El mal “timing” para que Nueva EPS reciba más de 2 millones de afiliados nuevos

Todas las personas con quienes hablamos para este artículo coinciden en que tener EPS más fuertes en las regiones y “sacar” a las que tienen pocos afiliados es una buena idea. Lo es, incluso, para quienes critican el manejo de la salud por parte del Gobierno. Pero casi todos también creen que este es un mal momento para hacerlo.

Durante los últimos días ha sido noticia la posibilidad de que millones de colombianos vayan a ser trasladados en los próximos meses de su EPS a otra. Esto bajo lo que dispone el decreto 182 expedido por el Ministerio de Salud, que cambia las reglas de habilitación de las aseguradoras. Todavía no es un hecho, porque la Supersalud es la que debe expedir las normas de cambio, pero los propios cálculos del Ministerio adelantan que, si el plan sigue en marcha, habrá traslados masivos.

Un par de ejemplos bastan para entenderlo. En Medellín, hay 2.9 millones de afiliados al sistema de salud. Hoy operan 10 EPS en los dos regímenes. Con las nuevas reglas del decreto, y según los estimativos del Ministerio de Salud, solo quedarían habilitadas EPS Sura, Salud Total, Savia Salud y Nueva EPS. Eso implica un traslado de más de 130.000 afiliados. En Bogotá el asunto es similar, aunque en números un poco más modestos. Según el Minsalud, quedarían habilitadas Aliansalud, Salud Total, Sanitas, Compensar, Sura, Famisanar, Capital Salud y Nueva EPS. En la capital, esto va a implicar el traslado de poco más de 40.000 usuarios.

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Pero el caso más emblemático, sin lugar a dudas, es el de Nueva EPS. Es la única aseguradora con presencia en todo el territorio nacional y, con el decreto 182, puede convertirse en la receptora de los afiliados en donde, bajo las nuevas reglas, no queden otras EPS. Algunos cálculos hechos a partir de los estimativos del Ministerio de Salud apuntan a que esta EPS sería la única disponible en poco más de 500 municipios, es decir, en cerca del 45% del país. Allí habría que trasladar a 1,8 millones de personas. Junto con los traslados que tendrían que hacerse en ciudades donde seguirán operando otras EPS, la cifra podría subir a 2,4 millones de afiliados. Nueva EPS pasaría de tener 11,5 millones de usuarios a casi 14 millones.

La lógica y los riesgos

Esa territorialización, como la llaman los expertos, “es necesaria. Hay que organizarla y hay que lograrla”, dice Giovanni Jimenez Barbosa, investigador de la U. Jorge Tadeo Lozano. “Es una deuda del sistema”, señala Johnattan García Ruiz, investigador de la Escuela de Salud Pública de la U. Harvard. “Ese es un concepto que es válido. Que debió haberse aplicado hace mucho tiempo”, resume Juan Caros Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).

“Creo que todos coincidimos en que es importante, sobre todo para las zonas más apartadas del país”, agrega, en la misma línea, Juan David Vargas, médico de la Universidad de Antioquia, especialista en auditoría y finanzas en salud de la Universidad EAFIT y quien ha trabajado en el sector salud en la capital paisa.

Para ninguno de ellos se trata de una idea nueva. Como hemos explicado en otras oportunidades, en el sistema de salud de hoy ocurre algo que personas como Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), han calificado como un “sinsentido”: en regiones enteras del país hay EPS que apenas cuentan con uno o dos afiliados.

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En Antioquia, por ejemplo, la EPS SOS tiene tres afiliados. En Bogotá, Cajacopi EPS tiene uno. En Cauca, Salud Total tiene unos 280. “La promesa de permitirle a cualquier persona elegir cualquier EPS tiene unos límites prácticos. Uno de ellos, es que no todas las EPS tienen presencia o tienen red (de hospitales) en todo el país”, dice García. ¿Cómo se organiza y contrata una red completa de hospitales para atender a tres pacientes, cuando tener un buen número de asegurados le permite a una EPS negociar con esos centros de salud y organizar rutas de atención?

La respuesta es que no se puede. Lo que termina sucediendo es que esos pocos afiliados quedan atendidos a través de arreglos puntuales, redes prestadas o contratos muy limitados. Y si pasa algo más grave, toca trasladarlos fuera de su ciudad. Por eso, para Jimenez, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la “territorialización” tiene sentido para que las EPS con pocos afiliados salgan, y las más grandes y mejor organizadas continúen. Si es así, ¿por qué no todos confían en que el cambio que ahora propone el Ministerio de Salud salga bien?

El mal timing y Nueva EPS

Para casi todos con quienes hablamos, los temores de esta medida recién anunciada por Minsalud tienen más que ver con el momento que atraviesa el sistema. “Vamos a hacer una territorialización en un momento en el que las EPS han sido fuertemente debilitadas y golpeadas, tanto desde el punto de vista de la gestión como, quizás, desde lo financiero, si aceptamos que los recursos son insuficientes. ¿Qué le puede esperar al paciente en un modelo territorializado en estas condiciones? Creo que más traumatismos y más dificultades, sobre todo para quienes requieren atenciones de mediana y alta complejidad”, advierte Jiménez.

Basta con un dato para entender la situación de las EPS: ACEMI, que agrupa las del régimen contributivo, estimó en su más reciente informe financiero (con corte a noviembre de 2025) una siniestralidad de 108,64%. Eso significa que, por cada 100 pesos que reciben las EPS, están gastando cerca de 108 pesos en la atención.

“La propuesta de territorialización es buena, en principio. Pero volvemos al punto del momento en que se intenta aplicar. Se está imponiendo sin mucha concertación y en un contexto en el que varias EPS han sido golpeadas y están debilitadas”, dice Jiménez. “En ese contexto, el riesgo es que el modelo no dé los resultados esperados, no por la idea de la territorialización, sino por el momento de aplicación”.

En Antioquia, dice Vargas, “si hace algunos años se hubiera planteado que Nueva EPS, o incluso Savia Salud —cuando era un poco más estable—, recibieran población de EPS como Coosalud o Asmet Salud (con muchos menos usuarios), uno habría dicho: tiene sentido. Eran entidades que ya tenían una red establecida, estaban pagando los servicios y podían garantizar el acceso. Pero en este momento, con todos los problemas que está enfrentando Nueva EPS, la situación es muy distinta”.

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Lo que creen tanto Jiménez como Vargas es que si las EPS ya están apretadas financieramente, un traslado masivo de usuarios no es precisamente la mejor noticia. “En realidad, los traslados masivos nunca han funcionado del todo bien. Existe un protocolo según el cual la entidad que entrega debe transferir cierta información a la EPS receptora. Pero, en la práctica, en la operación eso no siempre ocurre de manera fluida. Al final, el paciente termina reiniciando parte del camino en sus tratamientos, con costos para el paciente y para el sistema de salud”, dicen.

En el pasado, los traslados que se han hecho, por ejemplo, cuando una EPS entra en liquidación, suelen representar un golpe operativo para el sistema. Las historias clínicas no siempre se transfieren completas, los procesos administrativos deben rehacerse y los pacientes tienen que volver a ser incorporados en nuevas redes de atención. En muchos casos eso implica repetir autorizaciones, reprogramar citas o reiniciar trámites que ya estaban en curso. Además, muchos de los pacientes pueden llegar con enfermedades crónicas o costosas, un peso más a las finanzas.

En la otra cara de la moneda, no todo son pérdidas. Cuando una EPS recibe afiliados, también recibe nuevos recursos, pues cada nuevo afiliado llega con la UPC debajo del brazo. Pero el equilibrio entre lo que entra y lo que hay que gastar casi de inmediato no siempre es automático. “En nuestra experiencia -dice Vargas- aquí en Antioquia estabilizar una población trasladada ha tardado, más o menos, dos años”.

¿Cuándo sería, entonces, un buen momento para hacer la territorialización? “¿Esperamos hasta 2028, hasta 2030? Al final hay que decidir si se hace ahora o no”, opina García. A su juicio, de hecho, es mejor hacerlo. Con una buena territorialización del sistema, podrían ganar todos, cree el académico: “Ganan los pacientes, ganan las aseguradoras y también ganan los hospitales. Los pacientes porque pueden quedar en EPS que realmente tengan red en su territorio; las aseguradoras porque dejan de estar obligadas a atender personas en lugares donde no tienen presencia ni capacidad operativa; y los hospitales porque, en teoría, tendrán una financiación más clara para atender a toda la población de su región”.

“Muchas veces se pinta como si el afiliado que hoy está en esas ‘islas’ estuviera perfectamente protegido, pero en realidad no es así. Son afiliados dispersos, en lugares donde su EPS muchas veces ni siquiera tiene una red organizada de servicios”. Esto, añade, considerando incluso la situación inquietante de Nueva EPS.

Es una aseguradora que le preocupa mucho a Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC. Asegura que le han insistido al Gobierno en una pregunta clave: ¿esa entidad es realmente viable para el tamaño de población que se le está asignando?

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“Lo que hay que preguntarse es cuántas personas puede soportar realmente esa EPS. ¿Qué masa poblacional puede asegurar?”, plantea. “Hoy vemos una red inestable, un aumento en las tutelas y en las quejas, y un sufrimiento de los pacientes. A eso se suman los problemas financieros, empezando por la cartera con los hospitales, y la opacidad, porque no hay estados financieros. Uno se pregunta si esa entidad es capaz de sostener un nivel de aseguramiento de ese tamaño”.

Una persona que trabajó en la alta gerencia en salud de Nueva EPS hasta hace poco, lo resume así: “Hoy Nueva EPS gestiona la salud de 11.5 millones de afiliados, con una infraestructura administrativa pensada para operar entre 7 y 9 millones de afiliados. Y ahora, va a recibir, con esa misma capacidad, casi tres millones de afiliados más. No puede”. Antes de la intervención más reciente, cuenta esa persona, la entidad venía en un proceso de reorganización para fortalecer su estructura y poder responder mejor en los territorios, pero ese proceso se frenó.

“En lo financiero también hay limitaciones que ya todos conocemos. Y como tercer elemento, está la capacidad técnica. Hoy Nueva EPS no está gestionando el riesgo en salud de manera efectiva. El sistema termina más bien reaccionando al siniestro: atendiendo pacientes cuando ya están enfermos y los tratamientos son más costosos para todos. Si no hay una prevención efectiva, el sistema termina atendiendo pacientes más graves y más caros”, dice esa fuente. “El Decreto 780 establece que en Colombia solo pueden operar EPS que no estén en procesos administrativos y que cuenten con esas tres capacidades (financiera, administrativa y técnica) y hoy es claro, o hay indicios muy claros, de que Nueva no cumple”.

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El Gobierno nacional ha prometido capitalizar Nueva EPS (es decir, inyectar recursos) como dueño, pero, en primer lugar, sin estados financieros claros, no se sabe cuánto debe capitalizar, y en segundo lugar, cree ese exalto directivo de Nueva, no se trata solo de plata, sino de tiempo. “La deuda de Nueva es enorme. Se habla de una cifra cercana a los COP 6,2 billones, en una cuenta de servilleta, como dice el presidente. Eso no es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana”.

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