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Ante los rumores que corrieron la semana pasada sobre la posibilidad de que el presidente Iván Duque Márquez decretara la conmoción interior para realizar la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich por la vía administrativa, el movimiento Defendamos la paz advirtió en un comunicado que optar por esta vía sería optar “por destruir el proceso de paz en sus fundamentos, asestar un golpe contra la democracia, e indefectiblemente dar un giro hacia la entronización de un poder totalitario”.
Aunque el Gobierno descartó la implementación de esa posibilidad, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aceptó en domingo en la noche, en entrevista con Noticias Caracol, que esa opción, entre otras estuvo en la mesa del Gobierno Nacional.
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El movimiento, integrado por varios sectores políticos defensores de la implementación del Acuerdo de Paz, señaló: “Con relación a los últimos acontecimientos llamamos la atención sobre el contraste entre la manera fluida con que se dio la cooperación internacional con la Fiscalía y no con la JEP, los pasos que fueron omitidos por el exfiscal Néstor Humberto Martínez para legalizar actuaciones en este proceso, y el ocultamiento de material que fue presentado después de la decisión de los magistrados”.
En ese sentido, expresó que hay una “fuerte impresión” de que todo lo que ocurrió respecto al caso Santrich fue una “actuación meticulosamente tejida para provocar una crisis de legitimidad de la JEP, causar un grave daño al proceso de paz, inducir la equivocada percepción de que ha acontecido un cambio traumático en el funcionamiento del mecanismo de extradición, y promover la sensación de que se ha producido una situación de caos institucional que solo puede resolverse con medidas excepcionales”.
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Además, anota que la verdadera crisis se vive en los territorios que han sido más afectados por la guerra, en donde se sufre un incremento de homicidios, desplazamientos y víctimas de minas antipersonal. “El Gobierno Nacional ha sido incapaz de llegar a estos territorios con una política de seguridad y justicia territorial dirigida a la protección de la población, y con bienes y servicios básicos para fomentar el desarrollo rural. Por el contrario, hoy se conoce que a los territorios se llega con una política de evaluación de resultados operacionales que tiene el potencial de devolvernos a las peores épocas de los ‘falsos positivos’”.
Defendamos la paz concluye con un llamado a los organismos internacionales para que incrementen el acompañamiento y la observación a la implementación del Acuerdo de Paz.