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Queila Rodríguez vive desde hace cuatro años en Bogotá. Es originaria de Venezuela y, por el tiempo que lleva en Colombia, creyó que podría beneficiarse del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, una política de regularización creada para millones de personas que han huido de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el vecino país. Sin embargo, por lo que describe como “inconvenientes” con sus datos, no lo logró.
Una nueva puerta se le abrió en 2024: el gobierno anunció una opción de regularización para los migrantes que sean representantes legales de menores de edad en Colombia. Se trata del PEP Tutor (por la sigla de “Permiso Especial de Permanencia”). Queila tiene tres hijos; de ellos, una es menor de edad, cursa décimo de bachillerato y es beneficiaria del Permiso Temporal por Protección (PPT), uno de los requisitos para pedir el PEP Tutor.
“Ha sido un proceso largo, pero estoy esperando en Dios que se logre”, le dijo a este diario en referencia a la solicitud de su permiso.
El primer obstáculo, aparte de no haber podido obtener un PPT como el de su hija, cuyas inscripciones cerraron en 2023, fue contar con la partida de nacimiento de la joven. “Tuve que ahorrar para ir a Venezuela y legalizarla”, cuenta. Sin embargo, además, debía apostillarla. El viaje lo realizó en noviembre; podía quedarse apenas unos días, y las citas para apostillar estaban disponibles desde enero. Quedarse no era una opción.
Volvió a Colombia y logró la apostilla por medio del consulado venezolano en Bogotá. Luego, “lo difícil fue pedir la cita [en Migración Colombia], por desconocimiento, pues resulta que hay un horario específico para solicitarla: el domingo a las 5 p. m. Yo entraba antes y decía que no había citas”. La Fundación Juntos Se Puede, que presta atención humanitaria a migrantes en Colombia, la asesoró y pudo obtener su turno para el lunes siguiente.
La atendieron, tomaron su foto y su huella dactilar. Días después, tras un bloqueo de la plataforma, pudo subir la documentación requerida. Ahora, espera el visto bueno de la supervisora encargada de su caso para continuar con el pago de COP 65.000 que cuesta el documento. “Después del pago, son 90 días para que llegue”, explica. “Estoy complacida de finalmente recibir mi documentación y ser visible para este país”.
Para Jesús Arteaga, la situación ha sido menos favorable. A diferencia de Queila, no ha podido apostillar desde Colombia, por lo que la abuela de su pequeña de cuatro años tuvo que viajar a hacer el trámite en Venezuela. Sin embargo, un nuevo obstáculo le preocupa: su cédula venezolana está por expirar. Viajar a su país para renovarla tampoco es opción. Dice que corre el riesgo de ser pillado con el documento vencido, lo que lo expone a una detención o, por lo menos, un mal rato.
Él también vive en Colombia desde hace cuatro años, adonde inicialmente llegó de visita, pues se había radicado en Perú, pero tras ser diagnosticado con una enfermedad, tuvo que quedarse. Hoy convive con la madre de su hija, quien tampoco ha podido obtener el PEP Tutor.
“Hemos gestionado cerca de 100 solicitudes de PEP Tutor. De ellas, solo seis han sido aprobadas, y ninguna ha culminado con la emisión del documento correspondiente. Esto implica que, aun con decisiones favorables, las personas solicitantes permanecen en una irregularidad de facto, sin posibilidad real de trabajar formalmente, acceder plenamente al sistema de salud o ejercer derechos básicos. En la práctica, el PEP Tutor existe en la norma, pero no existe en la vida de las familias”, denunció hace algunas semanas Juntos Se Puede.
Aunque los menores de edad vayan al colegio, como ocurre con la hija de Jesús, quien asiste al jardín infantil, el hecho de que sus padres o acudientes sigan en condición migratoria irregular “vulnera el principio del interés superior del niño, expone a las familias al miedo constante y profundiza círculos de exclusión y precariedad”, añade la fundación, que recuerda, además, que el plazo de solicitudes de PEP Tutor cerrará el próximo 30 de abril.
Con corte a enero de 2026, Migración Colombia ha recibido 4.000 solicitudes de PEP Tutor, según las respuestas a un cuestionario enviado por este diario. “De estas, 395 han sido aprobadas y 1.037 se encuentran en proceso de subsanación o han sido rechazadas. Se destaca que 2.568 personas no han asistido a las citas”, indicó la entidad.
Allí mismo explicó que “la autoridad migratoria no rechaza por capricho, sino que aplica el principio de legalidad”, con base en las normas vigentes. Una solicitud se cae, por ejemplo, si no hay certeza del vínculo entre el adulto y el menor de edad. “Flexibilizar esto pondría en riesgo a la niñez”, indica la subdirección de Extranjería.
También puede haber rechazos por antecedentes judiciales, medidas de expulsión vigentes o sencillamente porque no se cumple el requisito de que el menor de edad tenga un registro válido antes del 31 de diciembre de 2023 en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV). Esto se justifica “en apego a los objetivos de la Política Integral Migratoria de propender por una migración segura, ordenada y regular, protección de derechos humanos de los migrantes y prevenir la instrumentalización de menores para la comisión de delitos”.
¿Por qué importa estar regularizado?
El organismo oficial resalta los beneficios económicos y sociales de contar con el PEP Tutor, pues, por un lado, permite “el acceso al sistema financiero y al mercado laboral formal, transformando al migrante de sujeto de asistencia en actor contributivo al sistema fiscal y de seguridad social”. Por otro, “cerramos brechas de desigualdad, pues un hogar regularizado es un hogar que se integra, que escolariza a sus hijos y que accede a salud preventiva, reduciendo costos de urgencias para el sistema de salud”.
Queila y Jesús sienten el vacío en carne propia. “Este documento me va a abrir muchas puertas, pues yo trabajo como independiente: quiero abrir mis cuentas y optar por las posibilidades que podemos tener acá”, señala Rodríguez.
Arteaga, por su parte, cree que, con alternativas, como visitas domiciliarias u otras pruebas de que convive con su hija y que vela por ella, debería ser suficiente para combatir la burocracia que le ha impedido hasta ahora tener su permiso. Subraya que cumplir con los trámites quita tiempo, que alguien en la informalidad como él, que se emplea en oficios de estampado o como chef en restaurantes, no se puede tomar. Tener el PEP sin duda les ayudaría a él y a su pareja en la búsqueda de un trabajo estable y mejores ingresos.
Para el país, por demás, regularizar y formalizar a la población migrante significa fortalecer el sistema tributario y el de seguridad social. Según un estudio presentado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Fundación Konrad-Adenauer (KAS), la población migrante en Colombia, compuesta en un 98 % por ciudadanos venezolanos, aporta cerca de USD 500 millones en impuestos anualmente.
¿Por qué no reabren el ETPV?
Cuando el PEP Tutor fue anunciado, expertos en migración y organizaciones de la sociedad civil criticaron la medida por considerarla una nueva atomización de la regularización, lo que dificultaría la integración efectiva de la población migrante en Colombia.
Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, señaló en su momento que el nuevo PEP sería un “nombre más en el ecosistema; es un retroceso”. Consideró que implicaría que “tanto las oficinas públicas como privadas entren en una nueva curva de aprendizaje, con menor acceso a derechos por parte de la población venezolana, como la educación y la salud, para quienes veían en Colombia la posibilidad de construir su hogar”.
El llamado parecía ser el mismo desde distintos lados: reabrir el Estatuto Temporal de Protección (ETPV), que permitió a los venezolanos en Colombia tener un documento de identidad ampliamente reconocido por el sector público y privado. Esto, sobre todo, teniendo en cuenta que la llegada de venezolanos no se ha detenido. Por el contrario, se están viendo fenómenos como la llamada migración inversa, producto de políticas hostiles en Estados Unidos y otros países de la región. Además, pese al reciente cambio de liderazgo en el régimen chavista, producto del ataque de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, la emergencia humanitaria persiste en el país vecino.
En respuesta a este diario sobre por qué no reabrir los mecanismos de una política que ha sido aplaudida a escala internacional y que ha regularizado a más de dos millones de personas (de casi tres millones que se calcula que viven en el país), Migración Colombia resumió que, “de manera general, obedece a una visión de responsabilidad fiscal y de Estado”.
“El ETPV fue una medida de emergencia con vocación temporal para unas circunstancias especiales que hoy en día no son las mismas. Perpetuarlo indefinidamente debilita la institucionalidad. La política de Estado busca que la migración transite hacia el régimen ordinario de visas administrado por la Cancillería, fortaleciendo la migración regular y ordenada”, explicó la entidad.
Añadió que “una reapertura total podría incentivar nuevos flujos migratorios masivos y desordenados en un momento en que las capacidades de acogida están al límite”.
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