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La Contraloría General de la República informó este martes que, en el marco de un operativo de policía judicial realizado en julio de 2025, se identificaron riesgos administrativos y financieros en la Nueva EPS, la más grande del país (con más de 11 millones de afiliados) e intervenida por el Gobierno desde abril de 2024. Según el organismo de control, la diligencia permitió recopilar información técnica, administrativa, jurídica y financiera que no estaba disponible en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud ni en estados financieros certificados.
De acuerdo con la Contraloría, uno de los hallazgos corresponde al incremento de los anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024. En el primer semestre de 2025, esa cifra alcanzó $15,2 billones, situación que, según el organismo, compromete la liquidez de la entidad. El anticipo es una modalidad de pago que está permitida en el sistema de salud por el Decreto 441 de 2022. En palabras simples, significa que las EPS pueden entregar dinero por adelantado a los hospitales, clínicas u otros proveedores de salud.
¿Para qué? Para que estos prestadores tengan recursos suficientes para atender a los pacientes sin retrasos y puedan organizar mejor su trabajo en el corto, mediano y largo plazo.
La Contraloría ya ha mostrado en informes pasados sus reservas frente al anticipo. Para el ente de control esto “representa riesgos fiscales significativos” para el sistema de salud. En su último informe sobre las finanzas del sistema, explicó que si bien esto “busca incentivar la eficiencia y la continuidad en la atención, puede derivar de una inadecuada ejecución y control de los recursos públicos, especialmente cuando no existen mecanismos robustos de seguimiento a la efectiva prestación de los servicios pactados. La entrega anticipada de recursos sin el respectivo cumplimiento de metas asistenciales y sin auditorias concurrentes y expos, pueden facilitar prácticas de elusión de obligaciones contractuales, concentración de recursos en prestadores sin capacidad operativa demostrada y mayores dificultades para la recuperación de recursos en casos de incumplimiento, generando impactos negativos sobre la sostenibilidad financiera del sistema y el goce efectivo del derecho a la salud”.
Este martes, la Contraloría también señaló que Nueva EPS reportó alrededor de 22,7 millones de facturas por $22,1 billones pendientes de procesar, de las cuales más de nueve millones resultaron repetidas. Una vez depurados esos registros, quedaron $13,2 billones en facturas sin auditar, el 97% correspondientes a 2024 y al primer semestre de 2025. El organismo precisó que el 40% de este valor se concentra en 36 prestadores de salud.
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El informe preliminar de la Contraloría identificó además que, con corte a marzo de 2025, la EPS acumulaba $21,3 billones en cuentas por pagar, así como $10,5 billones en anticipos pendientes de legalizar y $8,7 billones en facturas sin procesar. En materia contractual, la Contraloría indicó que la EPS no aportó toda la documentación exigida por el Decreto 441 de 2022 para acreditar acuerdos de prestación de servicios en salud con su red de prestadores.
“Durante el desarrollo de la actuación de policía judicial, la Contraloría detectó que a pesar de la exigencia de la normatividad respecto a los sistemas de información para ejercer un control oportuno y pertinente para el procesamiento de datos, la EPS no acreditó la suficiente capacidad tecnológica requerida para garantizar la calidad de los datos relativos a la gestión de los recursos de la salud”, se lee en el comunicado de prensa. En otras palabras, y según siempre la Contraloría, la EPS no cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para garantizar información confiable sobre el uso de los recursos públicos en salud.
Igualmente, el ente de control señaló una subestimación en la constitución de reservas técnicas por $11,1 billones, con corte a diciembre de 2024. Las reservas técnicas son uno de los indicadores financieros más importantes en el sistema de salud. Básicamente, corresponden a los recursos que las EPS deben apartar para garantizar el pago de los servicios de salud que ya fueron autorizados, pero que aún no han sido facturados o cancelados a los prestadores.
En otras palabras, funcionan como un respaldo financiero para cubrir las obligaciones futuras con clínicas, hospitales y proveedores. Si estas reservas se calculan por debajo de lo que se necesita, se corre el riesgo de que la EPS no tenga liquidez suficiente para responder a sus compromisos. “La delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. El creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación, constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios”, dice la Contraloría.
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La Contraloría anunció que trasladará esta información a la Delegada para el Sector Salud con el fin de determinar las acciones de control fiscal correspondientes, incluidas eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.
La inestabilidad de Nueva EPS
A comienzos de abril de este año, la Superintendencia Nacional de Salud decidió prorrogar por un año la intervención de la Nueva EPS, medida que ya se había adoptado por las dificultades financieras y administrativas de la entidad. Según la Supersalud, una de las razones principales para extender la medida es que la EPS no ha presentado sus estados financieros certificados correspondientes a 2023 y 2024.
Durante el tiempo de intervención, la EPS ha tenido tres agentes interventores designados. El más reciente cambio se produjo el 19 de agosto de 2025, cuando la Supersalud relevó del cargo a Bernardo Camacho, quien había ejercido como agente interventor durante ocho meses, y nombró en su lugar a Gloria Libia Polanía Aguillón.
Aguillón se venía desempeñando como interventora de Coosalud y cuenta con 33 años de experiencia en el sector salud, especialmente en cargos de servicio público. Con su designación, la Supersalud señaló que se busca dar continuidad al proceso de intervención y avanzar “significativamente en el cumplimiento de los planes diseñados para el proceso de intervención”.
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