económicas de los colombianos golpeados por la crisis derivada de la pandemia y que satisfaga el déficit fiscal para mantener e incrementar los programas sociales”.
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Los conservadores parecen estar dispuestos a apoyar al Gobierno, sin embargo, han definido que, si bien se deben mantener varios programas sociales en medio de la pandemia, la carga tributaria para su sostenimiento no puede caer sobre los hombros de la clase media. “No tendría ningún sentido tapar una crisis para generar otra”, manifestaron los conservadores en un comunicado. En ese sentido, en las líneas rojas trazadas aseguraron que no votaran medidas como el cambio de exentos a excluidos de IVA en cuanto a productos de la canasta familiar, así como tampoco gravar servicios públicos o combustibles, generar impuesto en las pensiones o ampliar la base gravable para el impuesto de renga a personas que ganen mensualmente desde $ 2′500.000.
Sus propuestas alternativas tienen que ver con echar ese peso, por ejemplo, al sector financiero, a través de una sobretasa en la renta, la fijación de techos porcentuales de las deducciones aplicadas en renta tanto a sociedades como a personas jurídicas clasificadas como grandes contribuyentes, suspendes descuentos del ICA y las disminuciones de impuestos a empresas. También sostienen la necesidad de gravar patrimonios de personas naturales superiores a los $ 5.000 millones, la venta de activos del Estado, el decomiso de bienes del narcotráfico y el combate a la evasión y a la corrupción.
Los que sí se bajaron de la reforma fueron parte de los cristianos. El partido Colombia Justa-Libres declaró que la iniciativa, al gravar a la clase media, es regresiva y que no logrará el objetivo de reactivación económica que busca. “En lugar de propender por la reactivación económica, esto puede conllevar a que nuestra economía se continúe contrayendo y acabe con el empleo. Todo impuesto confiscatorio como el “temporal” y solidario a los ingresos altos, el IVA, o el de renta, asfixian la actividad económica, limitan las transacciones, y generan mayor informalidad y evasión”, dijo el partido cristiano. Uno de sus voceros, el senador John Milton Rodríguez, pidió al gobierno retirar la reforma del Congreso y consensuar otro texto enfocado en la lucha contra la corrupción, la evasión y la reducción de la burocracia.
Los independientes
En los partidos independientes es donde el Gobierno la tiene más difícil, pues las posturas tanto de Cambio Radical como del Partido Liberal son tajantes e inflexibles: o se retira la reforma o se buscan mayorías para hundirla en su primer debate en las comisiones económicas de Senado y Cámara. En otras palabras, no están dispuestos a participar de una gran alianza o diálogo, como quiere el Ejecutivo, para nutrir y reestructurar el proyecto. Esa es su mayor apuesta y, por ende, los congresistas de cada una de las bancadas son cautelosos al hablar sobre contrapropuestas a las presentadas por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Por ejemplo, por el lado de Cambio Radical critican duramente que el Gobierno no haya tenido en cuenta a la Comisión de Expertos Tributarios, especialmente en sus recomendaciones sobre evasión y elusión, y que su gran apuesta sea gravar de manera permanente. “Nuestra postura sigue siendo no”, dijo el senador Carlos Abraham Jiménez, presidente de la Comisión Cuarta. Sobre las carencias del proyecto del Gobierno, el partido le apostaría a una nueva reforma que haga una lucha frontal contra la evasión y el contrabando. Representantes como José Daniel López suman temas como sobretasas a los bancos, reducir estructuralmente los gastos del Estado, enajenación de los bienes de la mafia y eliminación de exenciones inoficiosas. Esto lo conversarían solo si se retira o hunde la actual iniciativa.
Por su lado, los liberales ayer tuvieron reunión de bancada en la que ratificaron su rechazo y en la que su director, César Gaviria, arremetió contra el ministro Carrasquilla, a quien llamó “rey de la desigualdad”. La apuesta de los rojos es terminar de hundir el “cadáver insepulto” de la tributaria y concentrarse en legislar para que la pandemia no afecte más a los colombianos. Eso sí, los congresistas tienen sus propuestas para poner sobre la mesa cuando se construya desde cero un nuevo proyecto: lucha contra la evasión, sobretasa a bebidas azucaradas y al sector financiero, así como reducción del IVA al 8 %.
La oposición y los sectores alternativos
El senador Alexánder López, presidente del Polo, lo ha dicho de frente: “Proponemos que haya justicia tributaria, donde sean el sector financiero y los grandes poderes económicos los que asuman la crisis”. Proclive a hundir la reforma, plantea, entre otras cosas, establecer un impuesto a las utilidades del sector financiero, situadas en $55 billones para 2020, reactivar el impuesto a los giros de utilidades de las multinacionales al exterior, que generan un costo fiscal de $25 billones y revocar los 68 contratos de estabilidad jurídica, que le cuestan miles de millones en impuestos al país.
Habla también de un impuesto a los altos patrimonios, que sea permanente y progresivo para aquellos superiores a los $1.000 millones, de renegociar los 16 TLC y los acuerdos comerciales vigentes, con el fin de fortalecer la producción interna nacional, de eliminar las nóminas paralelas en el Estado, de suspender la medida de descuento del impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el impuesto sobre la renta y de aplazar la reducción de la tarifa general del impuesto sobre la renta, de acuerdo con los resultados que indique el marco fiscal de mediano plazo. Además, sugiere un descuento tributario en la declaración de IVA y no en el impuesto sobre la renta para personas jurídicas, al igual que eliminar los gravámenes por movimientos financieros. “Hay que suavizar el perfil de la deuda pública interna y externa, para reducir la presión fiscal de las amortizaciones y el pago de interés sobre el presupuesto general de gastos y, por supuesto, acabar con la corrupción”, concluye López.
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En la Alianza Verde, por su parte, hay una posición en bloque en contra del texto presentado por el Gobierno. No obstante, mientras hay quienes piden que se hunda la reforma tributaria en su totalidad y cuestionan al Ejecutivo por “malgastar el dinero de los colombianos”, otros apuntan a que se retire el proyecto y se abra una gran mesa nacional en la que sectores económicos, políticos y sociales discutan las alternativas para buscar los recursos que se necesitan. Un último sector, compuesto por 14 senadores y representantes, liderado por Iván Marulanda, puso sobre la mesa una propuesta de reforma alternativa, bajo la premisa de que se deben buscar recursos, pero que no se golpee la canasta familiar ni la clase media y pensionados. La idea es eliminar varios de los beneficios otorgados en la reforma de 2019 y que sean los que más tienen los que asuman la mayor cantidad de tributos. Esto implica el cobro de un IVA imputado del 19 % a la canasta familiar al 5 % de más ingresos del país, pago de impuestos a los dividendos, al patrimonio y a la renta, declaración de renta de personas naturales desde los $4,4 millones y una sobretasa del sector financiero del 5,5 %, y un impuesto del 17 % a la normalización de capitales.
Por último, el Partido de los Comunes tiene esa misma línea: “Los que más tienen, más pagan”. Y proponen que el Estado mueva su capacidad para perseguir los capitales que están en los paraísos fiscales, eliminar las exenciones tributaria a las grandes empresas, un impuesto a los patrimonios, herencias y capitales altos, y un gravamen para los bancos.