Casi 20 días después de anunciar su renuncia al Senado, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández presentó de manera formal la carta en la que dimite de la corporación, a la que llegó vía Estatuto de Oposición. Cuando avisó sobre su intención de abandonar su curul en el Senado, Hernández manifestó que “no se sentía cómodo” en el Congreso y ratificó lo que era un secreto a voces: que su intención verdadera era poder participar en las elecciones locales de próximo año.
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Al anunciar su salida del Senado, en medio de un evento de las comisiones primeras conjuntas del Congreso con la Misión de observación Electoral de la Unión Europea, el exalcalde de Bucaramanga aseguró sentirse incómodo en su curul, a la que llegó tras haber obtenido el segundo lugar en las elecciones presidenciales con 10,5 millones de votos. Según dijo, estar en la corporación era tanto como “tener a Messi de portero”, confirmando así su abandono de la curul, que quedará vacía, para aspirar a la Gobernación de Santander en 2023.
Ante la Secretaría general del Senado, Hernández radicó su renuncia, que de todas formas deberá ser votada por la plenaria del Senado que este martes sesiona para aprobar la reforma política. La salida de Hernández del Senado, aunque clave, no sorprende ya que incluso desde la carrera hacia la Casa de Nariño se rumoró que en realidad su aspiración presidencial era una forma de hacer sus primeros pinos hacia la gobernación de Santander.
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El paso fugaz de Hernández por el Senado fue, para algunos analistas y muchos de sus votantes, una desilusión. El exalcalde bumangués, debido a su estilo espontáneo y frontal de hacer política, era uno de los llamados a liderar la oposición al Gobierno Petro. Aún más, teniendo en cuenta que el oficialismo logró hacerse con unas mayorías casi absolutas y el Centro Democrático fue el único partido que se declaró en oposición.
Más allá de su postura frente al Gobierno, otra decepción sobre el paso de Hernández fue la poca actividad legislativa que tuvo. De hecho, hace una semana radicó su primer y único proyecto de ley, que es una reforma a la Ley 80, sobre contratación pública con la que, según dijo, se busca “acabar con los contrataderos, para que los gobernadores, alcaldes y contratistas corruptos no jueguen con la plata pública y se la roben”.