Sofía Gaviria propone objetar la JEP y crear un nuevo sistema de justicia transicional

Sofía Gaviria, exsenadora del Partido Liberal. / Archivo El Espectador

A través de una carta, la exsenadora por el Partido Liberal y líder de las víctimas de las Farc, Sofía Gaviria, le pidió al presidente Iván Duque objetar la ley estatutaria de la JEP para, en cambio, crear un nuevo sistema de justicia transicional que garantice la verdad, justicia, reparación y no repetición.

“El clamor de las víctimas es que se objete la ley estatutaria de la JEP y no sólo algunos artículos concretos, porque ese proyecto no garantiza ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni no repetición”, comienza diciendo en la misiva.

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En ese sentido, le propone “racionalizar la justicia, que está completamente desinstitucionalizada”. Eso lo explica en cuanto a que, en la actualidad, existen seis justicias penales, que son la ordinaria, aforados, justicia y paz, justicia penal militar,  justicia especial indígena y la JEP.

“Sólo las dos primeras hacen parte de la rama judicial. Las otras gravitan sueltas. Eso no es racional, ni serio, ni funcional, al tiempo que favorece a la impunidad”, apuntó Gaviria.

La propuesta de crear un nuevo sistema transicional consiste en unificar la JEP con Justicia y Paz. “Esto permitiría rescatar la experiencia valiosa de Justicia y Paz y corregir sus errores, sobre todo en materia de verdad y entrega de bienes”, comentó.

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Según Gaviria, de la JEP se conservaría “lo inmodificable” que, explica, son las excarcelaciones, salvo en los máximos responsables de delitos de lesa humanidad. Además, esta iniciativa suprimiría la institución, “con todos sus procedimientos y magistrados (que no hacen parte de la favorabilidad)”.

“Esto podría generar una nueva institucionalidad que les dé confianza a todos los colombianos: las Fuerzas Armadas, las Farc, los paramilitares, los desmovilizados en otros procesos y, sobre todo, a las víctimas. Que garantice la neutralidad”, explicó la exparlamentaria.

En consecuencia, esta unificación pasaría a llamarse Justicia, Paz y Reconciliación (JPR) y a hacer parte de la rama judicial con dos instancias, estando la primera a cargo del tribunal transicional y el segundo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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La JPR contaría con cinco salas, ubicadas en los tribunales superiores de Cundinamarca, Antioquia, Barranquilla, Cúcuta y Popayán, integradas, cada una, por cuatro magistrados: tres de conocimiento y uno de control de garantías. “Habría un total de 20 magistrados (hoy en Justicia y Paz hay 14, o sea, sería crear sólo seis cargos). Todos ellos escogidos por el Gobierno Nacional. La investigación estaría a cargo de la Fiscalía General de la Nación, a través de una dependencia especial, cuyo fiscal director debe ser designado por la Corte Constitucional”, plantea la líder del grupo de víctimas la Federación de Víctimas de las Farc.

“Estamos convencidos de que mantener la JEP es hacer trizas los acuerdos. Todos los colombianos buscamos la paz, pero la JEP no es el camino. Por el contrario, se ha constituido en una justicia de la cosa nostra, en la que mafiosos, paramilitares, guerrilleros, corruptos y simpatizantes de todo este entramado se favorecen en contra de la institucionalidad y con la angustia de la sociedad en su conjunto”, concluyó.