Tregua entre Petro y Márquez tiene $1,1 billones del presupuesto en la mira para 2026

Los vecinos del Congreso ven con mucho recelo el tire y afloje del proyecto del Presupuesto General de 2026 que llegó al Capitolio el pasado 29 de julio, no solo por lo que signifique para el presidente Gustavo Petro la caída de otra iniciativa económica, sino también por la relación entre él y la vicepresidenta Francia Márquez.

Un solo rubro con un monto proyectado de $1,1 billones ($1’117.925’601.013) está en la mira para que se mantenga la promesa de la paz entre ambos después de meses de roces, finiquitada a través de reuniones de lado y lado que esbozaron compromisos presupuestales para que al epílogo del “Gobierno del cambio” no se le atraviesen ruidos de “fuego amigo” entre las casas de Nariño y la Vicepresidencial.

Un encuentro en los últimos meses, en los días previos a la radicación del presupuesto de $556,9 billones ($556’975.198’920.436) —que necesita de una reforma tributaria de $26 billones para financiarlo—, entre la vicepresidenta, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, fue el primer paso para que la segunda al mando en el Ejecutivo explicitara sus necesidades en materia presupuestal.

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Aunque es un encuentro normal, pues entre la vicepresidenta y el minhacienda se han entendido para la destinación de esa dependencia en los últimos años para los costos de funcionamiento, y con el Departamento Nacional de Planeación para las inversiones, esta vez tuvo un añadido: Márquez ya no es la cabeza del Ministerio de Igualdad, y la medición de su gestión en el último año en el Gobierno reside únicamente en esa dependencia. Y en el historial de la asignación de recursos, las cuentas no son favorables.

Datos de la Vicepresidencia en una primera fase publicados por Semana evidenciaron que el monto más alto asignado a Márquez específicamente fue en el presupuesto para 2023, con $50 mil millones. Eso ha ido en bajada, paralelamente a las diferencias que ahondaron las distancias entre el presidente y la vicepresidenta, pero también a la creación de la cartera de Igualdad, que Márquez encabezó hasta su accidentada salida el 28 de febrero de este año.

El Espectador ahondó en la génesis de esos movimientos y estableció que el cambio reside en que desde 2022, con la publicación del decreto 1874, hasta hoy, las funciones asignadas para la vicepresidenta han cambiado. En esa normativa, publicada dos meses después de que la primera fórmula presidencial de la izquierda ascendiera al poder, se le asignaron nuevas facultades a Márquez. Entre ellas, algunas de las que pasarían luego al Minigualdad: la coordinación interinstitucional e intersectorial para el desarrollo de la política pública dirigida a poblaciones diversas LGBTIQ+ y para la Política Pública del Cuidado.

Después de la sanción de la Ley 2281 en enero de 2023, con la que se creó el Ministerio de Igualdad — tumbada por la Corte Constitucional al hallar “vicios de trámite” y por la cual el mantenimiento de la cartera peligra — el monto comenzó a bajar. En el presupuesto de 2024, para la Vicepresidencia se solicitaron $84.300’000.000, de los que se asignaron $31.154’797.188. Al año siguiente, se redujo casi a la mitad: aunque se pidieron $77.500’000.000, solo se entregaron $16.927’718.376.

Los vecinos de la Casa de Nariño ven ese número con preocupación y por eso fue que la misma Márquez, según conoció este diario, pidió un aumento para el monto de 2026 en esa reunión con Ávila y Rodríguez. Esta última es, en pocas palabras, la que se encarga de manejar todo el presupuesto asignado a la Presidencia, en donde también están dependencias como la Consejería Comisionada Paz, en cabeza de Otty Patiño, y la Consejería Presidencial para las Regiones, la encargada de las giras y los eventos del presidente Petro — como Gobierno con el Pueblo —, y a las que tampoco será menor el monto que se les asigne en pleno año preelectoral.

Con esto en mente, tampoco será fácil la discusión que se viene en el Congreso sobre ese tema, como tampoco lo será de puertas para adentro en Palacio, desde donde Petro decidirá, en últimas, cuál es el dinero que llegará para la Vicepresidencia. Con un presupuesto desfinanciado y con varios proyectos que están andando, la decisión se toma con base en cuál es el sector social que debe fortalecerse más y cualquier entidad o cartera que no haga parte de esas prioridades puede salir afectada.

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El decreto 1188 de 2024 es el que actualmente rige las funciones de Márquez como la segunda al mando y le asigna, en su mayoría, casi todas las misiones de asuntos relacionados con el Pacífico y los movimientos indígenas y afrodescendientes a nivel nacional. El artículo 6 habla de confiarle la misión de “coordinar interinstitucional e intersectorialmente acciones encaminadas a priorizar la implementación soluciones de agua potable y saneamiento para la población ubicada en el litoral Pacífico y el Norte del Cauca” y el artículo 8 la de hacer lo propio con “la formulación e implementación de la Política para el Desarrollo Integral del Pacífico”.

De allí es que, con ocasión de sus tres años en el cargo, anunció que había logrado “la asignación, por parte de entidades del orden nacional, de $2,4 billones para obras e inversiones que se encuentran ejecutados o en ejecución (...) en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño”, es decir, con montos no asignados directamente a la Vicepresidencia. Entre ellas, las inversiones de $ 664 mil millones por los acuerdos del Paro Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó (art. 10) y la de $531 mil millones en el marco de la Mesa de Diálogo en el Norte del Cauca (art. 9).

Con la diplomacia que ha permeado todo el proceso para recomponer esa relación entre Petro y Márquez fue que también transcurrió otra reunión clave para terminar de finiquitar las necesidades para los últimos 12 meses en el poder. El 13 de agosto, el ministro Armando Benedetti —otro de los personajes que logró ese acercamiento de lado y lado— y la vicepresidenta tuvieron una reunión sobre la reglamentación de la Ley 70, el capítulo étnico para la implementación del Acuerdo de Paz, el CONPES Pacífico y la mesa de diálogo del norte del Cauca.

A puerta cerrada, según supo El Espectador por fuentes cercanas a ese proceso, se hizo explícito que el último año de gestión del “Gobierno del Cambio” sería dedicado, del lado de la Vicepresidencia, al Pacífico. Sus apariciones, eso sí, se mantienen en los eventos oficiales.

Lejos quedó para Márquez el Minigualdad que ahora encabeza Juan Carlos Florián, en donde ya no está ninguno de los viceministros que posesionó durante su tiempo en la cartera. Y en el que, un día después del encuentro con Benedetti, se conoció la llegada de Juliana Guerrero, exasesora de La Giralda y de la confianza del presidente Petro, con la publicación de su hoja de vida en la página de aspirantes de Presidencia como próxima viceministra de Juventudes.

Esa cartera fue materia, incluso, de un rompimiento entre ella y un aliado que la acompañó desde sus inicios como lideresa en el Cauca. La llegada de Carlos Rosero, ahora exministro de Igualdad, significó un rompimiento entre viejos conocidos. Algo similar ocurrió con el ahora precandidato presidencial del Pacto Histórico, Alí Bantú Ashanti, quien se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra de la gestión de la vicepresidenta.

Con ese acuerdo de mantener la paz entre Palacio y la Casa Vicepresidencial es que también Márquez se ha volcado a proyectos que en el inicio del mandato le valieron más atención, como sus viajes de la Estrategia África a Sudáfrica, Kenia, Etiopía y Ghana. Este fin de semana está en su cuarta visita a ese continente para tratar de concretar un encuentro de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que Petro es el presidente pro tempore, y la Unión Africana.

A raíz de esos viajes ha hablado de la “consolidación y profundización de los vínculos diplomáticos, políticos, culturales y comerciales” entre Colombia y países como Camerún, Mozambique, Madagascar, la República Democrática del Congo y Nigeria. Citando, además, que “las exportaciones de bienes no mineros de Colombia a África fueron de US$92,7 millones”, así como el programa “Ella exporta a África”, que actualmente tiene una inversión de $4,525 millones.

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“Al inicio de esta gira surgieron muchos comentarios, como que estaba quitándole los alimentos a los niños de La Guajira para irme a un ‘safari’, así lo colocaron, al continente africano”, apuntó la vicepresidenta en ese entonces. “Efectivamente, esto hace parte mis misiones, y las misiones que tengo implican conectar, en el caso del mandato que tengo, a la población afrodescendiente a nivel internacional, así está establecido en el decreto, así que no estoy desarrollando ninguna función que no sea parte de ello”, agregó.

Y en este último año es que Márquez espera dejar el sello del paso de la primera lideresa social por el Ejecutivo, después de haber reconocido que hasta su familia ha enfrentado las mayores adversidades en el transcurso del Gobierno.

Sus reuniones con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, ahora precandidato del Pacto Histórico, y el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, quien encabeza el movimiento Fuerza Ciudadana, generaron ruidos sobre su posible influencia en las elecciones de 2026.

Eso, sumado a las conversaciones que ha mantenido desde el inicio del Gobierno con aliados como Gustavo Bolívar, con una aspiración propia a la Presidencia por la izquierda, y el exdirector del DNP Alexander López, con quienes integró el famoso “sindicato” que rechazó la llegada de Benedetti a la Casa de Nariño y la de la excanciller Laura Sarabia por no ser parte de la izquierda pura. Pero las charlas alrededor de la política electoral habrían quedado en el pasado con los golpes que ha recibido por cuenta de la falta de ejecución en el Minigualdad, así como las diferencias que mantiene con sectores de la izquierda.

Y si bien se ha hablado de que Soy Porque Somos, su propia colectividad, perdió su personería jurídica, lo cierto es que la Vicepresidencia sería, al menos en el corto plazo, su aspiración final en terreno político, para volver a su región después del 7 de agosto de 2026.

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