Es testigo principal en el proceso penal que se adelanta en contra de Rodolfo Hernández por hechos ocurridos cuando él fue alcalde de Bucaramanga (enero 2016-sept. 2019). ¿Por qué y cómo lo conoció?
Conocí al hijo de Rodolfo, Luis Carlos Hernández, en 2006, en una reunión social donde un amigo común. Después nos veíamos frecuentemente en mi finca del municipio de Sabana de Torres, que a él le gustaba mucho porque contábamos con piscina, caballos y buena atención. Él iba con quien entonces era su esposa. Conocí a sus papás en reuniones familiares a las que Luis Carlos me invitaba, como el cumpleaños de su hija.
También estuve en el penthouse en donde vive Rodolfo Hernández, en el edificio Premier del barrio Cabecera, del cual es propietario casi por completo.
¿Se puede decir que era amigo cercano del hijo de Rodolfo Hernández y también de este y su familia?
Fui muy amigo de Luis Carlos. A su familia la conocí en las reuniones sociales que le comento e hice unas citas de negocios con Luis Carlos y el alcalde, aunque quien intermediaba directamente con este, en el negocio Vitalogic, era su hijo.
¿En qué consistió el negocio Vitalogic?
La empresa Vitalogic RSU se interesó en participar en el proceso público para convertir las basuras (residuos sólidos urbanos) de Bucaramanga en energía o producto de alto valor agregado como se le denomina. Vitalogic iba a importar plantas tecnológicas WastAway de Estados Unidos, con las que se iba a ejecutar la operación una vez resultara ganadora la firma en la adjudicación del contrato. Y nosotros, con el hijo del alcalde y otras personas, nos unimos para ser los intermediarios en el proceso de selección. Íbamos a ganarnos una comisión cuando esa operación se le adjudicara a Vitalogic.
Precisamente, el proceso penal que cursa contra Rodolfo Hernández se inició por el delito de interés indebido en la celebración de contratos con hechos relacionados con el caso Vitalogic. Usted iba a entregar su primer testimonio la semana pasada, después de casi seis años, ¿por qué no pudo declarar?
Ese proceso judicial ha sido bastante demorado. Además de los incidentes dentro del mismo, la posesión de Hernández como senador obligó a que el caso pasara de la Fiscalía a la Corte Suprema. Cuando él renunció al Congreso, unos meses después, el proceso volvió al despacho del mismo fiscal en Bucaramanga. Y hace unos días, cuando todo estaba listo para iniciar la audiencia en el juicio oral, esta fue suspendida porque, según se nos dijo, el fiscal Jorge Alberto Villamizar se enfermó. Esa audiencia se reprogramó para el 27 de abril.
¿Cree que el exalcalde y sus abogados han incidido en la suspensión de diligencias y audiencias, así como en la demora en el avance del proceso que ya está en etapa de juicio?
Él no ha asistido a varias audiencias y se perdieron varios meses en el paso del proceso de la Fiscalía a la Corte y, luego, de la Corte a la Fiscalía.
Tal como ha dicho, era “socio” del hijo del exalcalde, Luis Carlos Hernández, en el cobro de comisiones una vez fuera adjudicado el contrato multimillonario de conversión en energía de los residuos sólidos de Bucaramanga. En desarrollo de su interés mutuo en el proceso licitatorio, ustedes se cruzaron muchos mensajes en Whatsapp, ¿no es verdad? ¿Qué prueban esos mensajes?
Todo empezó a finales de 2015 y comienzos de 2016, cuando hablé con Luis Carlos para que trabajáramos conjuntamente con su padre en la Alcaldía, en la solución de problemas de Bucaramanga, como el que se deriva del manejo de las basuras y el de las aguas residuales. Luis Carlos y yo, con Carlos Gutiérrez (un empresario santandereano que contrata con el Estado) y el ingeniero Jorge Hernán Alarcón (a quien el alcalde le puso “la calavera”) conseguimos una tecnología estadounidense (WastAway), mediante la cual la basura orgánica se puede transformar en electricidad. Los recursos serían aportados por los norteamericanos. Todo lo que estoy diciendo tiene sustento en fotografías y mensajes de Whatsapp que nos cruzamos con Luis Carlos Hernández desde enero de 2016 hasta octubre de 2017. Estas evidencias fueron entregadas a la Fiscalía, que las tiene en cadena de custodia. Allí se prueba la línea de tiempo en que sucedieron estos hechos.
Según la investigación judicial, no se trataba de un negocio común y corriente. De acuerdo con las pruebas que aportó, ese proceso público fue direccionado, a instancias y por interés del hijo, por el alcalde para que el contrato de manejo de los residuos orgánicos de Bucaramanga, por el enorme valor de US$250 millones, se lo ganara Vitalogic.
Así es. La Fiscalía investiga si Rodolfo Hernández cometió el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Puntualmente, los mensajes prueban que el alcalde direccionó la contratación como asesor o consultor, por parte de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB, del ingeniero Jorge Hernán Alarcón (“la calavera”) para que este se encargara de elaborar los pliegos del concurso de tal manera que favorecieran a Vitalogic.
¿Fue testigo directo de la contratación del ingeniero Jorge Hernán Alarcón para que este se encargara de esa tarea específica?
Sí. Fui testigo directo del interés del alcalde Rodolfo Hernández en que la EMAB, entidad pública de la Alcaldía de Bucaramanga, contratara a Jorge Hernán Alarcón con el objeto de que este realizara los pliegos del concurso. En los mensajes en Whatsapp entregados a la Fiscalía es notoria la cronología de estos hechos como he dicho.
¿Era sobre este aspecto preciso sobre el que iba a declarar en la fallida audiencia de hace unos días?
Sí. El jueves pasado, 23 de febrero, iba a relatar cómo fueron las líneas de tiempo de todo lo que sucedió y que se pueden probar, de acuerdo con el contenido de los mensajes escritos entre nosotros, junto con Luis Carlos Hernández y Carlos Gutiérrez. Allí está, paso a paso, cómo se decidió la contratación de Jorge Hernán Alarcón y cómo Luis Carlos Hernández nos escribía que su padre, el alcalde, estaba al tanto de todo.
¿Los mensajes de Whatsapp que tiene la Fiscalía fueron entregados por usted?
Sí. Los investigadores de la Fiscalía vinieron a mi casa a entrevistarme varias veces. Y se llevaron toda la información que tenía en los celulares y en mis correos electrónicos.
No entiendo muy bien: su asociación con el hijo del alcalde, con el empresario Carlos Gutiérrez mencionado por usted y con el consultor Alarcón para cobrar “comisiones de éxito” cuando Vitalogic obtuviera el contrato público, ¿por qué comprometen la conducta personal de Rodolfo Hernández?
Porque con Luis Carlos Hernández solicitamos un documento de corretaje (comisión de éxito que perciben los corredores de comercio) a la empresa WastAway por las plantas que iba a instalar. Y también a Sercon, que sería el operador del contrato. Queda comprometida la conducta de Rodolfo Hernández porque Luis Carlos, autorizado por su padre, pone su nombre y autentica su firma en ese documento que fue elaborado por el abogado Manuel José Guarín, empleado de la constructora Hernández Gómez, HG, de propiedad del alcalde. Y porque ese escrito, además, fue avalado por Socorro Oliveros, madre de Luis Carlos y esposa de Rodolfo Hernández. Allí se establece claramente el porcentaje de las comisiones que iba a percibir Luis Carlos y cada uno de nosotros. Es claro que en el sector público el corretaje es un ilícito, pero que en el sector privado no lo es.
¿Cómo se explica que la esposa del alcalde en ejercicio y el abogado de la empresa cuyo propietario es el mismo alcalde que va a adjudicar un contrato, así como su hijo, se expongan creando y firmando un documento en que se pactan comisiones ilícitas? ¿No calcularon que estaban dejando evidencias claras sobre su supuesta culpa penal?
Pienso que actuaron así por desconfianza con nosotros: tal vez pensaron que íbamos a quedarnos con su parte de la comisión. Socorro Oliveros fue quien se impuso para que el nombre y la firma de su hijo quedaran en ese documento.
En el documento de corretaje, como lo llama, se estableció cuánto porcentaje de las comisiones iba a entregarse a cada uno de ustedes. ¿Cómo fue el acuerdo?
WastAway iba a pagar la comisión que se había establecido que le correspondería entregarnos cuando se concretara la entrega de las plantas en Bucaramanga. Y Sercon, que iba a ejecutar la operación, daría el 2,2 % de las ganancias durante el tiempo que cubriera la adjudicación, que iba a ser por 30 años.
¿Cuánto iría a los bolsillos del hijo del alcalde por cuenta de esta parte de la comisión?
Unos $16.800 millones, aproximadamente.
Siendo usted aliado y “socio” del hijo del exalcalde y uno de los que iría a percibir una suma millonaria, ¿por qué se convirtió en testigo en contra de la familia Hernández?
Porque después de dos años de estar trabajando con la empresa americana (WastAway), Rodolfo Hernández quiso contratar una tecnología holandesa y dejarnos por fuera. Busqué, entonces, a un amigo político para que me aconsejara. Él me llevó adonde un abogado, quien posteriormente entregó el caso a la Procuraduría y a la Fiscalía con las consecuencias que ya conocemos.
¿Cree que existen garantías para que un proceso judicial en contra del poderoso excandidato presidencial Rodolfo Hernández se pueda adelantar de manera imparcial en Bucaramanga?
Más temprano que tarde la justicia llegará, estando el proceso penal contra Rodolfo Hernández en Bucaramanga o en otra ciudad, porque las pruebas son contundentes y suficientes para que la Fiscalía y el juzgado lleguen a una buena decisión final.
Pero Hernández será, muy seguramente, el próximo gobernador de Santander una vez pasen las elecciones de octubre próximo. ¿El proceso penal en su contra avanzará pese a eso?
La imagen de Rodolfo Hernández está muy deteriorada en el departamento, tanto como en el país. Creo que es difícil que llegue a ser elegido o que pueda asumir otro cargo público. Y también es difícil que la justicia no opere eficientemente, porque, como dije antes, las pruebas son contundentes.
Se ha enfrentado al poder político y económico de la familia del excandidato presidencial que no es nada despreciable. ¿Se siente tranquilo? ¿Cree que puede sufrir represalias y de qué tipo?
Considero que el poder de Dios es mucho más grande que el poder descomunal de Rodolfo Hernández en Santander. Y ya hubo represalias de tipo legal.
¿Cuáles?
El escándalo por el caso Vitalogic estalló en septiembre de 2017. A los seis meses, es decir, en marzo de 2018, llegó desde el búnker de la Fiscalía en Bogotá la fiscal Sonia Lucero Velázquez con un escrito de acusación en mi contra por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, más una solicitud de 20 años y seis meses de prisión y multa de $12.344 millones. Estuve en detención domiciliaria, pero al año ya había salido por vencimiento de términos. La fiscal renunció y la reemplazó otra funcionaria. Con mi abogado hemos ido desestimando una a una las pruebas de la Fiscalía, quedando únicamente siete operaciones supuestamente ficticias cometidas por uno de mis exsocios en una compañía de exportación. Mi apoderado dice que lo más seguro es que todo termine en preclusión, absolución y devolución de los bienes expropiados.
Trasladó su residencia de Bucaramanga a otro lugar, ¿por qué lo hizo? ¿Tiene que ver con su enfrentamiento con la familia Hernández?
Sí. Me trasladé a otra ciudad por la seguridad y tranquilidad de mi familia y la mía, pues en Santander veían a Rodolfo como un héroe. En estos momentos, después de todo lo que ha sucedido, de lo que se conoce sobre él y de que todos los amigos cercanos se le estén retirando por su desmedida avaricia, creo que no tendría problema en regresar.
Entiendo que también tuvo algún negocio con Socorro Oliveros, la esposa de Rodolfo Hernández. ¿Eso es cierto? ¿De cuáles negocios se trataba?
Sí, es cierto. Por intermedio de su hijo, Luis Carlos Hernández, la señora Oliveros me hizo la solicitud de conseguir dólares más económicos que los que venden los bancos a precio TRM oficial. Necesitaba los dólares para la compra de un apartamento en Miami y para la remodelación de otro en esa misma ciudad.
¿Cuántos dólares le consiguió a la esposa de Hernández y en dónde?
En total le conseguí cerca de US$400 mil, que se compraron en las casas de cambio de Cúcuta. Se le consignó esa plata a la señora Oliveros, en sus cuentas de Miami. Ella pagó su valor en pesos en la oficina de la constructora HG, de su esposo. Todo lo que he dicho anteriormente también son pruebas escritas en los mensajes de Whatsapp.
Juicio a Rodolfo Hernández: el fiscal se enfermó
El pasado 23 de febrero iba a realizarse una audiencia en el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, en el juicio oral que se adelanta en contra del excandidato presidencial y virtual candidato a la gobernación de Santander en las elecciones de octubre de este año, Rodolfo Hernández. Pero se suspendió con el argumento de que el fiscal del caso se enfermó. Este funcionario judicial ya acusó al poderoso político de ese departamento, de haber incurrido en interés ilícito en la celebración de contratos públicos cuando, presuntamente, intervino de manera directa y personal, en la decisión de la Empresa Metropolitana de Aseo de esa ciudad, EMAB, de contratar a una persona que después alojó en su residencia, el ingeniero Jorge Hernán Alarcón, para que este se encargara de estructurar los pliegos de un concurso público para la adjudicación, por 30 años, del manejo de las basuras orgánicas de la ciudad. Se deduce, de esta maniobra, que el alcalde, su hijo Luis Carlos y hasta su esposa, Socorro, estarían interesados en controlar ese proceso licitatorio cuyo valor total sería de $250 millones de dólares. Es el caso conocido con el nombre de la Unión Temporal Vitalogic, que supuestamente era la escogida para quedarse con la millonaria adjudicación a cambio de comisiones.
Testigos en contra de Hernández y su hijo
La audiencia suspendida hace unos días, en el juicio oral que se sigue en contra del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, fue reprogramada por el juez del caso para dentro de casi dos meses, 27 de abril de este año. Se espera que ese día testifique el hoy entrevistado por El Espectador, Luis Andelfo Trujillo, testigo directo de los hechos, y el exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, José Manuel Becerra, quienes revelarán lo que consta a cada uno en contra del exalcalde y de su hijo Luis Carlos en el presunto interés que ambos tendrían en la adjudicación, al consorcio Vitalogic, del manejo de los residuos orgánicos urbanos de Bucaramanga, del cual podrían derivar, al menos en el caso de Luis Carlos Hernández, comisiones ilícitas. O, dicho de otra manera, coimas que le pagarían a este, las empresas operadoras del contrato. Una de las pruebas más fuertes en contra de los Hernández es la existencia de un documento “de corretaje” en que dos firmas se comprometían a entregarle al hijo del excandidato, y a otros de sus amigos, porcentajes de sus ganancias. Cuando el escándalo estalló, la adjudicación se suspendió. Pero sus huellas judiciales quedaron vivas como se nota en los juicios que todavía están haciendo curso.