Uno de los anuncios más importantes dados desde La Habana fue la decisión de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto. Eso abrió la caja de Pandora sobre uno de los delitos más complejos en Colombia, que tiene a miles de familias esperando saber qué pasó con sus seres queridos y por qué los desaparecieron. En la Comisión Segunda de la Cámara se dio ayer un debate sobre la magnitud del fenómeno, y las cifras son escalofriantes.
Independiente si se trata de desaparecidos en el marco del conflicto armado o no, lo más preocupante es que nadie sabe a ciencia cierta cuántos son. La Fiscalía presentó para el debate una cifra inesperada que anticipa la dimensión: se trata de un universo de 117.646 desaparecidos, según esta entidad, demostrando que la desaparición forzada no es un hecho sistemático.
Sin embargo, uno de los temas que más genera preocupación es que no hay coincidencia en las cifras que manejan las diferentes entidades del Estado. Al diagnóstico de la Fiscalía se suma el del Registro Nacional, que señala que hay 106.401. En este caso se discriminan las que son víctimas de desaparición forzada que llegan a 22.350 personas. Por otro lado, el Registro Único de Víctimas plantea que hay 45.515 desaparecidos por la guerra.
Tan grande como el dolor que genera la desaparición forzada, es la impunidad reinante frente a este delito. Las cifras del ente acusador señalan que hay 90 mil casos en proceso, de los cuales sólo 37 están en etapa de ejecución de penas, más de 30 mil en etapa de instrucción y 43.010 en investigación.
En lo referente a investigaciones, hay un capítulo que no se puede pasar por alto y en el cual ha reinado la impunidad. Se trata del asesinato sistemático de personas que después eran presentadas por los miembros de la Fuerza Pública como bajas en servicio, escándalo conocido como los “falsos positivos”: hay 386 procesos, 355 contra el Ejército Nacional, 22 contra la Policía y nueve más contra el Gaula.
El representante a la Cámara Alirio Uribe, citante del debate, manifestó que “la situación es dramática, hay un mecanismo de búsqueda que no ha sido eficaz”, y destacó que hay un factor que no se ha abordado de forma suficiente: “El tema de los cementerios es muy importante porque Medicina Legal tiene un mapeo de 22 mil cuerpos de personas enterradas en cementerios y no han sido identificadas sino 9 mil. Hay 12 mil sin identificar, entre ellos 5 mil niños”.
A su vez, la representante Ángela María Robledo sostiene que “sumado al atroz crimen de la desaparición forzada, las mujeres, como es frecuente, sistemático y reiterativo, llevan la peor parte: primero, porque no existe el concepto mismo de mujeres desaparecidas; segundo, porque la ausencia de una política de búsqueda con perspectiva de género es total y, tercero, porque persisten los estereotipos de género que invisibilizan los crímenes conexos que trae para las mujeres la desaparición forzada y que están relacionados en la mayoría de casos con violencia sexual”.