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Ante el Congreso, el registrador Hernán Penagos alertó por las redes de documentos falsos en el país. Según dijo, es un “problema grande” en Colombia en el que están envueltos ciudadanos de Centroamérica que buscan viajar a Europa.
“La cantidad de personas centroamericanas que tratan de buscar redes criminales para suplantar documentos e irse hacia Europa está creciendo de una manera desproporcional”, aseguró en el debate de ponentes del presupuesto para 2027.
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El registrador afirmó que constantemente están en contacto con la Fiscalía para poder enfrentar las redes y anular cédulas de ciudadanía y pasaportes falsos. Además, insistió en que este año invirtieron COP 20 mil millones “en la transformación del registro civil y gobierno de datos para mejorar las condiciones de seguridad”.
“Si se deteriora, desde el punto de vista reputacional, el documento de identidad de Colombia, la cédula de ciudadanía y el pasaporte colombiano, hay serias dificultades, porque las demás naciones se ven obligadas en poner visas y demás. Luego, tenemos que proteger mucho ese documento”, apuntó.
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En todo caso, fue claro en que para el presupuesto de 2027 no se consideró “ningún recurso en ese sentido”, pero la situación hace que sea “necesario ir mejorando la tecnología”. Aunque en la inscripción de proyectos de inversión para ese articulado se solicitaron COP 102 mil millones, en la iniciativa presentada ante el Congreso eso quedó en cero. Lo mismo sucedió para “el fortalecimiento de flujos y procesos del sistema de identificación nacional” y el “fortalecimiento del sistema de gestión documental de la Registraduría”.
Por otro lado, lo que sí tiene un monto asignado en este presupuesto es el “mantenimiento y la sostenibilidad de la solución integral de registro civil e identificación para asegurar la expedición de documentos de identidad a los colombianos”. Para este año, la cifra fue de COP 195 mil millones, pero para el próximo año quedaría en COP 180 mil millones.
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Eso no es lo único que cambiará en el presupuesto de la Registraduría. A partir del 1 de enero de 2027, asumirá también el manejo de la plata destinada al Consejo Nacional Electoral, tras una decisión de la Corte Constitucional que le quitó al CNE la posibilidad de tener un monto autónomo y a su presidente, de contratar.
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