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Los congresos de siquiatría tienen un aire a kermés farmacéutica: ferias de promesas para aplacar ansiedades y restablecer la calma, donde decenas de doctores saltan de simposio en simposio y de café en café, navegando entre stands de medicamentos que se exhiben con la gracia y elegancia de un Mercedes-Benz en un concesionario. (Lea Chequeo mental a Colombia)
En noviembre pasado asistí a uno de estos extraños eventos. Era el único periodista bogotano caminando por los pasillos del Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia, mimetizado entre siquiatras, mientras agentes comerciales me trataban de “doctor” y mis bolsillos se llenaban con pruebas gratis de Zopiclona, Clonazepam y toda suerte de novedosos sedantes y antidepresivos. (Lea la primera entrega de este especial: 'Tenemos que hablar de Horacio')
Yo, sin embargo, no estaba allí para catar ansiolíticos. Me encontraba en el LIV Congreso Colombiano de Psiquiatría por una razón diferente. Por primera vez los profesionales de la salud mental en Colombia se habían preguntado por el lugar que deben ocupar en un país sin guerra.(También le puede interesar: El cementerio de las familias colombianas)
A mí me interesaba escuchar a la profesora Diana Matallana, una mujer de gestos rápidos y severidad académica, encargada de coordinar las investigaciones del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana y del Centro de Memoria y Cognición del Hospital Universitario de San Ignacio. Ph.D. en neurosicología, Matallana se ha interesado por entender cómo las enfermedades neurológicas —el autismo, la demencia — afectan la cognición social, una de las funciones ejecutivas que gobierna nuestro cerebro y que nos permiten comprender, recordar y predecir la conducta de otras personas y tomar decisiones al respecto. En otras palabras, Matallana estudia los modos en que percibimos a los otros. (Lea la última entrega del especial: “Soy folclor, soy alegría, soy tristeza y desengaño”)
El título de su exposición era, como buena parte de los paneles del congreso, algo críptico: “La cognición social en la Encuesta Nacional de Salud Mental del 2015: lecciones aprendidas desde las neurociencias sociales en escenarios del posconflicto y conflicto colombiano”. Su equipo se encontraba en el congreso para plantear una pregunta provocadora: ¿tenemos los colombianos un problema de empatía? ¿Nos cuesta ser compasivos?
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Esa mañana de noviembre, la neurosicóloga se paró frente a un auditorio grande y a medio llenar y se preparó para lanzar su tesis. Su equipo había recorrido el país aplicando el test de tamizaje de funciones frontales, una herramienta diseñada para medir la cognición social y que nunca había sido aplicada en Colombia a individuos sanos en una muestra poblacional representativa de todo el país.
El test de tamizaje es un instrumento sencillo, casi un juego. El encuestado observa una serie de imágenes con rostros expresivos y luego debe señalar qué emoción sienten los sujetos retratados. Luego, la persona debe observar una secuencia de fotografías en las que alguien aparece haciendo daño a otro, tanto accidental como intencionalmente.
Luego de tabular los resultados, el equipo de Matallana concluyó que los colombianos tenemos una capacidad considerablemente mayor de reconocer en los otros las emociones positivas antes que las negativas. Nos cuesta más trabajo, aseguró, tener conciencia de que el otro está triste o siente miedo. Nos va mejor de fiesta o celebrando juntos.
Según los resultados del ejercicio, el 91,5 % de los colombianos encuestados pudieron identificar la emoción de alegría, un 65,9 % identificó rostros neutros o ninguna emoción y un 55,2 % la emoción de sorpresa. En las emociones negativas, sin embargo, sólo el 19,7 % reconoció los rostros de miedo, el 21,8 % de asco y el 27,4 % de tristeza. Además, no más del 40 % de los encuestados se sintieron tristes o molestos por la agresión que sufría la persona de la segunda serie de fotos. Era mucho mayor, en cambio, el porcentaje de personas que exigían un castigo para el agresor, incluso en el caso en que la agresión era accidental.
“Debe haber una discusión más amplia sobre las razones detrás de la baja identificación de emociones negativas en diferentes ciudades y contextos”, dijo Matallana. Y luego preguntó: “¿Será que el conflicto armado ha causado que no seamos capaces de identificar en el otro emociones negativas, como el miedo?”.
Uno de los miembros del público, un siquiatra canoso, de rostro tosco, alzó la mano para intervenir y cuestionó la audacia de su tesis: “¿Cómo pueden ustedes asegurar que los colombianos tenemos más o menos empatía que en otras sociedades? ¿Hay estudios comparativos a escala global?”.
Era evidente que el estudio no tenía cómo responder a esa pregunta.
Los planteamientos de la investigadora se circunscribían a una muestra diseñada para un territorio nacional, con una metodología que no ha sido aplicada de forma comparativa en el planeta y que había sido realizada exclusivamente en el marco de la Encuesta Nacional de Salud Mental, que el año pasado fue divulgada por la Pontificia Universidad Javeriana.***
Pese a este cuestionamiento, las reflexiones de este grupo de investigadores me sobrecogieron. Meses atrás me había cruzado con dos artículos escritos por corresponsales extranjeros en Colombia. Sus autores sugerían que, junto con la desigualdad, la debilidad institucional y otras variables clásicas que explican nuestros años de conflicto, la violencia en Colombia era producto de un déficit compasivo en nuestra configuración cultural.
El periodista gallego Manuel Rivas lo plasmó en palabras de Diana Patricia Gonzalías, una mujer caucana descendiente de afros y nasas que se hizo sicóloga para poder entender la violencia de la que fue testigo desde muy niña en su natal Toribío: “En gran parte, el problema de la violencia en Colombia es un problema de salud mental. La incapacidad para compartir el dolor. Ver al otro como un enemigo, como un ser prescindible. Habría que poner el país en un diván”.
Por la misma época, el chileno Arturo Wallace, corresponsal de BBC Mundo, se despidió con una profunda y aguda carta que, más que un adiós patriotero y condescendiente, fue un cariñoso diagnóstico sin anestesia sobre nosotros, los colombianos.
“No me siento autorizado para dar grandes lecciones sobre Colombia y lo que realmente estoy seguro de haber aprendido está limitado al terreno de los pequeños detalles: que en el transporte público de Bogotá siempre hay que ir bien agarrado… que hay que huir del aguardiente como de la estupidez… que si uno escucha la palabra ‘gonorrea’ en una comuna de Medellín es que llegó el momento de ‘abrirse’”, escribió Wallace. “Aquí las diferencias entre unos y otros se han traducido en el conflicto armado más prolongado del hemisferio occidental. Y por eso me voy con la sensación de que la capacidad para ponerse en los zapatos del otro va a terminar siendo lo que defina el futuro del país”.
¿Somos indolentes por naturaleza? ¿La guerra o la cultura nos han hecho menos compasivos?
En el país de los falsos positivos y los secuestros extorsivos y los 220.000 muertos y los Antanas que, sin éxito, predican que “la vida es sagrada”, yo me volvía a hacer esas preguntas mientras escuchaba a Matallana lanzar las suyas con urgencia y pertinencia:
—¿Qué pasa con un cerebro que no está enfermo y decide bloquear las emociones del otro? ¿Será que esto se está convirtiendo en una norma social en Colombia?
El encuentro en Armenia me dio pie para indagar por un tema que hacía rato me inquietaba a la hora de hablar de Colombia. Lo planteado por Matallana en Armenia era una oportunidad —y lo sigue siendo— para abrir una conversación sobre la naturaleza y las consecuencias de nuestra violencia, así como para dialogar sobre los modos para escapar de ella.
Así que decidí abrir este diálogo en el sistema educativo distrital de Bogotá. Durante tres años fui editor de la sección Bogotá de El Espectador y allí tuve la fortuna (infortuna, a ratos) de cubrir a diario los hechos de una ciudad traumatizada por el robo descarado e integral a nuestro erario durante la alcaldía de Samuel Moreno. Una ciudad agresiva, de putazos en los andenes y las calles, en donde la falta de consideración pareciera ordenada por el Código de Policía.
Con esta crisis urbana y espiritual en mente, me fui a recorrer los pasillos de la Secretaría de Educación de Bogotá para validar con sus funcionarios las tesis de la Encuesta Nacional de Salud Mental. Si la indolencia es una norma social, como sugirió Matallana, ¿dónde se aprende y se construye? ¿Es en el colegio donde se aprende la indolencia? ¿Está el Distrito detectándolo?
Así conocí a Marco Casallas, Cindy Rojas y Carlos Vélez, miembros de Respuesta Integral de Orientación (RIO), un programa diseñado durante la pasada administración para reducir y mitigar riesgos en los colegios del Distrito. Ellos conforman una de las muchas unidades móviles de atención sicosocial que tiene el programa: patrullas móviles que están listas día y noche para atender de inmediato cualquier riesgo que amenace la rutina escolar de los chicos.
Un miércoles de febrero acompañé al equipo durante una jornada de labores. El viernes anterior, los estudiantes de dos colegios se habían enfrentado a cuchillo tras finalizar las clases. Simultáneamente, tres alumnos de otra escuela habían aparecido intoxicados con alcohol etílico. Para rematar, mientras la unidad respondía a estas emergencias, un grupo de alumnos de bachillerato se tomó un colegio y una niña menor de diez años apareció sin vida en su habitación (presunto suicidio, según hipótesis preliminares).
Pasé más de seis horas con la unidad. Fue una jornada atípicamente tranquila, que nos llevó por los barrios monocromáticos de Kennedy mientras Marco y Carlos —Cindy estaba en casa, enferma— saltaban de anécdota en anécdota: atracos en medio de cuadras anónimas, niños suicidas, tomas de colegios, pandillas, violaciones, rejo, riñas, botellas, navajas...
Antes de almuerzo paramos a visitar a Cindy, la única trabajadora social del equipo y una de las primeras en hacer parte de la unidades móviles del Distrito. Le pregunté por los niveles de empatía de los muchachos en Bogotá, pero su visión resultó ser completamente opuesta a lo planteado por los siquiatras en Armenia: “Los chicos son altamente empáticos entre ellos, en especial con sus grupos y pandillas”, respondió. “Ellos generan lazos afectivos en pro de ellos mismos. Basta con ver cómo se comporta una pandilla cuando una mujer que está vinculada al grupo queda en embarazo. Todos se reúnen y son solidarios, hacen ‘teletumbis’, que son colectas de dinero para la compra de pañales y leche. Ante un Estado que no es garante de derechos, la solidaridad del grupo es adaptativa. Es una cuestión de inequidad”.
Contrario a lo esperado, la preocupación de la unidad está en otro lugar. “Los chicos están encontrando en el colegio una suerte de isla o castillo protector, un refugio que los protege de unos entornos riesgosos”, me había explicado días antes Ariel Ávila, experto en seguridad y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y uno de los arquitectos de RIO.
Y los entornos riesgosos, todo parece indicar, están más cerca de casa.
De los 35.945 episodios críticos atendidos por las unidades móviles desde su creación, en 2013, el 43 % corresponde a casos de abuso y violencia, el 22 % a consumo de sustancias sicoactivas y el 15 % a conductas suicidas. De estos casos —y es acá donde Carlos y Cindy se alarman— el 67 % ocurre en el hogar, el 25 % en los entornos escolares y sólo 8 % en las instituciones educativas.
Antes de terminar el día, Carlos insistió en el mismo punto: “A mí me parece que el problema no es la empatía”, me dijo. “Los muchachos son alegría, compañerismo, ganas de salir adelante. El problema está en los modelos: somos nosotros los adultos los que no les hemos ofrecido alternativas distintas a la violencia para resolver los problemas”.
Quién sabe cuánto tiempo nos tome determinar si los colombianos somos más indolentes de lo normal. De lograrlo, nos tomará un tiempo adicional identificar sus causantes: ¿fue la guerra la que atrofió nuestra compasión? ¿Fue la falta de empatía un caldo de cultivo para el conflicto?
El año pasado, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con David Barlow y Steven Pinker, dos importantes sicólogos norteamericanos que llegaron al país a participar en la inauguración del Centro de Salud Emocional de la Universidad de los Andes. El presidente aprovechó y habló con los dos sobre cómo restablecer la salud mental y emocional de un país en donde el 10 % de sus habitantes son víctimas directas del conflicto.
Cuando la revista Semana le preguntó a Barlow cuál era su diagnóstico sobre “las emociones del país” respondió: “Las emociones suelen ser algo bueno pues nos ayudan a vivir. Pero bajo las condiciones en las que ustedes vivieron, las emociones se salieron de control. Los efectos pueden ser perjudiciales, pueden incluso transformar el funcionamiento del cerebro”.
“¿Cómo?”, preguntó el periodista.
“Haciendo que el ser humano, en este caso los colombianos, pierdan la capacidad de empatizar”.
Barlow es uno de los mentores del nuevo Centro de Salud Emocional de los Andes, un espacio académico que busca transformar la salud mental de las víctimas del conflicto.
Cuando le conté a su directora, Catalina Ávila, que estaba trabajando en un artículo sobre la aparente baja empatía de los colombianos, abrió los ojos, hizo cara de pánico y soltó un “¡eso es terrible! ¡No vayas a decir eso!”.
Que los colombianos somos inherentemente indolentes es una idea que molesta a Ávila. Es una optimista consagrada, para quien Colombia es un país de “gente sensible, cálida y amable”. Entonces me habló de las importantes redes solidarias que existen entre los grupos de desplazados.
Ávila lanzó una frase que daría para un libro entero: “El problema de la empatía en Colombia es un asunto de clase social”. Hablamos de las lógicas solidarias de las pandillas y los desplazados y hasta de redes más contemporáneas como WikiMujeres, donde más de 8.000 mujeres de la élite bogotana comparten y solucionan a diario sus dolores y angustias. ¿Acaso la empatía se activa entre iguales y de ahí la imposibilidad de conectar entre desiguales?
Días después llamé a Matallana para plantearle estas preguntas. No le sonó mucho la idea de que fuera la clase social la variable determinante de la empatía en Colombia. Me dijo que había que observar la variación por regiones, las condiciones de vivienda, los niveles de pobreza y muchas otras. Lo que sí me volvió a recordar es que la empatía, como función cerebral del ser humano, es un elemento que hemos desarrollado evolutivamente y que, así como hemos vivido períodos de baja empatía, tenemos la capacidad de construir entornos que transformen nuestra forma de relacionarnos con los otros.
“El ser humano en la historia ha sido tremendamente violento, depredador y cruel. Pero después de Nuremberg se crearon ciertas normas, incluso al punto de diseñarse unas reglas para la guerra. Más allá del cerebro, la sociedad en la que vivimos tiene condiciones que podemos intentar modificar”, concluyó.
Vale la pena seguir preguntándonos por aquellos elementos que condicionan nuestra empatía. Haya sido una de las causantes de la guerra o producto de la guerra, sea la fractura de clases o las regiones que demarcan las tres cordilleras, puede que sea el momento de hablar en Colombia de aquello que nos impide conectar con el otro.