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No cesan las críticas al gobierno de Gustavo Petro por las millonarias movidas contractuales que se concretaron antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías electorales. Además de los cuestionamientos de la oposición, este jueves se conoció un nuevo informe, esta vez de la Contraloría, que pone bajo la lupa el manejo de los recursos.
El ente de control señaló que se presentó “un elevado número de contratos por valor de COP 32,88 billones durante el mes de enero y previo a la restricción”. De hecho, en el informe se detalla que solo en la última semana del mes pasado se movió el 45 % de esos recursos.
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En el informe de la Contraloría se habla de 521.269 contratos de contratación directa firmados en enero. “El orden territorial concentró la mayoría, con 348.495 contratos por $17,7 billones; el orden nacional registró 164.813 contratos por $14,87 billones, y las corporaciones autónomas aportaron 7.961 contratos por $0,3 billones”, aclaró la entidad.
Así mismo, de estos datos llama la atención que las órdenes de prestación de servicios (OPS) en el orden nacional aumentaron en 56.842 contratos y COP 6,03 billones, esto en comparación con el mismo periodo de 2022, alcanzando 164.813 contratos por COP 14,87 billones en 2026, frente a los 107.971 que costaron COP 8,84 billones en 2022.
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A esto se suma que un reciente informe de Colombia Compra Eficiente (CCE) reveló cuáles fueron las entidades que más contrataron previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Además, hizo un recopilado de todas las ciudades que más destinaron recursos en vinculaciones. De acuerdo con el director, Cristóbal Padilla Tejada, solo en enero se movieron COP 37 billones en total, una cifra que incluso supera a la estimada por la Contraloría.
El informe revela que fue el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) la entidad que más realizó vinculaciones. En total, la entidad que dirige Jorge Londoño Ulloa, cuota de Alianza Verde, firmó 37.626 contratos que sumaron COP 1,7 billones. Después está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de Astrid Cáceres, que firmó 15.627 contratos por un valor de COP 1,2 billones; la Unidad Especial para la Atención y Reparación a Víctimas, con 3.123 contratos (COP 508 mil millones); y el Ministerio de Educación de Daniel Rojas, con 966 contratos (COP 442 mil millones).
En el orden departamental y municipal, las ciudades también fueron puestas bajo la lupa. La oficina determinó que Barranquilla, encabezada por Alex Char, fue la que más celebró contratos: 6.947 por COP 1,3 billones. Le siguió Bogotá, de Carlos Fernando Galán, con 20.763 contratos por COP 1,2 billones; Medellín, de Federico Gutiérrez, con 1.277 contratos por COP 894 mil millones; Cali, de Alejandro Eder, con 10.899 contratos por COP 736 mil millones; y Cartagena, de Dumek Turbay, con 6.198 contratos por COP 431 mil millones.
Pagos retrasados a contratistas
La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, dio a conocer este jueves que, de acuerdo a varias consultas en entidades, encontró que hay contratistas que, estando a mediados de febrero, no han recibido sus pagos de diciembre. “Mientras el Gobierno habla de derechos laborales, en la práctica deja a la gente sin sueldo”, cuestionó la congresista.
DENUNCIA 🚨
— Angélica Lozano Correa | SENADO #VERDE10 💚🌻 (@AngelicaLozanoC) February 12, 2026
Hoy, mediados de febrero, miles de contratistas de servicios siguen sin recibir el pago de sus honorarios de DICIEMBRE de 2025. Las propias entidades públicas lo reconocen en respuestas oficiales. Mientras el Gobierno habla de derechos laborales, en la práctica deja a… pic.twitter.com/2ECUWwngpV
De acuerdo con las cifras que recaudó Lozano, entre las entidades que presentan más casos de este tipo están el Ministerio del Interior, que tiene 1.410 cuentas pendientes; el Departamento Nacional de Planeación, con 790 contratistas sin pago; el Ministerio de Ciencias, con 69 casos; y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT, con 54.
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En las respuestas oficiales se establece que algunas entidades atribuyen el retraso a falta de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, mientras que otras señalan que es algo ‘’normal’’. La senadora cuestionó estas posturas y dijo que es urgente que el Congreso apruebe una suerte de ley de garantías para los contratistas.
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