Este jueves, los senadores de la U y Polo Democrático, Roy Barreras e Iván Cepeda, presentaron un recurso de reposición contra Ricardo Ferro, Edward Rodríguez, Gabriel Santos y Óscar Villamizar, representantes del Centro Democrático y miembros de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, por no declararse impedidos a la hora de decidir sobre la demanda contra Patricia Linares, presidenta de la JEP, y Alejandro Ramelli, magistrado de ese tribunal, señalados por tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
“Es claro que los representantes tienen un interés directo en la investigación que se adelantan contra los miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y esto se puede corroborar con múltiples declaraciones en las que se han pronunciado en contra del tribunal transicional”, se lee en el recurso de reposición radicado.
En el documento se añade, también, los #JEPCómpliceDeLasFarc, #JEPMiente y #JEPEsImpunidad como prueba en redes sociales para señalar la postura de los uribistas que, para los senadores, es motivo de impedimento. “Es de público conocimiento que los miembros del partido Centro Democrático tienen dentro de sus propuestas políticas, en cada debate electoral en el que participan, múltiples reproches al Acuerdo Final para la terminación del conflicto, en particular al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, componente dentro del cual se encuentra la JEP”, se lee en otro aparte de la carta.
Los parlamentarios generalizaron que no solo son estos cuatro representantes los impedidos en cualquier caso eventual que se relacione con el tribunal transicional, sino todos los miembros del Centro Democrático por sus posturas y comentarios en medios de comunicación y redes sociales. “En este caso, en el que se está ante un caso de carácter judicial con implicaciones de tipo personal, se deben de exigir garantías de total imparcialidad, la cual no se puede predicar por parte de los congresistas del Centro Democrático, que por demás son bancada mayoritaria en esta célula legislativa”, concluye el documento.
El pasado miércoles, Ferro, presidente de la Comisión de Acusación, abrió investigación preliminar y citó a versión libre a Linares y Ramelli por haber intercambiado correos con información reservada de la Corte Constitucional sobre el proyecto de fallo del acto legislativo 01 de 2017, que regula la estructura administrativa de la JEP, sin haber sido divulgado, según lo informó en su momento El Espectador.
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Tras conocerse la noticia, el senador de la U reaccionó rechazando este hecho al considerarlo una intimidación. “El hecho de que, en tiempo récord, en apenas una semana, un investigador de la extrema derecha abra una investigación para intimidar a los magistrados de la JEP, muestra una triste faceta de que estamos en un partido de Gobierno de corte fascista y persecutor”, comentó.
“Todo esto, con tal de ganar tiempo para aplazar hasta la Semana Santa, o más, esa decisión, con el fin de que puedan surtir efecto las presiones, intimidaciones y los sobornos para intentar torcer la paz, pero eso no lo van a lograr”, apuntó, haciendo alusión a la consulta que elevó Ernesto Macías, presidente del Senado, a través de Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, al Consejo de Estado acerca de si hubo o no vicio de procedimiento en la votación de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la Cámara, donde una aplastante mayoría derrotó al Gobierno con 110 votos, contra 44.
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