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La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) advirtió sobre el impacto que tendría una redistribución masiva de los usuarios de la salud, luego de que el presidente Gustavo Petro le pidiera al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo iniciar con la liquidación de “las EPS que están quebradas”. Sin garantías de transición, esa medida, dijo Asocajas, no eliminaría los riesgos del sistema de salud, sino que los trasladaría “de manera abrupta” a las entidades receptoras, con efectos sobre más de 12 millones de afiliados.
Aunque no se sabe cuáles EPS están en los planes del mandatario, algunos creen que se podrían liquidar aquellas que están intervenidas, a excepción de Nueva EPS, la más grande del país, con más de once millones de afiliados, pero que continúa presentando dificultades en el acceso a servicios para sus usuarios, de acuerdo con el indicador de Peticiones Quejas y Reclamos.
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“Recibir población proveniente de EPS bajo estrés financiero y operativo no equivale a incorporar afiliados en condiciones ordinarias. Se trata de usuarios que han enfrentado barreras de acceso y que acumulan necesidades de atención, lo que implica una presión asistencial y financiera inmediata. Esta carga no desaparece con la liquidación: se traslada y puede intensificarse”, aseguró Asocajas.
También apuntó que ese riesgo no solo es operativo o financiero, sino que también afectaría la continuidad en la atención de los trabajadores y sus familias en los territorios. Por esa razón, dijo, antes de cualquier proceso de liquidación debe haber una transición que garantice los tratamientos, medicamentos y procedimientos en curso para cada afiliado.
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Asocajas recordó que el Tribunal Administrativo de Antioquia ya advirtió que este tipo de traslados masivos pueden causar efectos “potencialmente irreparables en la continuidad del aseguramiento”, cuando suspendió el Decreto 0182 de 2026, con el cual el Gobierno buscaba trasladar a al menos 2,4 millones de pacientes a Nueva EPS.
Para la asociación, se trata de un riesgo que también se presenta en los procesos de liquidación que no se adelantan con las suficientes garantías técnicas, operativas y financieras.
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“La sostenibilidad del sistema exige que cualquier medida de reorganización esté acompañada de soluciones a los desequilibrios estructurales que lo afectan”, se lee en el comunicado. Es “una responsabilidad compartida entre el Gobierno Nacional, las entidades aseguradoras, los prestadores y todos los actores del Sistema”.
De ese modo, las Cajas de Compensación Familiar reiteraron su disposición de trabajar de la mano con el Gobierno Nacional y los demás actores del sector, con el fin de construir soluciones para “recuperar la estabilidad, la confianza y la continuidad en la atención, en beneficio de todos los colombianos”.
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