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Como cada 25 de noviembre, este viernes se conmemorara el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese marco, desde el Congreso se adelantaron varias actividades como una audiencia en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer (CLEM) y un foro en el Senado titulado “Paz, seguridad humana y erradicación de violencias contra las mujeres”.
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En ambos eventos participaron no solo congresistas sino representantes de la sociedad civil, organizaciones sociales y familiares de víctimas de violencias, quienes coincidieron en la necesidad de declarar una emergencia por violencia contra las mujeres.
Y al concluir ambas sesiones, la senadora María José Pizarro, quien preside la CLEM, y la representante María Fernanda Carrascal, ambas del Pacto Histórico, radicaron ante el presidente Gustavo Petro una solicitud para declarar una emergencia nacional por violencia de género y propusieron un paquete de medidas para enfrentar la violencia machista.
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La solicitud, que fue apoyada por el presidente de la Cámara de Representante, David Racero, y la senadora Isabel Zuleta, expone el grave panorama de violencia de género por el que consideran necesaria la declaratoria.
Los congresistas, remitiendo cifras de la Fiscalía, advirtieron que entre enero y octubre de este año se denunciaron 588 feminicidios, siendo Bogotá (95 casos), Valle del Cauca (74) y Antioquia (45), las regiones donde es más preocupante la situación, al congregar un 38,3 % del total de crímenes. Añaden los parlamentarios del Pacto Histórico que “en el último mes se han exacerbado alarmantemente las violencias contra las mujeres”, teniendo registros diarios de todo tipo de violencias basadas en género.
Por esa razón, instaron al Estado a “tomar medidas inmediatas para prevenir, atender, investigar y judicializar las violencias incorporadas en convenciones de Derechos Humanos de las Mujeres ratificados por Colombia” y con esto la declaratoria de emergencia nacional por violencia de género.
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En su petición, sugirieron siete medidas que podrían impulsar la lucha contra la violencia machista, entre las que están la inclusión del enfoque de género en la Policía y unidades judiciales, para mejorar la atención y protección de las víctimas, así como acelerar los procedimientos.
También solicitaron priorizar en los presupuestos la prevención, atención, investigación y sanciones de las violencias contra la mujer, así como un trabajo multidisciplinario, con la participación de todas las entidades del Estado, para la atención permanente e individual de cada caso de violencia.
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Asimismo, los congresistas reclamaron la activación de rutas y protocolos para atender de forma integral los casos, “independientemente de la instauración de la denuncia” y la creación de campañas pedagógicas en todo el país, difundidas por todos los medios masivos públicos y privados, para evidenciar la grave situación de violencia de género.
Aunque la idea de solicitar una emergencia por violencia de género la mencionó Pizarro desde el pasado 13 de noviembre, cuando se realizó el Encuentro Iberoamericano de Mujeres Progresistas, durante la audiencia de la Comisión de la Mujer se registró un hecho que evidenció la necesidad de hacer la declaratoria, cuando la sesión que presidía fue hackeada por un usuario identificado como “Michael Johansson”, quien emitió un video con imágenes obscenas e interfirió en el sonido de la sesión.
“Esto refuerza la declaratoria de emergencia de violencia contra las mujeres”, dijo Pizarro, haciendo énfasis en que “las mujeres parecemos violencias de todo tipo y esta es una violencia simbólica”. “Que mientras desarrollamos una audiencia pública para evidenciar la grave situación que están viviendo las mujeres en el país se hackee la plataforma y aparezca un hombre masturbándose mientras estoy haciendo la instalación de la misma, me parece un acto de agravio”, afirmó Pizarro al concluir la audiencia.