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Este jueves 22 de enero, la Contraloría General de la República reiteró una advertencia que lanzó en 2023 sobre una situación en el sistema de salud colombiano que se ha agravado en los últimos años.
La advertencia gira en torno al “grave y progresivo deterioro” del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria del país, situación que advirtió “amenaza seriamente la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud”.
De acuerdo con el ente de control, tras un análisis de las cuentas por pagar de las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado, se pudo evidenciar el incremento acelerado de la cartera hospitalaria, el deterioro del flujo efectivo de pagos y que la “profundización de la crisis financiera de los hospitales públicos” afecta la continuidad, oportunidad y calidad de la prestación de los servicios de salud.
Entre las cifras que entregó la entidad para insistir en su advertencia, se encuentra la cartera de las seis EPS con mayor deuda. Según información que le fue entregada a la Contraloría por parte de la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ACESI), esta cartera pasó de COP 4,5 billones en 2024 a COP 6,4 billones en 2025, un incremento de casi un 42 %.
“Esta brecha entre lo facturado y lo efectivamente pagado ha impactado severamente la liquidez, la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa de los hospitales públicos”, apuntó el ente de control.
En la misma línea, la Contraloría resaltó que, mientras en 2024 los hospitales públicos facturaron COP 18.8 billones, pero recibieron pagos por COP 15.7 billones (84 %), entre enero y septiembre de 2025 facturaron COP 16.3 billones de pesos, pero solo les pagaron COP 12.6 billones (77 %).
Aunque el Gobierno de Gustavo Petro ha planteado el giro directo como una medida para mejorar la situación financiera de los hospitales públicos, no ha sido tan efectiva, a los ojos de la Contraloría.
Si bien la entidad reconoce que el giro directo de la ADRES (el banco de la salud) aumentó en un 27,2 % entre 2024 y 2025, este incremento no se ha reflejado en la mitigación de la cartera.
Muestra de esto, aporta el ente de control, es que la deuda de la red pública hospitalaria pasó de COP 12.5 billones en 2024 a COP 16.2 billones entre enero y septiembre de 2025.
Además, la Contraloría también evidenció una alta concentración del giro directo en prestados privados, los cuales recibieron el 67,7 % de los recursos en 2025. Por su parte, los hospitales públicos accedieron al 23,2 %, “reflejando una distribución inequitativa del mecanismo de pago”, según la entidad.
Ante este panorama, el órgano de control fiscal reiteró su llamado a la Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud. A la primera, le solicitó presentar sus estados financieros, ya que los últimos fueron publicados en 2023.
Por su parte, a la Supersalud y al Minsalud la Contraloría les solicitó “adoptar medidas inmediatas, coordinadas y estructurales que garanticen el flujo oportuno de recursos hacia la red pública hospitalaria y eviten un colapso del sistema que pondría en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos”.
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