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En medio de las versiones y la falta de claridad en torno a los costos de crear una sede alterna de la Presidencia de la República en Barranquilla, en las últimas horas se conocieron algunas cifras relacionadas con el tema. Se trata de los montos y las empresas privadas detrás de las donaciones que apalancaron las obras en el Batallón Paraíso de Barranquilla, desde donde hoy despacha, durante varios días de la semana, el presidente Abelardo de la Espriella.
La información hace parte de la respuesta a un derecho de petición que envió al Ministerio de Defensa la congresista huilense Lourdes Mateus, del Pacto Histórico. De acuerdo con ella, la cartera respondió 16 preguntas en las que se conoció el nombre de las empresas que pagaron varias de las obras de carpintería, mantenimiento de redes, vidrios blindados, acabados y otros elementos.
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Según la información, detrás de esos aspectos de la obra están las empresas Industrias Maderas Isaac S.A.S., Proyectos Franco Estructuras S.A.S., Prosound Colombia S.A.S., JG Solutions Service S.A.S., Iark Construction S.A.S., Distracol S.A.S., Vismar Tech S.A.S. y Tecnoglass. Esta última, de los hermanos Daes, fue la que más aportó, pues aparece con un registro de COP 310 millones de los COP 858 que suman entre todas las firmas.
La representante Mateus llamó la atención sobre los detalles de la obra, pues aseguró que, según el derecho de petición, el Ministerio de Defensa no tiene ningún convenio con la Presidencia para regular el uso del batallón como sede del poder Ejecutivo. Además, señaló que las adecuaciones no necesitaron estudios porque no intervinieron los componentes estructurales de las instalaciones.
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“Esto importa porque no estamos hablando de empresarios arreglando gratuitamente la casa de un amigo; estamos hablando de particulares interviniendo un inmueble militar, propiedad de la Nación, para ponerlo al servicio de la Presidencia de la República. Y esta es solo la punta del iceberg”, cuestionó la congresista.
Las obras para poner a punto esta sede alterna de la Presidencia iniciaron antes de la posesión del 7 de agosto e involucraron a cientos de trabajadores que trabajaron en los accesos y los interiores del complejo. El pasado 2 de agosto, ante los cuestionamientos, De la Espriella dijo que puso COP 700 millones de su “propia plata” y que publicaría las facturas que comprobarían esos giros como una donación al Estado. Además, explicó que no se trata de un “símbolo de privilegio”, sino de presencia institucional y descentralización.
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