Juan Manuel Santos cree en la fuerza cósmica de la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí asumió simbólicamente el cargo de Ministro de Defensa en 2006. No le fue nada mal. Por eso, regresaba ayer para posesionarse como presidente de los colombianos ante las autoridades espirituales y políticas de los indígenas de la Sierra, antes de hacerlo frente al Congreso y los invitados internacionales en Bogotá.
¿Qué hacía Santos en la Sierra el día más importante de su vida? ¿Por qué posesionarse ante los arhuacos, los kankuamos, los koguis y los wiwas? El rito sin precedentes tiene dos lecturas, que corresponden a las dos Sierras que existen en el imaginario colombiano. La primera es la Sierra “light”: la del turismo indoloro de las mochilas tejidas, los paisajes de postal y el exotismo indígena empacados para consumo instantáneo por las agencias de viajes. Es la versión de los spas de Bogotá que ofrecen tratamientos antiestrés “inspirados en la Sierra”, o la de los hoteles de Valledupar en cuyas recepciones nunca falta el retrato de un mamo anónimo. Es la Sierra para la foto: la que se han tomado tantos políticos y la que se tomó ayer el presidente Santos.
Pero hay otra Sierra y otra lectura de la ocasión. Lo que no dicen las promociones turísticas es que allí se condensan algunos de los conflictos sociales y ambientales más difíciles que tendrá que manejar el nuevo gobierno. Por fuera de la foto queda la tragedia humanitaria de los pueblos indígenas que recibieron a Santos y cuyos gobernadores, unidos en el Consejo Territorial de Cabildos, retrataron en un documento histórico que entregaron al novel mandatario.
Atrapados entre la guerrilla que dominaba la parte alta de las montañas, los paramilitares que se enseñoreaban de la parte baja y los militares que se negaban a reconocer su neutralidad, los indígenas de la Sierra sufrieron lo peor del conflicto en la última década. Visitar cualquier comunidad de la zona es escuchar historias de violencia y desplazamiento. De hecho, si la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos no hubieran intervenido con medidas de protección en 2003, probablemente no quedarían ni kankuamos ni wiwas para contar el cuento.
Si el gesto de Santos va más allá de la foto y su compromiso con los pueblos indígenas es en serio, los retos son enormes. Porque lo que pasa en la Sierra es apenas una muestra de los procesos que tienen en jaque la supervivencia de las comunidades indígenas y negras en toda Colombia. En últimas, la pregunta es si los indígenas y los afrocolombianos —aquellos que siempre han sido “el revés de la nación”, según la historiadora Margarita Serje— caben en la Unidad Nacional de Santos.
La situación que hereda el gobierno
Entre los principios de gobierno anunciados por Santos está la toma de decisiones basada en información rigurosa y en el respeto a las decisiones judiciales. Pues bien: la primera tarea de sus funcionarios —comenzando por el ministro Vargas Lleras y quien él designe como su director de Asuntos Indígenas— será ejecutar la decisión más importante del Estado colombiano sobre el tema, tomada por la Corte Constitucional el año pasado (el Auto 004).
Además de dictar órdenes precisas para evitar el exterminio inminente de 34 pueblos (entre ellos los cuatro de la Sierra) y diseñar un Programa Nacional de Protección para todas las comunidades, la Corte hace el diagnóstico estatal más completo de las dos razones principales que explican las cifras de la crisis humanitaria. Datos chocantes como el aumento del 63% en los asesinatos de indígenas en 2009, en comparación con 2008, según la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. O la cifra de la ONIC de 74.000 indígenas desplazados entre 2002 y 2009, a una tasa mucho mayor que el resto de la población, según cifras del DANE y Acción Social.
El impacto del conflicto
La primera causa es el conflicto armado. Al igual que los pueblos de la Sierra, los indígenas de todo el país están en medio del fuego cruzado. Las Farc se han ensañado contra pueblos como los amazónicos y otros como los awás, en Nariño. Los neoparamilitares acosan a muchos otros, como los emberas en Córdoba, Antioquia y Chocó. Y el gobierno saliente repudió la declaración de neutralidad de pueblos como el nasa en el Cauca, a cuyos líderes acusaba temerariamente de terrorismo.
Así que el primer desafío del gobierno Santos en este frente, como en tantos otros, será recuperar el diálogo y la concertación. Y cumplir las órdenes judiciales. Es decir, lo contrario a lo que hizo el gobierno anterior, cuya última aparición de alto nivel en la Sierra fue un aterrizaje fugaz en helicóptero del ex ministro Valencia Cossio para tomarse la foto con los mismos mamos y los mismos gobernadores en septiembre del año pasado y prometer que cumpliría lo ordenado por la Corte. Pero bastaba ver su prisa y el tono displicente de su director de etnias para saber que no cumpliría su palabra. Como lo muestra un estudio reciente del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, el ministro Valencia se fue sin cumplir siquiera una fracción de las órdenes de la Corte y de las promesas hechas a los indígenas.
La minería y los proyectos económicos
El segundo reto es aún más difícil para la nueva administración. Porque la otra causa central de la situación de los indígenas son los proyectos de minería e infraestructura que figuran entre las prioridades económicas de Santos. Para los pueblos de la Sierra, por ejemplo, el daño cultural y ambiental de los actores armados es comparable con el infligido por los proyectos económicos que, contra lo dispuesto en el derecho nacional e internacional, nunca les fueron consultados. Ahí están el puerto de Dibulla y la represa de Ranchería en La Guajira, o los planes para construir la represa de Besotes en el Cesar, todos en territorio indígena sagrado y todos avalados por el gobierno anterior contra la oposición expresa de los anfitriones de Santos en la Sierra.
La lista de casos es interminable. Basta recordar los planes para la segunda fase de la represa de Urrá en Córdoba, que —como lo han mostrado la Corte, las organizaciones indígenas y el Relator de la ONU sobre el tema— terminaría con lo que queda de los embera-katío de la zona. De hecho, si algún funcionario del nuevo gobierno quisiera ver la magnitud del problema en sus primeros días de trabajo —digamos, el Ministro de Minas, la Ministra de Ambiente o quien dirija el grupo de consulta previa a grupos étnicos en el Ministerio del Interior—, bastaría que abriera el mapa de resguardos indígenas y lo comparara con el mapa de solicitudes de títulos mineros. Verá que un mapa es casi calcado del otro y que sin una regulación estricta y sin consultas con los pueblos y organizaciones indígenas, la explotación minera puede ser lo último que vean muchas comunidades en peligro de extinción.
El riesgo de extinción es inminente, como lo muestra con cifras y testimonios el excelente informe reciente de la ONIC (Palabra dulce, aire de vida), que es la otra lectura obligatoria para el gobierno entrante. Además de los 34 pueblos para los que pide protección la Corte, hay 31 pueblos que tienen menos de 500 personas, incluyendo los 18 que tienen menos de 200 miembros y los 10 que quedan con menos de 100. En otras palabras, el nuevo gobierno encuentra a más del 60% de los 102 pueblos indígenas colombianos en esta situación. Ahí está el pueblo makaguaje, hablante del tucano y habitante del Caquetá, que en 2000 tenía 50 miembros y hoy tiene sólo tres. O el pueblo wachina del Vaupés, del que quedan apenas 50. Y los 450 sobrevivientes del pueblo nukak maku, los nómadas varados en San José del Guaviare que miran perdidos a las cámaras.
Las soluciones están a la vista y aparecen documentadas en montañas de estudios, sentencias y documentos, incluyendo el que los líderes de la Sierra le entregaron ayer al Presidente. El turno es del nuevo gobierno. Pronto se sabrá cuál de las dos Sierras es la de Santos.
*Miembro fundador de Dejusticia (www.dejusticia.org).