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Argenis Ereú tiene 55 años. Nació en Falcón, Venezuela, y después de mucho debatirse, alistó valijas, dejó su vida atrás y viajó hacia Colombia. Escogió Pereira como su domicilio, y Cali como un segundo hogar donde desarrollar sus planes de vida con su compañera sentimental. Hoy, los tres lugares donde transcurrió gran parte de su vida están gravemente afectados, o viven las secuelas de un desastre natural.
Esa situación de “perderlo todo varias veces” es la que algunos expertos consultados por El Espectador vaticinan se está viviendo en este momento y que no descartan que motive nuevas movilizaciones humanas en jurisdicción colombiana.
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La radiografía de los daños del terremoto de magnitud 7,4 que el pasado 10 de agosto sacudió a Colombia demuestra que algunas de las zonas con mayor afectación son lugares donde las personas aterrizaron buscando oportunidades. Hoy habitan municipios reducidos a concreto y mampostería desperdigados por el suelo.
Damnificados en Quibdó y Buenaventura que encontraron “tierra amiga” tras huir de la guerra en el Pacífico se preguntan si un nuevo capítulo de desplazamiento se abrió en sus vidas, esta vez tras un sismo. O está la diáspora venezolana: 2,8 millones de personas que escaparon del hambre y otros tantos que llegaron como perseguidos políticos. Muchos de ellos hoy ven el impacto en sus hogares en Cali, Medellín, Pereira, Armenia o Ibagué, todos con daños tras el sismo.
Para Catalina Arenas-Ortiz, experta en asuntos migratorios, el panorama de daños que deja el terremoto podría generar un efecto dominó, aunque pequeño, de nuevas movilizaciones. Al cierre de esta edición, el reporte preliminar era de más de 40.000 familias damnificadas, según la UNGRD. Sin un hogar, una escuela, un centro médico o sin el acceso a mínimos básicos como agua potable o electricidad, muchas familias podrían plantearse realizar una “migración pendular”, dice.
“La experiencia tras los terremotos en otros países muestra que no necesariamente las personas se movilizan, pero cuando no hay manera de continuar sus vidas en los lugares afectados, definitivamente tendrán que hacer un péndulo entre garantizar sus necesidades en ciudades donde hay capacidades para hacerlo, y residir en otros lugares”, dice la experta.
Lo importante y lo urgente
Como es lógico, lo más apremiante es encontrar hasta el último desaparecido que quedó aprisionado bajo los escombros, atender heridos en hospitales y rescatar toda forma de vida posible. Pero Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), dice que en el mediano plazo esta emergencia mostrará una distinción entre lo importante y lo urgente de atender a personas que vieron cómo su “acceso a servicios básicos, escuelas, centros médicos o sus formas de vida se han visto truncados” y que también pertenecen a población perseguida por el chavismo o desplazada por actores armados. A ellas se podría sumar un nuevo grupo, el de quienes salieron de sus casas por catástrofes naturales.
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Lepri recapitula un diagnóstico hecho por Acnur que muestra que es muy probable que un alto porcentaje de los afectados por el terremoto estén viviendo una “doble afectación”. El informe asegura que Chocó y Valle del Cauca, dos de los focos de destrucción del temblor, concentran el 93 % del total de casos de desplazamiento forzado durante el último año. Además, grandes centros urbanos que también sintieron el colapso estructural tienen en sus calles centenares de familias venezolanas que viven allí, como Cali (133.138), Pereira (30.699), Armenia (15.452) o Ibagué (13.466).
“Son personas y familias que estaban reconstruyendo sus vidas en Colombia y esto puede implicar volver a perder su hogar (...) El desastre puede empeorar su situación, que ya era difícil con el acceso a vivienda digna, insumos vitales, agua o medios de vida y podría forzarlas a desplazarse nuevamente”, comenta Lepri.
En Quibdó, por mencionar un caso, los habitantes de barrios edificados por víctimas y sobrevivientes de masacres están a la espera de cuándo los hogares que quedaron en pie pueden volver a ser habitables, como Las Palmas, Medrano o 2 de mayo, construido por las familias que escaparon de la masacre de Bojayá de 2003. Cali, por su parte, registró que la Comuna 1, donde vive mayoritariamente población venezolana, tuvo que ser evacuada por posibles riesgos.
Sin una vivienda y posibilidades de una vida digna, temen los analistas, salir de esas comunidades sería uno de los pocos caminos disponibles para estas personas.
Experiencia previa
El papel de cómo atienda el Estado —gobiernos nacional, departamental y local— la emergencia, será clave para determinar si habrá una oleada de desplazamientos o, por el contrario, las familias permanecerán en su territorio a pesar de la devastación.
Lo fundamental, comenta Lepri, es aprender de capítulos dolorosos del pasado para enfrentar los problemas del presente. El representante de Acnur recuerda que Colombia ya se ha enfrentado a catástrofes, como las inundaciones de Córdoba o a mitigar el éxodo de al menos 7,1 millones de desplazados internos. Además, cuenta con jurisprudencia y un marco legal sólido que puede funcionar en tiempos de crisis, como sentencias de las altas cortes, entidades de atención a víctimas o mecanismos que han intentado acoger la diáspora.
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Ya hay unas iniciativas que fueron puestas en marcha. Nigeria Rentería, secretaria de Bienestar Social de Cali, comenta que la población migrante afectada ha recibido atención “como cualquier otro caleño” y ya hay directrices para que estas familias, que vivían en arriendos o en escenarios de informalidad laboral, tengan acceso a derechos, auxilios y también atención psicosocial para tramitar el duelo de haber perdido su hogar por segunda vez.
“Existen buenas prácticas para asegurar que las personas desplazadas puedan reconstruir sus vidas. El país tiene experiencia en buscar soluciones, pero también habrá que buscar en medio de esta situación dramática acciones que contribuyan a seguridad y reconstrucción de sus casas y medios de vida”, dijo Lepri.
Arenas-Ortiz, por su parte, asegura que la integración será una ficha clave en el pulso para determinar la permanencia o salida de las personas. “El Estado y sus instituciones, paralelo a la reconstrucción de infraestructura, tendrán que reubicar y garantizar la integración de las personas, sean damnificados, víctimas o población migrante para que se sientan parte de la comunidad y tengan motivos para quedarse”, concluye.
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