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La última semana de febrero y la primera de marzo transcurrieron en medio de un ambiente tenso entre el Gobierno Nacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (DD. HH.), a raíz de una serie de documentos en los que se dejaba en entredicho la labor del Estado colombiano en la defensa de la vida de los defensores de DD. HH. y líderes sociales en el país.
Desde el mismo presidente Iván Duque Márquez, pasando por otros funcionarios del Gobierno —como la canciller Claudia Blum, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, y el consejero presidencial para la Estabilización Emilio Archila—, mostraron sus reparos a los informes que presentó el representante de esa oficina en Colombia, Alberto Brunori, en los que tocaba temas como la situación de líderes sociales y la implementación del Acuerdo de Paz. Los calificativos iban desde ser una “chambonada”, como dijo Archila, hasta ser considerado como una “intromisión a la soberanía”, como lo expresó el mismo Duque.
Esa cuerda diplomática se tensó mucho más días después, cuando el relator especial de Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, presentó otro documento sobre la situación ante la ONU en Ginebra. En este, señaló que Colombia era el país más peligroso del mundo para los líderes sociales, una conclusión a la que llegó luego de su visita al país, como parte de la misión que tenía a su cargo. La respuesta por parte de la Cancillería no demoró en llegar y Blum le dijo a la ONU que era “inadmisible”, por ejemplo, que se acusara al Estado de criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos.
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Incluso, la Cancillería dijo que varias conclusiones del informe no reflejaban “objetividad e integridad” y que lo dicho por el relator Forst también "desconocía de plano logros reconocidos por otros órganos de la ONU en la política de paz con legalidad y en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”.
Pues, ese capítulo parecería pasar página a juzgar por lo dicho por el presidente Duque, luego de una reunión sostenida este lunes en Nueva York (EE. UU.) con António Guterres, el secretario general de la ONU. Según el mandatario, las relaciones entre Colombia y el organismo “atraviesan por un muy buen momento”, que se ha demostrado en la presencia de varias de sus agencias en el país y por el cierre de un acuerdo marco para la cooperación en el período 2020-2023.
Según Duque, el acuerdo será la referencia para el trabajo de la ONU en el país, cuyos ejes se centrarán en “paz con legalidad”, atención a población migrante y la planeación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la organización internacional a 2030.
El presidente hizo referencia a la situación que se presentó con la Oficina de la Alta Comisionada para los DD. HH., que lidera Michelle Bachellet, y cerró la puerta a que esa dependencia de la ONU saliera del país, como se había propuesto en las últimas semanas desde los sectores más radicales del uribismo. “Nosotros no tenemos ningún rechazo a que la Oficina haga presencia en nuestro país. En octubre del año pasado se renovó el mandato”, comentó el jefe de Estado e hizo referencia puntual al informe que sobre el tema se llevó a Ginebra.
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“Hicimos unos comentarios puntuales sobre aspectos del reporte, en los cuales elevamos unas voces de protesta, quizás, pero siempre hay un sentido proactivo de analizar esos comentarios. Ese trabajo nos va a llevar a que tengamos la posibilidad de reiterar cuáles son las agencias que tienen mandatos específicos”, agregó.
Duque también hizo una alusión directa a la situación de los líderes sociales en el país: “Hay una reducción del asesinato de líderes sociales, se ve desde leas cifras que ha manejado la Defensoría y desde las cifras que consolida a la ONU. ¿Que si estoy contento con esa reducción? No, no solamente porque tiene que ser mayor, sino porque tenemos que lleva a cero esa situación, eso sería el mundo ideal”.
Finalmente, el presidente concluyó con una invitación a Guterres para visitar Colombia: “Que en 2020 esté en nuestro país”. Para el mandatario, la conversación se desarrolló en término cordiales, lo que podría apuntar hacia un nuevo comienzo en las relaciones entre la ONU y el Ejecutivo.