Desde el partido Centro Democrático fue radicada una solicitud para que la Procuraduría General suspenda al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por la supuesta negligencia para esclarecer el atentado ocurrido el pasado 7 de junio contra el senador y precandidato Miguel Uribe.
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El recurso fue presentado un día después de que el representante uribista José Jaime Uscátegui anunciara en la plenaria de la Cámara de Representantes su malestar con la investigación que se adelanta.
“Con la firma de varios congresistas hemos radicado una solicitud formal al procurador general, Gregorio Eljach, para que considere suspender a Augusto Rodríguez, director de la UNP, por su negligencia frente al atentado contra Miguel Uribe. Ya han pasado más de dos meses de los hechos y es justo que el procurador tome esta medida para garantizar la transparencia en la investigación”, dijo el legislador a través de un video.
Precisamente, Rodríguez se encontró este martes con varios militantes de la oposición y las mesas directivas del Congreso para explicar qué está haciendo el Gobierno para garantizar la seguridad de las figuras políticas, especialmente de cara a la campaña para 2026. En la cita también estuvieron la Cúpula de la Policía y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
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A la salida del encuentro, que tuvo lugar en la Presidencia del Senado, Rodríguez, mencionó que se está trabajando con todo lo que dispone la entidad para que los esquemas de los políticos funcionen correctamente y que adicionalmente se está poniendo a consideración otra alternativa para aumentar la capacidad de la dirección para las campañas electorales.
“Estamos explorando la posibilidad de conseguir vehículos a través de la intermediación con Fuerzas Militares, vamos a estudiar eso con el Ministerio de Hacienda para la financiación”, expuso el funcionario.
El encuentro entre Gobierno, Congreso y oposición no fue el mejor, pues horas más tarde el presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal) anunció que citará a la Casa de Nariño a debate de control político para obtener respuestas sobre la seguridad con la que cuentan los precandidatos.
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