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Crece la tensión y la incertidumbre en el petrismo y otras orillas políticas por la falta de una decisión de fondo en la investigación del Consejo Nacional Electoral a la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022 por supuesta violación del tope de gastos. Si bien la Sala Plena de la entidad ha intentado votar en las últimas semanas, la falta de mayorías en un sentido u otro y hasta problemas administrativos han frenado la decisión.
El pasado 13 de noviembre, de los siete magistrados que estaban presentes en la sala, cinco votaron a favor de la ponencia que buscaba sancionar a las principales figuras de la campaña y a los partidos que hacen parte de la coalición del Pacto Histórico, pero otros dos votaron en contra. Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) y Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres) no estuvieron presentes, pues la primera fue recusada, mientras que el segundo se declaró impedido para votar. Así las cosas, la sala tuvo que llamar a dos conjueces para que ayuden a tomar una deliberación final.
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Como en el CNE una mayoría se completa con seis votos, el voto de los conjueces será crucial. Los magistrados que votaron favorablemente fueron Maritza Martínez (Partido de la U), Altus Baquero (Liberal) y Alfonso Campo (Partido Conservador). La magistrada Fabiola Márquez (Pacto Histórico) fue por el “no”, al igual que Cristian Quiroz (Alianza Verde), presidente del tribunal electoral.
El expediente llegará a manos de Jorge Iván Acuña y Majer Abushihab, postulados por Márquez y Prada, respectivamente, para que decidan. Sin embargo, aunque se esperaba una decisión esta semana, los conjueces pidieron más tiempo para estudiar a profundidad las pruebas con las que los magistrados.
Además, otro de los motivos que llevó a aplazar la votación de este jueves fue la ausencia de algunos magistrados que estaban en el exterior y no lograron regresar a tiempo al país por problemas con sus vuelos.
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De acuerdo a la ponencia radicada en agosto de este año, se concluyó que existieron violaciones a los topes de financiación de campaña de Petro, los cuales habrían sobrepasado los 3.000 millones de pesos. Entre las sanciones se contempla una a los partidos políticos Unión Patriótica y Colombia Humana por más de 580 millones de pesos. Además de una multa de 6.000 millones de pesos al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de campaña de Petro. Así como multas a la tesorera Lucy Mogollón y la auditora Lucy Soto.
Las posibles violaciones a los topes se relacionan con dinero que no habría sido declarado en medio de las dos vueltas presidenciales de Petro. Algunos de estos recursos corresponden a ciertas donaciones recibidas de varios sindicatos como Fecode (COP 500 millones) y la Unión Sindical Obrera, USO (COP 600 millones), y a préstamos de partidos políticos: el Polo Democrático por COP 500 millones y fondos de la campaña del Pacto Histórico para el Senado por más de COP 200 millones.
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