Procuraduría sancionó a 11 directivos del Banco Agrario por préstamo a Navelena

Por estos hechos ya fueron absueltos de responsabilidad penal todos los directivos que ahora sanciona la Procuraduría. / Banco Agrario

La Procuraduría sancionó a 11 miembros de la junta directiva del Banco Agrario por un préstamo de $120.000 millones al consorcio Navelena (conformado por Odebrecht en un 85% y Valercon en un 13,3 %). Por estos hechos ya fueron absueltos penalmente los directivos del Banco investigados por administración desleal en el multimillonario crédito, otorgado en noviembre de 2015, para que el consorcio reealizara obras encaminadas a recuperar la navegabilidad del río Magdalena.

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La junta del Banco está conformada por miembros del gobierno y del sector financiero. Según el Ministerio Público, los sancionados “participaron en el trámite, estudio y aprobación del crédito, pese a que sobre el socio mayoritario había un claro y evidente riesgo reputacional, en razón a los problemas legales que tenía Odebrecht para cuando se tramitó el préstamo ante dicha entidad financiera”.

De toda la mesa directiva, la Procuraduría determinó que 11 delegados y ex funcionarios incurrieron en faltas disciplinarias en el caso y sancionó en primera instancia a: Arturo Adolfo Dajud Durán, como delegado del Ministerio de Agricultura; Andrés Escobar Arango, como delegado del Ministerio de Hacienda; Luis Fernando Mejía Alzate, como representante del accionista mayoritario; Juan Luis Hernández Celis, como representante del Gobierno y Luis Eduardo Gómez Álvarez, César Pardo Villalba, Francisco Estupinán Heredia, como miembros independientes. 

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A todos los anteriores les interpusieron multas entre $20 y $50 millones. Según explicó el ministerio Público: “Los disciplinados violaron el Reglamento Interno de la Junta Directiva y aprobaron el crédito, sin dedicar el tiempo necesario el análisis de la solicitud de Navelena, específicamente desde el análisis y estudio de los problemas legales que tenía su CEO de Odebrecht en Brasil, y no se interesaron en tener buen conocimiento de los riesgos que involucraba otorgar una operación crediticia a este consorcio, por lo tanto, calificó la falta como grave a título de culpa grave”. 

Sin embargo, las mayores sanciones recayeron sobre personas que ya fueron apartadas de la entidad. Por un lado, Mónica Santamaría Salamanca, exvicepresidenta de Banca Comercial del Banco, “recomendó presentar al Comité de Crédito Delegado de Junta Directiva la operación del préstamo a Navelena, incumpliendo su manual de funciones, toda vez que no realizó una evaluación objetiva para la toma de una decisión que fuera viable financiera, económica y técnicamente”, por lo que la Procuraduría le impuso una multa de 10 meses de inhabilidad que puede evadir si paga una multa de $250 millones. 

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Asimismo, la exvicepresidenta de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz, “tramitó, analizó, evaluó y recomendó presentar la operación del crédito, desestimando el estudio de riesgo reputacional que gravitaba sobre esta operación financiera, es decir, permitió que el banco lo asumiera, a pesar de la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil por temas de corrupción y que la firma tenía una participación mayoritaria en el Consorcio Navelena”. Por estos hechos, el ministerio Público le impuso una sanción de ocho meses de inhabilidad o el pago de una multa de $200 millones.

Por estos hechos ya fueron absueltos de responsabilidad penal todos los directivos que ahora sanciona la Procuraduría. En segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá indicó que en el préstamo de $120.000 millones no hubo "ningún delito". La decisión confirmó la que tomó en primera instancia el Juzgado 47 de Conocimiento de Bogotá, y también se ordenó archivar la investigación a seis exdirectivos de la entidad bancaria.

En enero de 2018, la Superintendencia de Sociedades liquidó la sociedad integrada en su mayoría por la multinacional brasileña. Hubo dos razones principales para que se diera esta liquidación: La primera, la gran deuda con acreedores  (la Dian, Cormagdalena y aseguradoras privadas, entre otros). Por otra parte, el Gobierno Nacional liquidó el contrato solo dos años después de haberlo firmado y sin que la obra tuviera algún avance.