La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a quedar en el centro de la polémica luego de la revelación de una audiencia en la que el jefe negociador de las Farc, Rodrigo Londoño, aseguró que no se contempló un acuerdo para que quienes se sometieron a ese proceso fueran "a la cárcel de buenas a primeras". La revelación fue realizada por la senadora María Clara Posada (Centro Democrático), quien publicó un material, inicialmente "reservado" y con el que cuestionó el papel del tribunal con las sanciones a los excombatientes. El tribunal fue claro en que "la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 63 exintegrantes de las Farc-EP".
Según Posada, "esta sería otra muestra del cinismo y la burla a las víctimas que propicia la JEP". Y es que en esa audiencia que presidió la magistrada Julieta Lemaitre, Timochenko aseguró inicialmente que "había criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida". Además, allí mismo Londoño insistía en que las Farc no tenían lineamientos relacionados a la tortura. "Tortura no, jamás. Ni internamente, ni golpear a nadie. Eran sancionados", aseguró a respecto.
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Sin embargo, en el segundo aparte revelado por la senadora uribista se señala que en medio de la negociación de paz se estableció una serie de medidas que derivarían en impunidad para los firmantes. Londoño aseguró en esa audiencia de junio de 2019: "¿Cómo creen ustedes que nos van a plantear hacer un acuerdo para firmarlos e irnos a la cárcel?". Acto seguido insistió en que esa organización armada no fue la única en participar en la guerra.
Junto con esas publicaciones de la congresista, Posada remarcó que "desde un primer momento las FARC habrían tenido claro que no pagarían un solo día de cárcel" y dijo que "nunca hubo negociación. Fue la claudicación del Estado ante el terrorismo. ¿Y qué se logró?… que de 2018 a 2025 el pie de fuerza de los grupos armados pasara de 12.883 a 27.121 hombres". Según su declaración, esa fue la primer audiencia de Timochenko ante el tribunal y "parecía una charla de amigos".
La revelación de este material que reposaba en la JEP provocó cuestionamientos de varias orillas políticas. De hecho, hasta el presidente Abelardo de la Espriella se refirió al caso y dijo que "durante décadas en Colombia se ha querido instalar una falta narrativa y una confusión siniestra que le ha salido caro al pueblo colombiano". Sobre Rodrigo Londoño y sus palabra remarcó que "un secuestro no deja de ser un secuestro porque quien lo comete invoque una revolución. Una extorsión no se conviene en una actividad legitima simplemente porque esa estructura criminal supuestamente persigue un fin social".
En efecto, puntualizó que Londoño y los antiguos líderes de las Farc estaban al nivel de Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, Gonzalo Rodríguez Gacha, entre otros líderes criminales. Asimismo, desde el Centro Democrático se respaldaron los cuestionamientos por parte de Posada. El representante David Cote aseguró que "el video revela presuntas risas mientras hablan de su sentencia contra las víctimas de los delitos de lesa humanidad que esperan respuestas y justicia. Para rematar recordemos la foto de Timochenko recogiendo escombros con los guantes limpios".
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Asimismo el senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, aseguró que "Timochenko llegó a decir ante la JEP que a los secuestrados se les garantizaba “buena comida” y que eso hacía parte del supuesto "buen trato" de las FARC. Al mismo tiempo, miles de colombianos conocen la realidad de los secuestros, las torturas y los años de cautiverio. Las propias declaraciones de antiguos integrantes de las FARC han dejado expuestas las condiciones en las que mantuvieron a sus víctimas".
¿Qué responde la JEP?
Los cuestionamientos realizados al alto tribunal y sus sentencias por parte de varios congresistas han tenido respuesta casi que inmediata por parte de ese organismo. De hecho, luego de esta nueva denuncia en sus redes sociales puntualizaron: "En el marco del Caso 01 (en el que se abordan los secuestros de las Farc-EP), la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 63 exintegrantes de las Farc-EP por toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. Entre los imputados están los 7 exintegrantes del Secretariado de la antigua guerrilla. La Sala también les imputó otros crímenes internacionales como tortura, trato cruel, inhumano y degradante de la dignidad humana, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual".
Ahora bien, sobre el "buen trato" del que puntualiza Londoño, la JEP aseguró que "en la práctica esa directriz no se cumplió y los secuestrados quedaron a merced de la guardia". Por ello, "en junio 2022, los integrantes del Secretariado reconocieron frente a la Justicia, las víctimas y el país los crímenes por los secuestros y otros crímenes que cometieron en los contextos del cautiverio, incluida el crimen de tortura".
"En septiembre de 2025, la Sección de Reconocimiento del Tribunal de Paz de la JEP emitió la sentencia contra los 7 integrantes del Secretariado con la máxima sanción que permite la ley por los secuestros y otros crímenes como la tortura. En Julio de 2026, la Sección de Apelación confirmó la condena contra el Secretariado y hoy están contribuyendo a la recuperación de cuerpos de personas desaparecidas, en respuesta a las solicitudes de víctimas y familias que llevan años buscando a sus seres queridos", remarca la respuesta el tribunal.
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