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Se hace oficial la designación de los voceros de paz. Así lo confirmó este jueves la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que, a través de un comunicado, señaló que dos de los siete jóvenes que asumirán este rol, y que estaban en la cárcel, ya fueron liberados.
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“Al día de hoy, Adriana Esperanza Bermeo Súa y Santiago Márquez Charris, ya se encuentran en libertad, mientras que los trámites de los otros cinco jóvenes se encuentran en curso”, expresó el comisionado Danilo Rueda en el documento. Bermeo Súa se encontraba recluida en el centro penitenciario de Pedregal, Medellín, mientras que Márquez Charris estaba en la cárcel de alta y mediana seguridad de Girón, Santander.
“La Oficina del Alto Comisionado para la Paz tiene la responsabilidad de gestionar la libertad de los Voceros de Paz y de hacer seguimiento a su desempeño en este rol. Por su parte, la Comisión Intersectorial seguirá haciendo recomendaciones al presidente de la república para la posible selección de nuevos Voceros de Paz en un futuro”, agregó.
Como lo manifestaron en días pasados los integrantes de la Comisión Intersectorial -integrada por los ministros del Interior Alfonso Prada, de Justicia, Néstor Osuna, y de Defensa, Iván Velásquez, y el director del DAPRE, Mauricio Lizcano-, los designados voceros de paz son jóvenes encarcelados por delitos relacionados con la protesta social. El estado de sus procesos es el de sindicados, no condenados por dichos crímenes.
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De igual forma, Rueda resaltó que, para estos jóvenes, asumir el papel de voceros de paz no es una medida que se traduce al indulto, por lo tanto, no se suspende ni se anula ninguno de los procesos judiciales que están en curso. “Los siete jóvenes deben responder a las autoridades competentes en caso de ser requeridos”, puntualizó.
Los siete voceros de paz son: Laura Camila Ramírez Enciso, Arles Andrés Bolaños Zemanate, Álvaro Andrés Duque Ruiz, Juan Sebastián Galeano Correa, Bremmen Hinestroza, Adriana Esperanza Bermeo Súa y Santiago Márquez Charris.
El Gobierno aseguró que todos ellos manifestaron su voluntad de acoger este rol y, por lo mismo, entre sus responsabilidades está firmar actas de compromisos antes de ser puestos en libertad, rendir informes mensuales ante la oficina de Danilo Rueda, aprobar un diplomado en Construcción de Paz y Gestión de Conflictos Sociales y Políticos con la Universidad del Valle (institución que donará los cursos), y recibir atención psicosocial durante el proceso. Además de todo esto, deben realizar las correspondientes tareas en favor de la paz, que defina el Gobierno.
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La figura de voceros de paz se hace posible gracias a la ley de orden público (2272 de 2022), conocida como ley de paz total, que aprobó el Congreso este año. Hace parte del marco legislativo que requería el Gobierno para tener luz verde para negociar con actores armados, de carácter político y no político.
La figura de vocero de paz expresa que el presidente designará a ciertas personas la misión de de apoyar las tareas de construcción de paz y la reconciliación entre los colombianos. En este caso, en su anuncio, los ministros del Interior, Justicia y Defensa mencionaron que no saben cuáles de estos jóvenes liberados hacen parte de la Primera Línea. En todo caso, la figura es distinta a la de “gestores de paz” y, entre otras cosas, los voceros no reciben salario, como en un momento entendió el país por cuenta de confusiones en la difusión del mensaje presidencial.
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