Reintegro de Huertas y alertas: esto respondieron UNP y Mindefensa en debate sobre nexos con “Calarcá”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, asistió al Congreso esta semana para responder por las acciones desde su cartera.

Foto: Óscar Pérez

Al Congreso llegaron esta semana el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para responder por las revelaciones sobre el nexo entre dos altos funcionarios del Estado con las disidencias de “Calarcá Córdoba”. En documentos en manos de El Espectador, se detallan las acciones que han seguido a la denuncia, así como las razones detrás del reintegro del general Juan Miguel Huertas, uno de los señalados de entablar comunicación con el grupo criminal.

Precisamente sobre este último respondió la cartera a cargo del general (r) Pedro Sánchez. En el cuestionario, se explica que el retiro en 2021 del uniformado implicado ocurrió bajo una figura en la que se “permite el retiro sin que sea requisito la existencia de un proceso administrativo o disciplinario, por cuanto se fundamenta en la valoración institucional sobre la prestación del servicio, las necesidades del mando y la organización del personal militar”. En pocas palabras, no tuvo como sustento una investigación.

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Sobre su reintegro, que ocurrió en el “Gobierno del cambio”, se indica que está incluido entre las facultades que tiene el presidente Gustavo Petro como Comandante Supremo de la Fuerza Pública. No es, en todo caso, arbitraria, pues se requieren “razones objetivas y orientadas al interés general y a las necesidades del servicio, preservar la disciplina y la confianza institucional”. Son claros, en todo caso, en que este tipo de acciones están sometidos a control “para evitar desviación de poder o vulneración de derechos fundamentales”.

Sin embargo, frente a la pregunta sobre advertencias, noticias o alertas de los servicios de contrainteligencia sobre presuntos vínculos de miembros de la Fuerza Pública con grupos armados, se señala que esa información está bajo “reserva legal”, como lo está todas las funciones que cumplen este tipo de organismos de inteligencia. Eso sí, indican que solo conocieron de la presunta implicación de Huertas tras las revelaciones de Noticias Caracol.

“Una vez conocida dicha información se emitieron órdenes de misión a las Brigadas de Contrainteligencia Militar 1 y 2 para que, dentro de cada competencia misional y funcional, se recolecte información que permita en el marco de las funciones que otorga la Ley, adelantar las verificaciones frente a lo expuesto por el medio de comunicación. De igual manera, el Comando del Ejército Nacional ordenó con auto del 24 de noviembre de 2025 la apertura de la Investigación Disciplinaria por los hechos en mención”, se lee en la misiva.

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Del lado de la UNP de Rodríguez, que ya ha tenido que responder por el uso de los vehículos por parte de jefes criminales reconocidos como voceros en los diálogos de paz, también se refirieron a ese caso. Sobre las denuncias, reconocieron que supieron de esos posibles nexos con las revelaciones del noticiero.

¿Qué se dijo sobre la política de paz total?

El documento entregado al Senado por la UNP da más detalles sobre las denuncias que han rondado por el uso de los vehículos y las medidas a los voceros de los grupos criminales en mesas de negociación. Por ejemplo, Rodríguez explica que el 23 de julio de 2024 recibió una llamada telefónica del entonces ministro de Defensa Iván Velásquez por una “novedad presentada durante el desplazamiento de miembros del Grupo Armado Organizado (GAO) “Estado Mayor de las FARC-EP – EM FARC-EP” en proceso de paz, cuya caravana había sido requerida en un retén realizado por las Fuerzas Militares".

“En atención a dicha consulta, indiqué al ministro que todos los vehículos debían dirigirse a una estación de Policía o a una guarnición militar, con el propósito de adelantar el procedimiento correspondiente de inspección y verificación de las autorizaciones de las personas que se movilizaban en los vehículos”, se lee, sin mayores detalles sobre el tipo de novedades que se presentaron.

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Además, revela que se han “recibido varios reportes relacionados con el hurto de armamento y vehículos, presuntamente destinados a actividades ilícitas por parte de grupos armados ilegales”. La cifra, de acuerdo con la misma entidad, entre enero y el 1 diciembre, asciende a 85 casos de hurto de vehículos.

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