El Ministerio de Salud expidió la resolución 2764 del 30 de diciembre de 2025 que aumentó la UPC para 2026. El valor anual se establece en COP $1.658.912 para el régimen contributivo. Esto representa un aumento del 9,03 % frente a lo que hoy el Estado reconoce. Para el régimen subsidiado, el valor será de COP $1.541.706, lo que representa, para ese régimen, un incremento del 16,49 %.
Este valor en el régimen subsidiado ya incorpora la equiparación ordenada previamente mediante la Resolución 2605 de 2025 expedida hace poco por Minsalud y da cumplimiento al Auto 2049 de 2025 de la Corte, decisiones que buscaban cerrar la brecha entre la UPC del régimen subsidiado y la del contributivo.
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El Minsalud señala en la resolución que de las EPS habilitadas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la totalidad de EPS del régimen contributivo y 15 del régimen subsidiado cumplieron con el reporte de información, concluyéndose que, cinco 5 EPS del régimen contributivo superaron los estándares normativos y técnicos en aspectos como cobertura y validación de los contrastes aplicados. En este orden de ideas, la información reportada por estas cinco 5 EPS, una vez surtido el procedimiento técnico, permitió definir el porcentaje de incremento.
El incremento del total de recursos para el aseguramiento en salud para 2026 es de COP 11,6 billones, calcula Minsalud, que serán reconocidos a las EPS, pasando de COP 89.8 billones en 2025 a más de COP 101,3 billones para 2026. “Se espera que las EPS hagan uso eficiente y responsable del dinero destinado a la salud, teniendo en cuenta que el esfuerzo fiscal realizado por el Estado colombiano es comparable al impacto de una reforma tributaria”, agrega la cartera de Salud.
Es importante señalar que la UPC no es una en todo el país, sino que se ajusta según el sexo, edad, ubicación geográfica, pertenencia a comunidades indígenas del afiliado, entre otros factores. La Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud recomendó en esta ocasión, por ejemplo, mantener una serie de primas adicionales que reconocen condiciones diferenciales del territorio y del aseguramiento. Entre ellas, se ratificó la prima del 10 % por dispersión geográfica, una prima adicional del 9,86 % para las ciudades, y una prima del 37,9 % para el departamento Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, debido a sus particularidades geográficas. También se mantuvieron porcentajes específicos para la Nueva EPS (4 %) y Coosalud (2 %).
Para el régimen subsidiado también se mantuvieron primas adicionales diferenciales: una prima del 11,47 % por dispersión geográfica, una prima del 15 % para las ciudades, y la equiparación de la prima pura con el régimen contributivo en el Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia.
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Adicionalmente, se conservaron los ajustes diferenciales para poblaciones indígenas, manteniendo una UPC indígena del 4,81 % para las EPS indígenas y estableciendo una UPC diferencial del 21,19 % para la EPSI Asociación Indígena del Cauca (AIC), con el objetivo de facilitar su transición hacia el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI). También se incluyó el reconocimiento de una prima adicional del 17,81 % para el departamento de Guainía, en atención a sus condiciones particulares de operación y acceso.
¿Alcanzará?
La decisión del Ministerio de Salud quedó, sin embargo, muy por debajo de las expectativas del sector. La Andi había estimado que la UPC requería un incremento mínimo del 15,6 % para empezar a estabilizar financieramente el sistema de salud.
Según el análisis de los empresarios, basado en información del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la insuficiencia de la UPC ha llevado a que las EPS operen con pérdidas de manera sostenida: la siniestralidad —es decir, la proporción de los recursos de la UPC que se gastan en atención— ha estado por encima del 99 % desde 2021 y supera el 100 % desde 2022. Para 2025, la Andi proyectó una siniestralidad del 105,9 %, lo que implica que por cada 100 pesos recibidos, las EPS gastan casi 106 pesos solo en servicios de salud, sin contar costos administrativos, generando un déficit operativo estimado en $10,2 billones para la vigencia.
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Por su parte, Acemi, el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo, planteó una necesidad de ajuste aún mayor. De acuerdo con sus cálculos, la UPC debería subir un 17,33 %, teniendo en cuenta el gasto en salud reportado en 2024, el ajuste por inflación y el aumento en las frecuencias de uso de los servicios.
Hoy también se conoció que el Minsalud no hará un reajuste de la UPC de 2024, como ordenó la Corte Constitucional. Según explicó el viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, la cartera considera que ha cumplido de manera estricta la orden judicial. “La Corte Constitucional dijo:acuerden una cifra de UPC. Ese acuerdo no se logró entre los actores. Con los insumos recopilados, llevamos la información a la Comisión Asesora y, con base en las evidencias, lo que encontramos fueron hallazgos de cobros que, en principio, serían irregulares”, señaló Martínez.
Hay que recordar que en ese y otros autos, la Corte le ordenó a Minsalud demostrar, con información verificable y metodología transparente, que el incremento de la UPC de 2026 es suficiente para cubrir los costos reales de la atención en salud. Por eso, no sería de extrañar que en los próximos meses el tribunal solicite informes.
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