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El Senado de la República dio luz verde en último debate al proyecto que establece las normas de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz y que permitirá a ese nuevo sistema transicional contar con su propio reglamento. La decisión se da en medio de un arduo debate entre el gobierno saliente de Juan Manuel Santos y el entrante, de Iván Duque, quien venía proponiendo modificaciones sustanciales al texto avalado este miércoles, en la plenaria.
Como se venía vislumbrando, el partido que se prepara para actuar del lado del presidente electo, ganó el pulso en el recinto con dos puntos esenciales y, al final, las demás colectividades votaron a favor de esos elementos propuestos por el uribismo. El primero, tiene que ver con la forma en la que procederá la Sección de Revisión de la JEP a la hora de avalar una solicitud de extradición. El texto aprobado impedirá a dicha sala practicar pruebas para determinar la fecha de la comisión de un determinado delito.
La iniciativa fue radicada por la senadora Paloma Valencia, delegada del Centro Democrático, como integrante de la subcomisión que se encargó de destrabar la discusión en el Legislativo, y logró que se determinara que únicamente verificará que los hechos a los que se refiera la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos. "No podrá decretar pruebas. En ningún caso, la JEP podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto, ni sobre la responsabilidad de sobre quien fuere solicitado en extradición".
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La modificación sustancial radica en que, según el texto aprobado por la Cámara de Representantes, dicha sala sí podía practicar pruebas pero las necesarias, pertinentes y estrictas para establecer la fecha de comisión de la conducta punible. Es decir, ya había quedado claro que no podía pronunciarse sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de quien es solicitado en extradición. Puntos que requerirán de un proceso de conciliación, convocado para después de la medianoche de hoy miércoles.
Superada esa discusión, y con un punto en contra del gobierno, el debate se trasladó al procedimiento especial para los militares y policías que se acogerán a la justicia transicional por cuenta de su participación -directa o indirecta- en el conflicto armado. Nuevamente, la senadora Valencia hizo valer la gobernabilidad del nuevo presidente e insistió en que a los uniformados se les debe crear una especie de un nuevo mecanismo que deberá ser reglamentado dentro de, máximo, año y medio.
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"Los procesos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia iniciarán o continuarán su trámite una vez el procedimiento especial y diferenciado para el juzgamiento exista. Sin embargo, el compareciente podrá solicitar de manera expresa que el proceso continúe y en ese caso se utilizarán los procedimientos aprobados por esta ley. Mientras mantengan los compromisos de sometimiento a la JEP, podrán mantener los beneficios del sistema y las medidas provisionales decretadas a su favor antes de la entrada en vigencia de esta ley y podrán igualmente solicitarlos y les serán concedidos de acuerdo con los requisitos vigentes. El gobierno y el Congreso tendrán 18 meses para presentar y aprobar dicho procedimiento", fue el texto avalado por la plenaria del Senado.
El coordinador ponente del lado del gobierno, el senador Roy Barreras (la U), alertó que este artículo podría dejar las puertas abiertas para que la Corte Penal Internacional intervenga en Colombia, y se apersone de los casos de los miembros de la Fuerza Pública con responsabilidad en el conflicto interno. "¿Vamos a dejar 18 meses a la espera de qué? ¿De la inconstitucionalidad? ¿Del limbo?", insistió Barreras, cuyo argumento fue acompañado por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
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En ese sentido, el jefe de dicha cartera ministerial recordó la carta que, este miércoles más temprano, recibió la legisladora de manos de la cúpula militar en la que le afirmaban sentir las suficientes garantías jurídicas con el proyecto que había puesto a consideración el gobierno al Congreso. "Poner ese plazo para inventarse un nuevo procedimiento y que escojan si van o no es una incertidumbre injusta. Nuestras tropas han dicho que las disposiciones ofrecen convicción sobre la seguridad jurídica que puede brindar la JEP a las Fuerzas Armadas de Colombia, y eso no se puede desconocer", señaló Villegas.
Sobre lo aprobado, el máximo dirigente del nuevo partido FARC, Rodrigo Londoño, pidió a la Corte Constitucional pronunicarse en contra de lo aprobado en la plenaria del Senado, argumentando que contrarían el Acuerdo de Paz y la Constitución Política. El propio ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el alto tribunal tendrá que contrastar esos dos artículos avalados. No obstante, reconoció que el Legislativo haya dado este paso para aprobar el procedimiento de la JEP-