El registrador Hernán Penagos dejó claro que no entrará a hacer parte de la pelea que tiene el mandatario Gustavo Petro con el Congreso y su presidente conservador, Efraín Cepeda, por el decretazo de la consulta popular. Al menos no por su cuenta ni siendo él quien dé el primer paso, por lo que encontró una salida alterna para la decisión que el mundo político le pedía dar a conocer: convocar o no a la votación para el próximo 7 de agosto.
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Lo cierto es que en algún momento deberá entrar al pleito jurídico, y por eso busca tiempo y cruza los dedos para que no sea antes de que se conozca un fallo de fondo en los altos tribunales.
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Aunque hubo quienes aplaudieron la determinación de la Registraduría de darse un espacio mientras el poder judicial estudia a detalle el decreto, el mismo presidente Petro leyó la movida como “tomar partido”, defendió le legalidad del decreto y el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó a Penagos como un “operador logístico” que no estaría acatando una directriz presidencial. Por su parte, en la oposición hay quienes no quedaron satisfechos y esperaban más contundencia.
Penagos y Petro se encontraron solo 24 horas antes en la cita convocada por la Iglesia Católica para “desarmar la palabra” y frenar los enfrentamientos, pero ninguno habría abordado el tema de la consulta ni limado sus roces. Mucho menos mencionado la posible Asamblea Nacional Constituyente que el Gobierno prometió buscar si se hunde la consulta y que tiene a varios sectores en alerta.
Según fuentes de la cúpula de la Registraduría, la decisión que tomó Penagos se construyó luego de varios encuentros con asesores y juristas en los últimos días. Fue ahí que delineó claramente cuál sería su postura y de hecho empezó a estructurar una especie de guión, pues sabía que incluso una palabra podía terminar generando polémica o comprando una de las dos versiones: la que desconoce la votación de la consulta en el Senado del pasado 14 de mayo o la que afirma que hay irregularidades en el decreto del mandatario.
Solo habló con sus funcionarios y algunos abogados del caso y se abstuvo de contestar toda llamada de los medios y hasta de recibir a algunos políticos que asistieron a las instalaciones de la Registraduría para pedir respuestas. Y es por esto que no se le vio en ninguna de las inscripciones de movimientos para reunir firmas que realizaron varios precandidatos (Mauricio Lizcano, Claudia López, Juan Daniel Oviedo y otros) en su entidad, para no tentar a la suerte.
Una noche antes de la rueda de prensa que dio este martes, estudió por varias horas su declaración y pidió a su equipo reunir el número total de tutelas, demandas y otros recursos presentados ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado contra la consulta para demostrar la incertidumbre jurídica a la que entró el país.
Hasta la fecha, en el Consejo de Estado hay al menos 44 acciones que piden anular el decreto y 97 tutelas. Mientras tanto, en la Corte Constitucional, que es la entidad que dentro de poco deberá decidir si es la llamada a definir este pleito, hay 11 demandas de inconstitucionalidad.
Ahora bien, si hay una frase que puede resumir la intervención que el registrador entregó por más de una hora ante los medios es: “El registrador no es juez ni tiene por qué resolver una controversia jurídica”.
Eso sí, desde la Registraduría se compartió un documento con el concepto que envió recientemente la Procuraduría de Gregorio Eljach al Consejo de Estado, según el cual no hay hallazgos de inconsistencias en la votación del Senado que desconoce abiertamente el Ejecutivo. Y es que registrador y procurador se vieron dos días antes en las elecciones atípicas en Vichada, desde donde se conoció que se avecinaba un pronunciamiento del organismo electoral.
Pero este capítulo que tiene enemistados a tantos sectores del poder -y que al parecer el Gobierno no está dispuesto a soltar fácilmente ni con la aprobación total de la reforma laboral- no se resuelve solo adjudicándole la determinación a las altas cortes, y eso en el fondo lo sabe bien la Registraduría, pues más allá de lo técnico está la pelea política y las fibras que ya sacudió la entidad en el oficialismo y la oposición con su movida.
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No solo en el Gobierno hubo malestar por la pausa que se le puso a la consulta y a su logística electoral, también en el bloque de partidos opositores hay quienes dicen que fue una decisión “tibia” que deja espacio para las dudas que viene elevando la Casa de Nariño sobre la votación que se registró en la plenaria del Senado, que fue de 49 contra 47 apoyos.
Además, hay quienes ven con preocupación que Penagos empiece a moverse una vez llegue el concepto que le pidió al Consejo de Estado, que no es vinculante y podría incluso ser contrario a un eventual fallo de la Corte Constitucional.
“Si la sala de consulta nos da unas luces respecto del camino a seguir, pues avanzaríamos en ese proceso hasta tanto se tenga una sentencia definitiva”, señaló el registrador.
Esto quiere decir que se podría iniciar a disponer de recursos para la organización de la consulta, empezarse a hacer campaña por el sí o el no y luego todo quedar frenado si un fallo tumba el decreto. O por el contrario, la Registraduría podría no ejecutar ninguna medida y luego el fallo determinar que sí debe realizarse la consulta, posponiéndose la fecha de votar todavía más.
Y es que Penagos ya dijo que el 7 de agosto no habrá elección de consulta, pues la organización de un evento de esta magnitud, que costaría alrededor de $750.000 millones, requiere de al menos tres meses para que todo esté en completo orden y no haya cabida para ningún error que posteriormente pueda afectar hasta la legitimidad de los comicios al Congreso y a la Presidencia de 2026.
Sin embargo, la consulta anticorrupción del partido Alianza Verde se agendó en 2018 dos meses después de su aprobación en el Senado y la administración del momento acudió a una urgencia manifiesta para contratar a los operadores logísticos y de conteo de votos.
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El “no” que Penagos le dio este martes al Gobierno, aunque esté condicionado a las determinaciones de los altos tribunales y pueda cambiar, poco gustó en la Casa de Nariño, que el año pasado buscó un golpe de opinión contra el registrador al denunciarlo penalmente ante la Fiscalía por supuestas irregularidades en el proceso de contratación para las elecciones atípicas, que le fue entregado a la firma Thomas Greg & Sons, la cual Petro tiene en la mira y señala como una empresa que supuestamente tendría monopolizada información privada.
¿Se avecina una respuesta más fuerte del Gobierno?, y ¿entrará a ser tachada la Registraduría como contradictora del Ejecutivo?, son preguntas que se estaría haciendo el mismo Penagos, que en medio de su negativa condicionada elevó un llamado fuerte para que Congreso y Presidencia dejen atrás sus disputas, que para él podrían generar hechos impensables e incluso una “anarquía constitucional”.
La aprobación total de la reforma laboral y su conciliación, que debe ocurrir antes de este viernes, podría calmar los ánimos e incluso la derogación de la consulta, pero queda casi que como un nudo en la garganta para algunos sectores la posibilidad de que el petrismo se enrute en otra consulta o inclusive en una Asamblea Nacional Constituyente, en la que Congreso y Registraduría volverían a tener un rol protagónico.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
