Aunque Pfizer reprochaba que nunca les consultaron sobre el uso del nombre comercial de su medicamento, el Consejo de Estado aclaró que el Invima no estaba obligado a convocar al laboratorio que tiene el registro del Viagra para autorizarle a Lafrancol ponerlo en sus cajas. Lo que sí debía ocurrir, y el alto tribunal concluyó que ocurrió, fue que “la información contenida en el empaque no fuese contraria a la verdad, no indujera a error al consumidor, ni representara un riesgo sanitario”.
Por El Espectador
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