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Tras la muerte del joven Dilan Mauricio Cruz, de 18 años –quien sufrió una lesión en la cabeza tras ser impactado por un proyectil, del que no se ha determinado el material, lanzado por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía– nuevamente se puso en el sonajero del Congreso la idea de desmontar esta fuerza de choque.
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La propuesta fue elevada por el representante a la Cámara, Wilmer Leal (Alianza Verde), quien instó a los miembros del Comité del Paro Nacional, que adelantan diálogos con el Gobierno, incluir este punto en la agenda, advirtiendo el “uso desmedido de la fuerza” que protagonizan durante sus actuaciones.
“Es muy triste que pasen cosas como las de Dilan para que abramos un debate como estos. Por eso le pedimos al Comité del Paro Nacional que, entre los puntos a conversar con el presidente, esté el desmonte del Esmad y se revise todo lo que tiene que ver con el tema de procedimientos en las protestas pacíficas que se adelantan alrededor del país”, sostuvo el parlamentario.
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Para Leal, la responsabilidad en el uso desmedido de la fuerza no es responsabilidad del Esmad, sino del Gobierno Nacional, “quienes deben entender que a través del dialogo se solucionan los problemas que hoy vive nuestro país y no a través del uso de la fuerza”.
Previamente, familiares de víctimas del Esmad hicieron lo propio e instaron al presidente Iván Duque revisar el tema de la "brutalidad policial", incluyendo el desmonte gradual de esta unidad antidisturbios desde inicios de 2020.
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Eneried Aranguren y Wilman Silva, padres de Jhony Silva, un estudiante de la Universidad del Valle -asesinado por la Policía en el marco de una protesta en 2005-, se unieron para enviar la carta a Yuri Neira, padre de Nicolás Neira, un joven de 15 años que murió, también en 2005, cuando en una manifestación por el Día del Trabajo fue impactado en la cabeza por una bala de gas lacrimógeno. En ambos casos, el Consejo de Estado ha condenado a la Nación por el uso excesivo de la fuerza y ha ordenado al Gobierno a indemnizar a las familias.
Entre otras, le solicitan al Congreso que cite a control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y al director de la Policía, general Óscar Atehortúa, “en razón “a la sistemática violación de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano los cuales han sido violentados por agentes del Esmad”.
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Adicionalmente, le piden al Gobierno que le exija al fiscal que el crimen contra el joven Cruz sea investigado por la unidad contra Violaciones a los Derechos Humanos, “bajo una línea de sistematicidad”, pues, aseguran, “las circunstancias en que fue desarrollada la tentativa de homicidio revisten los mismos parámetros y patrones ocurridos con Nicolás Neira, donde los actos de control se adelantan con el propósito de causar daño a los manifestantes”.
La propuesta no es nueva. En agosto de 2016, previo a la firma del Acuerdo de Paz, desde el Congreso insistieron en el desmonte del Esmad para la contención de la protesta social, advertiendo que no sería coherente terminar la guerra y promover “batallas campales” entre Fuerza Púbica y manifestantes.
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“Es necesario que se desmonte el Esmad, entramos en la etapa del posconflicto muy pronto y no tiene sentido lógico que acabemos la guerra y ahora en la protesta social se cometan asesinatos como los que se están cometiendo”, dijo en su momento Inti Asprilla, representante a la Cámara por el Partido Verde.