El Congreso le ganó el pulso a Abelardo de la Espriella. En el Senado se aprobó el informe presentado por el legislador Hernán Cadavid (Centro Democrático) con el que se niegan las objeciones para no sancionar la ley 245 de 2026, con la que se prohíbe la disminución de requisitos en cargos públicos. La votación arrojó 78 votos a favor del informe que niega las objeciones presidenciales y 4 votos en contra.
Los únicos cuatro senadores que se opusieron fueron Laura Ahumada, Pedro Flórez, Ferney Silva y Yany Isabel Contreras, todos del Pacto Histórico. Ahora el informe presentado pasará a la Cámara, donde el pulso puede ser diferente, ya que el Gobierno cuenta con más aliados en esa corporación. En caso de que el informe sea aprobado por segunda vez, deberá sancionarse por el presidente De la Espriella, pero si por el contrario no lo hace, el presidente del Senado, Honorio Henríquez puede sancionar la ley y esta pasaría a la Corte Constitucional para someterse a estudio.
La ley fue objetada, como lo contó El Espectador, en agosto de 2026, según lo publicado en el Diario Oficial. Según el documento, “con fundamento en los artículos 165, 166, 167 y 200 de la Constitución Política, el Gobierno nacional respetuosamente se permite objetar por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia el Proyecto de Ley número 056 de 2024 Cámara, 345 de 2024 Senado […] y, en consecuencia, lo devuelve a la Cámara en que tuvo origen, sin la correspondiente sanción presidencial para que surta el trámite previsto en la Constitución Política y en la Ley 5 de 1992″.
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El Gobierno objetó esta ley por "inconstitucionalidad e inconveniencia" y consta de tres vulneraciones. La primera es la “desnaturalización de las competencias constitucionales de la Sala de Consulta y Servicio Civil y coadministración judicial prohibida”, la segunda es la “invasión de competencias del Ejecutivo, petrificación legislativa y vaciamiento de la potestad reglamentaria en el nivel directivo” y la tercera es la “subjetivización del empleo público, desconocimiento del debido proceso, tipicidad y dosimetría disciplinaria”.
“El legislador incurre en una grave extralimitación competencial cuando pretende imponer una prohibición rígida e inmutable de ‘no disminución de requisitos mínimos” hacia el futuro, incurriendo en una autoatadura o petrificación legislativa inadmisible’, asegura el Gobierno. Y agrega: “En el régimen constitucional colombiano, una ley no puede despojarse a sí misma de su facultad futura de reformar o flexibilizar criterios normativos, ni puede cercenar la potestad reglamentaria del Presidente para ajustar los requisitos a las dinámicas del Estado”.
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Por su parte, tras la aprobación del informe en el Senado, el legislador Hernán Cadavid dijo: "Gracias al Senado de la República, que acaba de aprobar nuestro informe, que rechaza las objeciones del Gobierno Nacional a nuestra ley del mérito. Lo hemos demostrado con argumentos, con paciencia y explicando por qué es importante este tipo de normas en Colombia, para que en la administración pública siempre estén los mejores. Vamos a continuar el proceso, pero hoy se ha dado un gran paso. Agradezco este respaldo de casi 80 votos al interior de la plenaria del Senado, que también dan un mensaje político privilegiando el mérito antes que cualquier cosa en la función pública".
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